Los médicos del SMS podrán trabajar a tiempo parcial en la valoración de la discapacidad

Con este fin, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 5 de diciembre la declaración de «la existencia de interés público» en esta prestación simultánea de servicios por parte del personal facultativo con título de especialista en el SMS en los equipos de valoración, así como en las residencias pertenecientes al IMAS.

Aunque para que las contrataciones empiecen a llegar, todavía se debe elaborar un procedimiento interno que el Gobierno regional se encuentra ultimando. «Aún no lo hemos cerrado, pero estamos en ello», reconoce la subdirectora general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, Reyes Sánchez.

Estas jornadas a tiempo parcial se realizarán de forma voluntaria, previa solicitud de los facultativos, y fuentes de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, señalan «que ya hay profesionales que han mostrado su interés por hacerlo».

«Cuando sacamos un contrato nos encontramos con una escasez de médicos manifiesta, y tener una plaza sin cubrir entorpece el trabajo de un equipo de valoración entero», explica Jesús Barranquero, jefe del Servicio de Valoración de Discapacidad.

Los equipos de valoración y orientación (EVO), que se encargan de determinar el grado de discapacidad, están integrados por tres profesionales: médico, psicólogo y trabajador social. «Es un trabajo en equipo. Una persona con un problema de salud mental que tiene que pasar por el psicólogo, tiene que hacerlo también por el médico, y debe ser en la misma visita. Si no, estaríamos creando un problema mayor, multiplicando las citaciones», añade Barranquero.

La distancia entre el momento de la solicitud y la valoración de la discapacidad ha ido creciendo desde la pandemia, y supone uno de los retos más complejos que afronta el Gobierno regional en materia de Política Social, junto a la reducción de la lista de espera de la Dependencia.

A la escasez de médicos, se unen diversos factores que explican el cuello de botella. Entre ellos, la entrada en vigor en abril de 2023 del real decreto que definió el nuevo baremo de valoración que ha obligado a actualizar los sistemas informáticos y modificar todo el procedimiento, con la formación correspondiente a los profesionales. Este ha implicado, además, un incremento en el tiempo de las entrevistas presenciales. «Ahora necesitamos unos 15 minutos más que antes», señala Barranquero, que estima que se dedican entre 30 y 45 a cada ciudadanos cuando antes era suficiente con 20 o 30. «Eso se nota en la carga de trabajo», explica la médica Dolores Galindo, directora de la Unidad de Valoración y Diagnóstico de Murcia. «Hay que valorar muchos más parámetros según las tablas establecidas. Es cierto que a los profesionales es un baremo que nos gusta, porque mejora la objetivación, pero requiere más trabajo».

El incremento en el tiempo de las valoraciones llegó, además, cuando el servicio ya hacía frente al incremento «exponencial» de las solicitudes de valoración de discapacidad que siguió a la pandemia, y que no ha cesado desde entonces. Solo en el último año, se registraron un 11,4% de solicitudes más, al pasar de 25.219 en 2023 a 28.088 el pasado año, mientras que en el mismo periodo, las resoluciones se incrementaron un 7%, con 1.581 expedientes más para un total de 24.006.

Para agilizar el sistema, la Comunidad ha comenzado a utilizar «profesionales de otros perfiles para atender aquellos casos en los que la limitación de actividad se puede valorar con informes», explica Reyes Sánchez, una opción habilitada por el nuevo real decreto que evita la cita presencial. Se trata de «enfermeros, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas» que pueden dar salida a estos expedientes liberando de la tarea a los facultativos, que siguen ocupándose de todas las valoraciones de deficiencias, donde se analizan las funciones y estructuras corporales afectadas. Cada médico ve de media a unos 10 citados cada día.

En la actualidad, hay diez equipos EVO con una treintena de profesionales, a los que se ha sumado la contratación de cinco auxiliares administrativos para abordar tareas como la incoación, y de cinco enfermeras con el fin de clasificar y organizar los expedientes y agilizar su tramitación.

Este triaje previo permite identificar los casos urgentes y los que pueden ser valorados sin cita, dos opciones que el IMAS trata de impulsar para agilizar las resoluciones y evitar situaciones de indefensión en las personas con situaciones más graves. El procedimiento de urgencia rebaja el plazo de tramitación a «un mes y medio o dos meses», afirma Barranquero, y se aplica a quienes cuentan con una enfermedad grave y con mal pronóstico, niños oncológicos y enfermos de ELA, así como a mayores de 75 años con dependencia y grandes dependientes institucionalizados. Desde la entrada en vigor del nuevo baremo se han resuelto ya por estas dos vías 9.962 expedientes.

Política Social trabaja ahora en la aprobación de una resolución de la Gerencia del IMAS en la que se detallen las causas concretas de valoración urgente para que el ciudadano la pueda solicitar y el servicio de valoración únicamente tenga que corroborarla mediante un cruce de datos directo con el SMS. «También estamos incorporando una serie de palabras claves en los informes sanitarios, para que nos salte aquí la existencia de una situación prioritaria», explica la subdirectora general.

La Consejería ha reforzado los equipos volantes en áreas específicas como Yecla, Jumilla y Caravaca, y prevé sumar uno más de carácter volante que acudirá en cada momento adonde haya más colapso, así como la contratación de tres médicos más. «Tenemos claro que hay que seguir reforzando personal y optimizando la gestión de los recursos humanos, algo que aquí es extremadamente complejo», concluye Sánchez.

La aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 11 de febrero del anteproyecto para la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad abrió la puerta a la creación de una «pasarela» que permitiría que todas las personas con algún grado de dependencia puedan contar, de forma automática, con el certificado de discapacidad.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 fundamentó la medida asegurando que el 98,5% de las personas que tienen reconocido algún grado de la dependencia, es decir, que requieren del apoyo de terceras personas para realizar las actividades básicas de su vida diaria, tienen también al menos un 33% de discapacidad.

«Estas pasarelas ya se intentaron regular en este último real decreto, pero no hubo acuerdo y se demoró para tiempo posterior», señala la subdirectora general de Pensiones, Valoración de la Región, Reyes Sánchez, que reconoce que la iniciativa puede aliviar la valoración de la discapacidad al evitar la tramitación de los expedientes de quien cuente ya con la dependencia reconocida, aunque pide esperar a ver cómo se define finalmente. En este sentido, el jefe del Servicio de Valoración de Discapacidad, Jesús Barranquero, se muestra cauto. «Si se hace bien, puede ser beneficioso. Pero eso implicaría que se dieran unos rangos de discapacidad diferentes según el nivel de dependidencia y, por lo que sabemos, en principio parece que se va a dar un 33% a todos. De este modo, quien tenga una dependencia grave, lógicamente, va a pedir una revisión de su grado de discapacidad, y vamos a tener que realizar la valoración igualmente». Esa revisión implica «volver a ver toda la documentación y decidir si es necesaria la citación o si se puede valorar por informes», asegura Sánchez, quien recuerda que el servicio ya se hace cargo también de evaluar de oficio las finalizaciones de plazo, es decir, aquellas discapacidades con fecha de caducidad para determinar si se mantienen o se consideran superadas, algo que antes del nuevo decreto se tramitaba a solicitud del interesado. «Eso son miles de expedientes más», subraya.

Solo Galicia aplica ya el reconocimiento automático de la discapacidad a los dependientes, una medida que anunció en diciembre dentro de un plan para agilizar los trámites de la valoración. En este caso, sí establece niveles, como sugiere Barranquero: los dependientes de grado 1 ven reconocido un 33% de discapacidad; los de grado 2, un 66%; y los de grado 3, un 100%.