Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia

La magistrada sostiene en su auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, que García Bernabé, desde junio de 2023, coincidiendo con su toma de posesión, permitió «de forma consciente» la actividad de la discoteca Radikal Café –en el polígono industrial El Puente–. Lo hizo, remarca la jueza, «a sabiendas de que la misma no poseía licencia para el desarrollo de dicha actividad al no cumplir con los requisitos para ello».

Ese local, que se encuentra apenas a 150 metros de la vivienda del denunciante, no contaba con licencia y no tenía posibilidad de obtenerla, sostiene la instructora en base a un informe emitido por el Defensor del Pueblo. La jueza remarca que el alcalde debía ser conocedor de ese escrito dado que por aquel entonces ya formaba parte de la corporación.

Ese informe pone de manifiesto que en la discoteca se llevaba a cabo una actividad no permitida y refleja que se le denegó la licencia señalando que eran numerosas las quejas vecinales por los ruidos que, subraya el escrito, estaban por encima de los límites permitidos. Ese documento, que la jueza trae a colación en su auto, remarca que «la solicitud, documentación y declaración de actividad presentada no se corresponde con la que se está ejerciendo (...) que la actividad produce contaminación sonora y lumínica por encima de los límites permitidos (...) con vulneración de las prescripciones contenidas en la legislación urbanística y en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística».

La instructora pone el énfasis en una queja que el denunciante presentó en octubre de 2023 ante el Ayuntamiento en la que exponía las reclamaciones que ya había entregado anteriormente y remarcaba los ruidos molestos que había sufrido todo ese verano. Una queja que, insiste, fue desoída. «Esta situación, que perduró a lo largo del tiempo, iniciándose en el año 2021, generó graves molestias por la contaminación acústica existente, que afectaron gravemente al descanso y la calidad de vida del denunciante», subraya la magistrada.

En su auto, la jueza destaca que se ha probado a lo largo de la instrucción que el local desarrollaba su actividad hasta altas horas de la madrugada, ya fueran las tres o las cinco, en una terraza, con los perjuicios que ello suponía para los vecinos. El 10 de noviembre de ese año, coincidiendo con esa queja, se emite resolución por la alcaldía acordando el cese de actividad. Pese a ello, la instructora remarca que «el investigado, no cumple con sus funciones de policía ambiental, procediendo al bloqueo, cierre y precinto del local, a pesar de conocer la ilegalidad». Destaca que incluso apareció en el local, el 7 de octubre, en un acto relacionado con funciones municipales.

Tras diversos recursos y trámites, el Ayuntamiento emitió un informe en noviembre de 2023 en el que se hacía constar que en esa fecha el establecimiento ya había cesado su actividad y no ejercía en ella actividad alguna.

La magistrada apunta a la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa. Las partes cuentan ahora con diez días para formular sus escritos de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, o defensa.