Uso preferente de los recursos hídricos de su territorio y un régimen suficiente y adecuado de caudales ecológicos. Son los principales derechos (ya los tiene ... asegurados) que reclama Castilla-La Mancha en la reforma de su Estatuto de Autonomía, que ha iniciado la tramitación en el Congreso de los Diputados. Es un texto pactado entre García-Page y Francisco Núñez, diferente a la anterior reforma fallida del año 2010 que intentó ponerle fecha de caducidad al Trasvase en el año 2015 (lo que ha 'llovido' desde entonces). En aquella ocasión, José María Barreda y María Dolores de Cospedal pactaron dicha reforma, que despertó un monumental rechazo en la Región de Murcia, Alicante y Almería, la cual naufragó en el Congreso cuando el PP dio marcha atrás. Visto el precedente y para no invadir competencias estatales, Page aclara que su Estatuto «no va contra nadie, ni complica la vida a ningún territorio».
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La reforma estatutaria no alude al Trasvase, quizás porque el Gobierno de la región vecina cree que ya tiene ganada la batalla con el vigente recorte de las transferencias al Segura y con lo (peor) que está por venir. No obstante, García-Page mantiene la presión y beligerancia contra el acueducto para que se cierre cuanto antes para los regadíos del Levante. Ha dado otro ultimátum al Ministerio para que apruebe antes de Navidad las nuevas reglas del Trasvase o, en caso contrario, irá a los tribunales.
Es la ficha que le toca mover al Miteco, que puede aprobar unas reglas más duras, siempre que no se altere la línea roja no trasvasable de 400 hectómetros. De lo contrario, tendría que cambiar la ley y pasar por el Congreso, donde Pedro Sánchez ha perdido la mayoría.
El 'impasse' que vive la Comunidad Valenciana a raíz de la dimisión de Mazón debilita el frente trasvasista del Levante (y también el de la infrafinanciación). En marzo de 2024, Miras y Mazón se declararon «hermanos de agua», ante el malestar de Page. Perdida esa complicidad, Miras tendrá que reafirmar la alianza hídrica con el sucesor Pérez Llorca.
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