Cinco investigados por el asalto al Pleno de Lorca se sientan de nuevo ante el juez instructor
La citación coincide con el tercer aniversario del altercado, porque la primera declaración fue invalidada
El procedimiento judicial por el asalto al Pleno del Ayuntamiento de Lorca protagonizado por un grupo de ganaderos el 31 de enero de 2022 vuelve a ser actualidad cuando está a punto de cumplirse el tercer aniversario del altercado, por el que hay 18 personas investigadas. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7, Francisco Arribas, que instruye el caso, tomará hoy una nueva declaración, a partir de las 12.30 horas, a cinco de los presuntos implicados en el tumulto originado al término de una manifestación.
Las declaraciones de estos encausados las había dejado sin efecto la Audiencia Provincial de Murcia en una resolución tras la reclamación del letrado Pedro Montes, que pidió que fueran invalidadas porque él no pudo estar presente en esa toma de declaraciones al tener otro señalamiento.
Este abogado, que representa a tres de los ganaderos imputados en el suceso, reconoció en declaraciones a LA VERDAD que el asunto, que tuvo gran repercusión a nivel nacional, «se ha diluido con el paso del tiempo, el ruido mediático ha pasado» y que eso favorece a sus clientes. También que el Ayuntamiento, que ejerció en un primer momento la acusación particular, se retirara del caso con el cambio de gobierno local cuando el PP ganó las elecciones en junio de 2023. El alcalde, Fulgencio Gil, dijo entonces que no estaba de acuerdo con el anterior equipo de Gobierno, del PSOE, porque los investigados son «trabajadores y autónomos a los que se colocó en una posición muy difícil» por el cambio normativo que afectaba a sus granjas y que se iba a debatir en el Pleno. Recordó que aquella sesión plenaria no llegó a iniciarse.
Uno de los abogados de los imputados dice que el suceso «se ha diluido con el paso del tiempo» y cree que eso favorece a sus clientes
Tras la declaración de este lunes lo más probable es que termine la instrucción y el juez dicte auto de procedimiento abreviado o sobreseimiento de la causa. Montes dudó de que haya sobreseimiento, ya que en el primer auto el juez acordó su continuación porque de las diligencias de investigación practicadas se desprendían «indicios racionales» de que un grupo de personas, congregadas a las puertas del Centro de Desarrollo Local, alentaron a romper los cordones policiales con actos violentos y desobedeciendo las órdenes de los agentes lograron acceder a la cuarta planta del edificio y profirieron graves insultos hacia los miembros de la corporación municipal. Estos hechos podrían integrar, según detallaba el auto, delitos de atentado, desórdenes públicos, resistencia y desobediencia y lesiones y daños. En la citada resolución, además, se sobreseía el procedimiento respecto de una persona investigada como posible organizador del asalto al Pleno, al entender el instructor que no existían indicios para la imputación.
Dilaciones indebidas
Montes adelantó que hará valer atenuantes por dilaciones indebidas en el procedimiento para rebajar las posibles penas a sus clientes, ya que los hechos «no se han juzgado en un tiempo razonable». Afirmó que «hubo conductas antijurídicas pero no pasaron cosas tan graves» aquel 31 de enero. Aunque es imposible saber aún cuando se podrá celebrar el juicio por los altercados, Montes estimó que al menos pasarán otros dos años.
