Una pala, en la finca de Llano del Beal, en agosto de 2020. Antonio Gil / AGM

Un juzgado investiga la posible contaminación del acuífero del Mar Menor con restos mineros

Agentes de una unidad nacional del Seprona analizan la roturación de una parcela en Llano del Beal por el eventual vertido de metales al entorno

Martes, 8 de agosto 2023, 01:19

Agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (Ucoma) han abierto una investigación para aclarar si un movimiento de tierras ... contaminadas por residuos mineros en una finca privada de la localidad cartagenera de Llano del Beal, que incluyó un presunto sellado irregular de pozos de ventilación, ha causado daños o ha puesto en riesgo las aguas subterráneas y otros bienes naturales de la zona. Indagan si el acuífero Cuaternario, una masa que está conectada con el Mar Menor, se ha visto afectado por el presunto vertido de restos con presencia de metales pesados y si ha habido otras repercusiones para el entorno natural. La finca está situada junto al solar de la antigua Balsa Jenny, propiedad de la Comunidad Autónoma.

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Fuentes del Ucoma, unidad especializada de ámbito nacional integrada en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), confirmaron a LA VERDAD la existencia de pesquisas sobre unos terrenos situados junto al solar de la antigua Balsa Jenny. Fuentes conocedoras de la intervención indicaron que se llevó a cabo una toma de muestras, mediante técnicas de sondeo, en la parcela; y en el Ayuntamiento de Cartagena confirmaron que, hace unos días, la institución municipal aportó medios mecánicos a la Benemérita, previa solicitud de esta.

Los vecinos denunciaron el riesgo para las aguas, la fauna y la flora y que el viento llevaba partículas tóxicas hacia las viviendas

Además, en medios judiciales, precisaron que estas tareas forman parte de las diligencias abiertas por un juzgado de Instrucción de Cartagena, previa denuncia del Seprona, por un presunta infracción contra los recursos naturales. Los hechos se remontan a agosto de 2020, cuando, previa denuncia de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, los agentes levantaron acta de la remoción de tierras. Estas contendrían residuos peligrosos, con altas concentraciones de plomo, zinc y cadmio, entre otros metales.

Cerca de Calblanque

Asimismo, la Benemérita recibió información sobre el posible impacto negativo en la protección de la flora y la fauna y sobre la cercanía del lugar a ramblas que desembocan en la laguna y el Parque Regional de Cablanque, Peña del Águila y Monte de Las Cenizas, un espacio de la Red Natura 2000.

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La Guardia Civil preguntó en su día a la Dirección General de Actividad Industrial y Minera de la Comunidad Autónoma si había autorizado trabajos en la zona. E inició comprobaciones sobre la posible dispersión de partículas tóxicas, por la lluvia y el viento, a las viviendas y calles de Llano del Beal y de Estrecho de San Ginés.

En su momento, fuentes de la Comunidad explicaron que realizarían una inspección para determinar si los trabajos, realizados con palas excavadoras, se ajustaban a la normativa, que impide la clausura de pozos con tierras contaminadas; y si formaban parte de la ejecución del proyecto de abandono de labores de la antigua Mina Jenny por parte de la empresa titular de la finca.

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Pesquisas sobre la gestión autonómica de la antigua Balsa Jenny

Mientras se avanza en la investigación sobre el movimiento de terrenos junto al solar donde estaba la Balsa Jenny, otro juzgado de Cartagena indaga sobre la presunta responsabilidad de la Comunidad Autónoma en la gestión de los residuos depositados en esta última finca hasta el año 2005. Tras haber realizado obras urgentes de sellado y restauración de la parcela en 2022, por orden judicial, la Consejería de Medio Ambiente está analizando el resultado de su intervención para atajar el vertido de estos metales que llegaban al Mar Menor a través de una rambla. El Seprona denunció la deficiente ejecución de las obras y el aumento de los riesgos para el medio ambiente y la salud pública, lo que obligó a la Comunidad a hacer correcciones.

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