La Fiscalía archiva las diligencias por un presunto desvío de dinero público a ONG en Lorca

La investigación de la Fiscalía arrancó en julio del pasado año, tras recibir un escrito del actual alcalde, el popular Fulgencio Gil, informando de los hechos. El PP llegó a pedir la dimisión de Mateos por este caso. Las diligencias preprocesales que inició la Fiscalía trataban de aclarar si desde el Consistorio se instó a la Asociación de Feriantes de Lorca a que donaran 50.000 euros correspondientes a la cesión de uso del recinto del Huerto de la Rueda en las fiestas de septiembre de 2022 a siete entidades sociales sin ánimo de lucro, en lugar de ingresarlos en las arcas municipales.

La Fiscalía, en su escrito, explica que los hechos podrían ser constitutivos de delito porque existía un compromiso de pago por parte de la asociación de feriantes y no consta que abonasen los pagos de 2021 y 2022. El Ministerio Público aclara, no obstante, que esta organización alegó que el año 2022 se ofertó el pago al entonces alcalde de los 50.000 euros correspondientes a ese año y que este, junto a los concejales de Economía y Festejos, les dijeron que no podían recibir el pago ni entregar carta de pago. En ese momento, según la versión de los feriantes, se les entregó un listado de ONG municipales para que donasen ese montante, aportando los feriantes justificantes de las transferencias que realizaron por ese importe.

El fiscal explica que en los años 2021 y 2022 no existía regulación alguna de tasa u otro concepto tributario para la cesión del Huerto de la Rueda y que no fue hasta 2024 cuando se introdujo ese concepto en las ordenanzas fiscales. El Ayuntamiento, una vez que asumieron el mando los populares, reclamó el pago a los feriantes, rechazando que las donaciones a las ONG pudieran servir para extinguir el compromiso adoptado con el Consistorio años atrás. El Ministerio Público remarca que la exigibilidad del pago y el carácter extintivo o no de esas donaciones es «una cuestión jurídica» que está siendo discutida en la vía administrativa. En esta misma resolución cierra la puerta a la vía penal, al explicar que esa conducta solo se catalogó como un posible delito de malversación con posterioridad a los hechos.

«Yo tenía el convencimiento desde el principio de que no había ningún ilícito penal», remarcó Mateos al ser preguntado por LA VERDAD sobre el archivo de estas diligencias. «Podía haber algún tipo de discrepancia que se está resolviendo, sobre si se puede cobrar o no y de qué forma, pero en ningún momento lo que hubo es de lo que se me acusó a mí y a otros compañeros del equipo de gobierno». El exalcalde lorquino hizo hincapié en que «se me ha hecho un daño importante a nivel de imagen y de honor, ya no solo desde el punto de vista político, si no también personal y profesional». En este sentido, aseguró que estudia una posible adopción de acciones legales que, por el momento, no aclara si llevará finalmente a cabo.

Mateos pone el énfasis, además, en el hecho de que esta resolución está fechada el pasado noviembre y que no ha sido hasta ahora, medio año después, cuando han podido tener conocimiento del archivo. La actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, envió un escrito a la Fiscalía solicitando información sobre la marcha de las diligencias, pero se le recordó que no era parte en este procedimiento y, por tanto, no se le podía facilitar. Mateos echa en falta que el Ayuntamiento no informara de la resolución como lo hizo de su apertura.