Luengo critica que el Plan del Segura no contemple alternativas al cierre de pozos sobreexplotados en 2027
Los representantes de la Generalitat, entre ellos Manuel Aldeguer, valoran que la CHS alerte del impacto negativo de un recorte del Trasvase
La afinidad política y las medidas que afectan a cada comunidad autónoma se dejaron notar en el Consejo del Agua del Segura. Votaron a favor los representantes de la Generalitat Valencia, entre ellos el director general del Agua, Manuel Aldeguer, que está encausado en el 'caso Topillo' por su presunta responsabilidad en la contaminación del Mar Menor. Aldeguer señaló que el Plan del Segura recoge actuaciones para combatir las inundaciones en la Vega Baja alicantina, razón por la cual lo apoyan.
Otro motivo para dicho respaldo lo expresó el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, que indicó que el informe de la CHS «alerta de manera precisa sobre las consecuencias negativas que tanto sobre la superficie de cultivo, como sobre las cifras económicas o el empleo tendría la modificación de las normas del Trasvase y especialmente aquellas referidas a los caudales ecológicos, por eso, al igual que los regantes alicantinos, desde la Generalitat apoyamos ese análisis». La misma posición la expuso el presidente del Scrats, Lucas Jiménez. También destacó «el esfuerzo inversor del Ministerio de más de 667 millones para conseguir mayores volúmenes de agua desalada y reducir el precio de la tarifa que abonan los usuarios».
El consejero censura que el Plan del Segura plantee unos aportes medios del Tajo de 295 hm3, mientras que la ley habla de 600
El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Luengo, expuso el voto en contra y volvió a insistir en que el Consejo del Agua tenía que haber sido aplazado. «No es lógico que hayamos tenido apenas 48 horas para analizar más de 5.000 folios». Criticó que el proyecto del Segura «plantea como hipótesis que van a llegar del Tajo 295 hectómetros, que es un valor estadístico de los últimos años, pero no utiliza el valor jurídico de la ley del año 1980, que recoge expresamente 600 hectómetros anuales». Dijo también que existe «una incongruencia» en las declaraciones de Mario Urrea, presidente de la CHS, quien «ratificaba ese recorte de más de 100 hectómetros que se prevé que llegue del Tajo».
Indicó que en el documento no aparece ningún tipo de alternativa para dar solución antes del año 2027 a aquellos territorios ubicados en zonas con acuíferos sobreexplotados, donde la única fuente es el agua subterránea.
Rechazo ecologista
Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua y miembro de Ecologistas en Acción, argumentó su voto negativo criticando que el Plan del Segura «es continuista». Declaró a LA VERDAD que el documento sitúa las demandas agrarias por encima de las medioambientales, a la vez que censuró «la nefasta política de legalización» de regadíos irregulares de la cuenca.
Julia Martínez, de Ecologistas en Acción, critica que las demandas agrarias se antepongan al medio ambiente
La destacada representante ecologista también valoró negativamente que el Plan del Segura no aplique todas las medidas necesarias para acotar la contaminación de los acuíferos y velar por la calidad de las aguas superficiales, como exige la UE.
