Medio centenar de convenios urbanísticos acaban en los juzgados en la última década

Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Región estiman que se han llegado a resolver en los juzgados de lo contencioso, así como en apelación en la Sala del TSJ, más de medio centenar de casos a lo largo de la última década, a los que habría que sumar algunos más en el lustro anterior. Eso sí, la cifra de solicitudes de nulidad que salieron adelante es bastante menor. Además, en la mayoría de los casos, las peticiones solicitadas son desestimadas, manteniéndose así la viabilidad de los planes parciales diseñados.

Sin embargo, algunas resoluciones suponen un duro y severo varapalo para los consistorios, que con la burbuja del ladrillo trataron de ingresar importantes cantidades de dinero con las plusvalías generadas por el negocio del suelo, sobre todo en las localidades grandes y más próximas a las zonas de costa, aunque acabó extendiéndose de forma generalizada por todo el interior.

Una reciente sentencia sobre el convenio de la zona norte de la ciudad de Murcia, en el entorno de Nueva Condomina, para la construcción de 5.000 viviendas, ha vuelto a hacer saltar las alarmas. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 estimó el recurso interpuesto por las mercantiles Mamusa y Espacio Levante, decretando la resolución del convenio firmado con el Ayuntamiento y su liquidación, obligando a la Corporación a reintegrar las cantidades abonadas y a la devolución de los avales depositados –casi 20 millones de euros–. Y aunque el fallo ha sido recurrido, existe el temor en el actual equipo de gobierno local a lo que pueda suceder igual con las reclamaciones de hasta siete convenios urbanísticos no ejecutados. En total, por distintas sentencias judiciales se tendrían que devolver más de 91,4 millones de euros –hasta el momento–, aunque están recurridos ante el TSJ.

Mientras, en Cartagena han decidido optar por resolver los convenios urbanísticos fallidos, tras la suspensión del Plan General de Ordenación Urbana, mediante la negociación con las empresas. De hecho, hay alrededor de 10 millones de euros pendientes de pago, aunque se han conseguido renegociar el abono a plazos de algunos de los más onerosos, con lo que ha cancelado ya 7 millones. También se busca evitar pagar las costas del juicio y otros gastos.

Aunque la capital murciana y la ciudad portuaria acaparan gran parte del urbanismo judicializado –como principales núcleos poblacionales–, sobresale también el protagonismo de Totana, sin olvidar tampoco a Lorca y Torre Pacheco. Aun así, la incidencia se extiende por todo el territorio, como corroboran innumerables ejemplos en otras tantas localidades.

Una conflictividad judicial que se explica fundamentalmente por tres factores. El primero, cuando una vez aprobado inicialmente el correspondiente convenio urbanístico municipal, después la Comunidad Autónoma no da el visto bueno a la planificación del planeamiento; segundo, una vez aprobado el convenio, así como la modificación exigida a nivel regional, sin embargo el promotor opta por resolverlo porque entiende que las condiciones iniciales han cambiado y no le interesan; y tercero, cuando aprobado de igual forma y hechas también las modificaciones, sin embargo no se ejecuta como se proyectaba. Por ello, ante este último caso, ya no es que se pida ante los juzgados la liquidación del convenio sino también la correspondiente indemnización de responsabilidad patrimonial por el perjuicio causado.

Así sucedió con la resolución dictada por el TSJ que, a comienzos de 2019, dio un toque al Ayuntamiento de Murcia por haber dado luz verde a un plan residencial en la pedanía de Aljucer sin contar con el obligado informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre la disponibilidad de agua para ese desarrollo. La resolución de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo anulaba por esta razón el Plan Parcial del denominado Sector ZM-Ac 1 de Aljucer, en el que estaba previsto edificar unas 500 viviendas, instalaciones hoteleras y galerías comerciales, entre otros servicios.

A esta decisión precedieron otras que convirtieron actuaciones proyectadas en la capital en papel mojado, como algunas propuestas en el residencial Joven Futura u otros proyectos en Puente Tocinos, donde se iban a construir 5.000 viviendas. El TSJ también tumbó el plan especial de infraestructuras de la expansión norte, que fue aprobado en 2009, y que afectaba a terrenos incluidos en el 'caso Umbra', de presunta corrupción.

Cartagena, muy golpeada por un sinfín de resoluciones que han supuesto un duro revés, llegó a aprobar, a través de su Junta de Gobierno Local, un acuerdo extrajudicial con la empresa Técnica de Inversiones Gamma SL, para cumplir la sentencia que obligaba al Consistorio a devolver 5,2 millones de euros por no ejecutarse el convenio urbanístico en El Vivero de La Manga. Fue suscrito en el año 2005, con la popular Pilar Barreiro en la alcaldía.

La sentencia sobre este convenio se sumó así a la larga lista de resoluciones que, en los últimos años, han puesto en tela de juicio la gestión urbanística del Ayuntamiento de Cartagena. Aunque el fallo más sonado fue la anulación, en 2015, del PGMOU por parte del TSJ y del Supremo. Y es que ambos órganos hallaron numerosos y graves defectos de forma y de fondo en el procedimiento aprobado por el Consistorio y supervisado por la Comunidad en 2012.

Hay que tener en cuenta que durante años se extendieron de forma generalizada los convenios reclasificatorios de suelo no urbanizable a urbanizable en un marco de falta de regulación, claridad y límites. Una situación que se mantuvo hasta que por fin se aprobó la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación del Territorio y Urbanística de la Región, que puso más control a estos convenios.

Pero si hay un población que se ha visto muy castigada al respecto es Totana, con hasta 14 convenios finiquitados –de los 70 tramitados desde 2006–, por los que se han tenido que abonar unos 11,5 millones de euros debido a sentencias judiciales o acuerdos posteriores de la Junta de Gobierno para su devolución, sin contar los intereses y las costas judiciales. En cualquier caso, ocho fueron anulados o revocados, sin tener efectos económicos, porque no se llegaron a firmar o no se incluyeron en su día en el Plan General.

No muy lejos, a la zaga, le sigue Torre Pacheco, con ocho condenas por convenios en los juzgados, que les obligan a resarcir a las promotoras más de 6,8 millones, de los que ya se han pagado 3,6 millones. Ahí aparecen proyectos como los de Polaris World, Torre Pinatar y Crisordi Tara.

Los fallos judiciales a favor de los promotores también se han acumulado durante años en Lorca. Hasta trece sentencias obligaban al Consistorio a devolver 11,2 millones de euros por convenios fallidos. Fruto todo de proyectos faraónicos que se extendían por doce diputaciones. Esos planes, firmados en 2005, en plena burbuja, contemplaban la construcción de unas 86.300 viviendas.

Por contra, lo positivo para el municipio lorquino es que una última sentencia favorable del pasado diciembre evita la devolución de 900.000 euros relativos a un convenio de 2002 que reclamaba la mercantil Justo y Manoli SL.

El proyecto de Cieza Golf es otro de los ejemplos de la rémora que deja el urbanismo, aunque gracias a la negociación final con la promotora la sentencia condenatoria de 600.000 euros se rebajó un 20%, además de la renuncia a los intereses y las costas. Por su parte, Calasparra, tras otro fallo reciente, debe devolver más de 500.000 euros a la oriolana Herrada del Tollo –en concurso de acreedores– por la anulación de un convenio de 2005. Igualmente, se falló contra el Ayuntamiento de Cehegín para devolver más de 315.000 euros a Residencial Argos Sol SL por un convenio suscrito en 2006 para crear una urbanización junto al pantano del Argos, con más de 600 viviendas, que nunca vio la luz.