Martínez-Cachá remarca que los criterios de las oposiciones «eran públicos y estaban clarísimos»

Tras varios días de protestas por parte de los opositores, la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, puso ayer sobre la mesa los datos oficiales sobre los resultados de las pruebas que estaban llamadas a cubrir 506 plazas para profesores en Secundaria y Formación Profesional (FP). Gracias a estos exámenes, a los que concurrieron 4.873 aspirantes, 455 lograron hacerse con una plaza. Un 10% de los puestos quedaron vacantes. Unas cifras que, a su entender, corroboran la buena marcha del procedimiento que, defendió, se ha llevado a cabo «con normalidad y equidad» y siguiendo unos criterios «que eran públicos y estaban clarísimos».

Martínez-Cachá, que compareció acompañada por la directora general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Juana Mulero, defendió, asimismo, «el trabajo serio y riguroso» de los 75 tribunales que hicieron posible la prueba. Insistió en que todos ellos están conformados por funcionarios de carrera «conocedores en profundidad del sistema educativo» y negó que la ratio de opositores por tribunal fuese más elevada que la de otros años o que existiesen quejas sobre las condiciones de trabajo de sus miembros.

Preguntada por el peso de algunos criterios en la corrección de las pruebas, concretamente por las faltas de ortografía, Martínez-Cachá recalcó que estas «han jugado el papel que han estimado oportuno los tribunales». La consejera insistió en que «deben ser los tribunales quienes lo fijen y en ningún caso la Consejería que de forma irresponsable podría intervenir y de ningún modo lo ha hecho». Con esta respuesta, Martínez-Cachá aludió de forma velada a una de las faltas de ortografía -'hirresponsable' (con h)- con las que los tribunales tropezaron durante la corrección de las pruebas. «Ningún padre ni madre quiere tener un docente para su hijo con faltas de ortografía», concluyó.

De acuerdo a los datos facilitados por la Consejería, a través de estas pruebas se han cubierto 360 plazas de profesores de Enseñanza Secundaria. De ellas, 41 corresponden a Lengua Castellana y Literatura, 56 a Geografía e Historia, 39 a Matemáticas, 51 a Física y Química, 114 a Inglés, 31 a Orientación Educativa, 19 a Economía, dos a Asesoría y Procesos de Imagen Personal y siete a Organización y Gestión Personal. Por su parte, han quedado desiertas nueve plazas en la especialidad de Física y Química, 15 en Inglés, dos en Análisis y Química Industrial y una en Asesoría y Procesos de Imagen Personal.

En las especialidades de profesores de FP se han cubierto dos plazas de Cocina y Pastelería, una de Fabricación de Madera y Mueble, dos de Laboratorio, 18 de Mantenimiento de Vehículos, una de Mantenimiento de Máquinas, cinco de la especialidad de Peluquería, nueve de Procesos Comerciales, 30 de Procesos de Gestión Administrativa, dos de Producción en Artes Gráficas, 10 de Servicios a la Comunidad y cinco de Servicios de Restauración. Quedaron desiertas 17 de las plazas ofertadas.

Estas oposiciones dejaron en su primera fase una tasa de suspensos de hasta el 85%, lo que provocó la indignación entre los aspirantes y la creación de una plataforma (7J Oposiciones Justas) que tilda las pruebas de «subjetivas» y reclama que se permita cuanto antes su revisión. Cachá no ofreció una fecha sobre cuándo será posible esa revisión que, en todo caso, remarcó, será decidida por los tribunales. Sí insistió en que se cumplirá el procedimiento y no se adelantarán esas revisiones, como en otras comunidades. «Somos conscientes del descontento que genera en un opositor no ganar la plaza», recalcó, «pero este es un proceso administrativo que se ajusta escrupulosamente a unas bases y un procedimiento».