El Ayuntamiento de Lorca solicitará la expulsión del país del presunto autor de robos al tirón en la plaza Real

El Ayuntamiento de Lorca se personará como acusación particular en las diligencias abiertas en el juzgado contra el presunto tironero de Plaza Real, un ciudadano extranjero para el que se ha pedido su expulsión inmediata del país. La concejala de Régimen Interior, Belén Pérez, dijo que el delito que se le imputa, robo con violencia, está entre los que puede motivar la expulsión. Resaltó que es la primera vez que la Administración local reclama esta medida pero «no va a ser la única, vamos a ser implacables con otras situaciones idénticas que se produzcan en lo sucesivo».

Explicó que entre los supuestos para obligar a abandonar el territorio nacional se encuentran, además los delitos de falsedad documental, uso de pasaportes falsos y empadronamientos ficticios. También los delitos contra la seguridad vial y por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas cuando existe reincidencia o resultado lesivos y «vamos a estudiar personarnos en estos supuestos».

Aseguró que la jurisprudencia del Tribunal Supremo aclara que la existencia de residencia legal no impide la expulsión. Advirtió que los que cometan este tipo de delitos «serán deportados y sobre ellos recaerá la prohibición de regreso que puede durar diez años«. La expulsión por delitos penales »es una realidad jurídica que afecta cada vez a más personas extranjeras en España. Hay que acabar con la impunidad», dijo convencida.

Añadió que pueden ser expulsados los condenados a una pena privativa de libertad inferior a un año, ya que se toma en consideración la sanción prevista en el Código Penal español. Esta medida «no admite interpretaciones concretas en el ámbito del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, al tratarse de una transposición de la normativa europea, decidida en un ámbito comunitario».

La concejala afirmó que existe interés social relevante y eso sustenta la personación como parte perjudicada en esta y otras causas. Así queda recogido en el artículo 125 de la Constitución Española, precisó.

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