La juez del 'caso Desaladora' rechaza imponer a los acusados una fianza de 900 millones

El Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que investiga la causa principal sobre una presunta malversación millonaria de caudales con la construcción y adquisición de la desalinizadora de Escombreras, ha desestimado la petición hecha por la Comunidad Autónoma para consignar judicialmente las cuotas que paga periódicamente por el alquiler de la planta. Igualmente ha rechazado la solicitud de la Fiscalía para que se exigiera una fianza de 900 millones de euros a los investigados, entre los que se encuentra como principal encausado Antonio Cerdá, quien fue consejero de Agricultura y Medio Ambiente en los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel.

A través de un auto notificado este jueves a las partes, el juzgado advierte de que no se dan los requisitos necesarios para atender a lo solicitado por el letrado de la Administración regional.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma habían pedido autorización al juzgado para consignar en una cuenta bancaria de la Administración de Justicia las cuotas que pagan mensualmente a la empresa Hydromanagement, en cumplimiento del convenio suscrito con la misma en 2006.

Entre otros argumentos que recoge la resolución judicial para justificar su decisión se encuentra el hecho de que el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, que viene a equivaler al procesamiento, está pendiente de resolución de los recursos presentados por varios de los investigados.

En cuanto a la petición hecha por el Ministerio Público de exigir la prestación de una fianza de 900 millones de euros, que tendría como objeto asegurar el pago de las responsabilidades civiles que pudieran derivarse en un futuro, la magistrada sostiene que no existe el riesgo de que no fueran satisfechas esas potenciales indemnizaciones, al encontrarse detrás un grupo importante y solvente como es ACS, que fue el que se encargó de la construcción de la planta desalobradora.

En esta causa se investiga la posible comisión de delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, fraude de subvenciones y falsedad, que se habrían cometido, presuntamente, en las actuaciones desarrolladas en torno al proyecto de construcción de la desalinizadora y su posterior puesta en marcha.

En la causa principal figuran como investigados ocho empresas y diecisiete personas físicas, entre las que se encuentra el ya mencionado exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.

De forma paralela, en otro juzgado de Instrucción de Murcia se tramita una pieza separada sobre la desaladora de Escombreras, que afecta únicamente como investigado al que fue presidente del gobierno regional Ramón Luis Valcárcel.