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Manuel Hurtado A. Gil / AGM
El juez lleva al banquillo al exalcalde de Ceutí por el 'caso Polideportivo'

El juez lleva al banquillo al exalcalde de Ceutí por el 'caso Polideportivo'

El fiscal pide cuatro años de cárcel para Hurtado por tres presuntos delitos y el PP eleva la solicitud hasta seis años

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Domingo, 13 de mayo 2018, 08:18

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Una década larga ha tardado la justicia en abrir juicio contra el exalcalde socialista de Ceutí, Manuel Hurtado, por el llamado 'caso Polideportivo'. Y lo peor del asunto es que es muy probable que todavía transcurra otro año, más incluso, para que el presidente de alguna de las secciones de la Audiencia Provincial ordene arrancar la vista a la voz de «audiencia pública».

Estas diligencias se abrieron en el año 2007 para investigar cómo era posible que el polideportivo de Ceutí, cuya construcción había sido impulsada por el entonces alcalde Manuel Hurtado, estuviera más que terminado, y que incluso hubiera sido inaugurado, meses antes de que se abriera el expediente municipal para adjudicar las obras.

La investigación realizada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Molina de Segura ha arrojado indicios suficientes para abrir juicio por tres presuntos delitos: prevaricación, fraude y falsedad en documento público.

Un mero encargo verbal

Según el fiscal, los hechos se remontan a antes del verano de 2003, cuando el entonces alcalde «adjudicó verbalmente» las obras del complejo deportivo, «inobservando a sabiendas todo tipo de procedimiento administrativo». La contratación y el precio de la reforma se cifró en casi 1,9 millones de euros, de forma personal entre Hurtado y los representantes de la empresa E.C.I., SA, «sin que conste expediente alguno de contratación, ni partida presupuestaria, ni peticiones de otras ofertas para conseguir un menor precio, ni fiscalización previa municipal...».

En resumen, esa obra habría sido otorgada por la mera palabra del entonces alcalde, después de que dos representantes de la mercantil «presentaran de forma subrepticia un estudio, pero sin pasarlo por el registro del Ayuntamiento».

Además, la empresa adjudicataria, en vez de acometer las obras por sus propios medios, las habría subcontratado de forma íntegra, lo cual también sería contrario a la legislación. Por los trabajos abonó a otras firmas 1,3 millones, por lo que le habría quedado un beneficio -sin tocar un ladrillo- de 548.150 euros, que es el perjuicio que se habría ocasionado para las arcas municipales.

Una vez finalizadas las obras, como era necesario abonarlas y no existía partida presupuestaria, ello obligaba al Consistorio «a crear un expediente» a posteriori, por lo que el alcalde «ordenó a los funcionarios a su cargo y a los intervinientes en la obra que confeccionaran, a sabiendas todos de su mendacidad, los documentos que integran un aparente expediente administrativo para la construcción de un complejo polideportivo que ya estaba finalizado».

Por tales supuestos hechos, el fiscal ha anunciado que solicitará una pena de cuatro años de prisión, que la acusación particular que ejerce el abogado José Antonio Izquierdo en nombre del PP eleva la petición hasta seis años. Otros cinco imputados, entre representantes de la constructora y funcionarios, acompañarán a Hurtado en ese trance.

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