La justicia planea el día después tras la huelga

Esta huelga indefinida, que los LAJ libran desde el 24 de enero, deja tras de sí cientos de miles de actuaciones aplazadas en todo el país. Más de 13.000 actuaciones –entre ellas 7.000 juicios– ha obligado a retrasar el paro en la Región, una de las comunidades más afectadas debido al elevado seguimiento que ha alcanzado esta medida de presión.

El pulso que este colectivo libra con el Ministerio de Justicia también mantiene paralizadas, hasta el momento, 491 subastas en los tribunales de la Región, de acuerdo a los datos facilitados a LA VERDAD por la Unidad de Subastas Judiciales de Murcia, que encabeza un LAJ. Estos bienes, la mayoría de ellos naves industriales, viviendas y terrenos –también muebles y vehículos, aunque en mucha menor medida–, están valorados en más de 87 millones de euros. Si la huelga se prorroga más allá del próximo martes la cifra de subastas paralizadas ascenderá a 572, con lotes valorados en más de 98 millones. A pesar de que las subastas se celebran a través del portal de subastas del Boletín Oficial del Estadio (BOE), corresponde al LAJ el control de su desarrollo y la resolución de las incidencias. En la Región, ese control se realiza por un único LAJ que, al secundar la huelga, no puede llevar a efecto esa labor y, por lo tanto, se aplaza su celebración.

Los colectivos relacionados con esta administración no esconden su preocupación por el impacto que esta huelga puede tener en una justicia –la murciana– que ya se encuentra entre las más lentas y sobrecargadas del país. «Si ya había graves problemas de colapso en la Administración de Justicia, la situación es ahora muchísimo peor», advierte el decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez Escribano. «Hay cálculos que nos llevan a más de un año para intentar recuperar la situación previa a la huelga, que ya era mala».

El decano de los abogados murcianos hace hincapié en que «existe una enorme preocupación no solo por los efectos de la huelga, sino por lo que va a pasar el día después y que pueda perjudicar a la calidad de la justicia que se imparta».

Lorenzo Hernando, magistrado decano de Murcia, explica que el paro de los letrados de la Administración de Justicia «ha supuesto prácticamente una paralización de la jurisdicción civil, familia, social, contencioso-administrativa y penal» en su partido judicial. Remarca que la situación en Murcia, sobre todo en la jurisdicción civil, social y penal, ya era muy delicada, con un gran retraso en la tramitación por el volumen de asuntos de entrada. La huelga ha sido la gota que colma el vaso y es de prever que sus efectos se dejen notar durante bastante tiempo. «Las agendas de señalamientos de los jueces ya estaban completas hasta, en algunos casos 2024 o 2025», explica. «No existe hueco para reseñalar los asuntos suspendidos antes de esas fechas». Hernando considera que será a los órganos civiles, penales y sociales a los que más les costará arrancar una vez que la huelga se levante.

El TSJ organizó esta semana una mesa de trabajo para esbozar los primeros pasos de ese plan de contingencia. Un encuentro al que asistieron representantes de la Fiscalía, de los colegios profesionales de abogados y procuradores de Murcia, Lorca y Cartagena, del colegio de graduados sociales de la Región y de otros muchos organismos. «Con esas aportaciones estamos elaborando una hoja de ruta para alcanzar la máxima coordinación para el proceso de normalización tras el fin de la huelga», explica Pasqual del Riquelme.

Una de las primeras medidas que se han adoptado es dar instrucciones a las oficinas judiciales para que, una vez que se acabe el paro, se dosifiquen las notificaciones y traslados de actuaciones a los profesionales que se han ido acumulando en las bandejas de salida. De esta manera, el TSJ prevé evitar que la avalancha de asuntos aplazados bloquee los despachos profesionales.

Este organismo también está tratando de afinar al máximo la gestión de los juicios y demás actuaciones señaladas en los días inmediatamente posteriores a la desconvocatoria. La Sala de Gobierno del TSJ ha incidido a sus equipos en la necesidad de que desde las oficinas judiciales se revise si se ha podido completar toda la tramitación previa para la celebración, a fin de poder concluir anticipadamente si se pueden o no celebrar.

Poco después de arrancar esta huelga el TSJ ya puso los mimbres de esta hoja de ruta y dictó un acuerdo en el que fijaba que, en los diez días posteriores al final del paro, los decanos enviarían un informe al tribunal para hacer balance de 'daños' en sus diferentes zonas: juicios suspendidos, fechas hasta las que están preocupadas las agendas, medidas que se hayan adoptado... Con esos datos en la mano, explica Pasqual del Riquelme, «trabajaremos en cómo reseñalar las, en este momento, más de 13.000 actuaciones suspendidas (con la problemática específica que afecta a los más de 7.000 juicios suspendidos)». Esta no será una tarea fácil y es más que probable que requiera unos refuerzos que el TSJ ya ha comenzado a pedir a Madrid como agua de mayo.