La juez llama a declarar como investigados a Muñoz y Sevilla por la presunta corrupción en el Puerto de Cartagena

La jueza responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena, Virginia Urrea, ha citado a declarar el próximo 24 de febrero como investigados a los expresidentes de la Autoridad Portuaria Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla en la causa abierta por presunta corrupción en esta institución. También tomará declaración este mes a otras siete personas imputadas Lo hará a raíz de la denuncia presentada en enero por la Fiscalía acerca del presunto amaño de contratos y de la asignación de empleos a personas vinculadas al Partido Popular entre los años 2014 y 2021. Se investigan los posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, información privilegiada/revelación de secretos, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documento público, en relación con ocho hechos.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia este martes, en una resolución la magistrada ha señalado las comparecencias de estos nueve imputados en tres jornadas, todas ellas en horario de tarde. Serán los días 15, 23 y 24 de este mes. Antes, habrá una convocatoria para «entregarles la denuncia interpuesta y la documentación aportada a la causa».

Los investigados, además de Muñoz y Sevilla, son el exdirector general del Puerto Pedro José Vindel; Paloma Escudero Giménez, directora del departamento de Innovación del Puerto y administradora única de Estrategias y Desarrollo Financiero SL; María José Barahona, jefa del departamento de Planificación y Gestión del Puerto; Susana García, administradora de la empresa de recursos humanos Barraise SL; José Segura, jefe del departamento de Instalaciones del Puerto; Francisco Ortiz, jefe de Compras; y Francesc Casas, consultor de la mercantil Sopra Steria España SA.

La jueza ha citado también «a los tres denunciantes de irregularidades y tratos de favor en determinadas contrataciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena para que comparezcan el próximo 14 de febrero». Se trata de tres representantes del Comité de Empresa del Puerto: Domingo Abril y Diego Zaplana, de Comisiones Obreras, y Francisco José Meca, de UGT.

La magistrada acuerda para ese día y para la jornada siguiente la declaración de cinco testigos, que según fuentes judiciales ya aportaron su testimonio ante la Policía Nacional. La jueza remitió su providencia a la Fiscalía y a los denunciantes, personados en la causa. Asimismo, el juzgado ha pedido a la Autoridad Portuaria de Cartagena que entregue las memorias justificativas y los contratos celebrados con la mercantil Estrategias y Desarrollo Financiero; y un contrato menor celebrado con la compañía Sopra Steria, junto con los siete pliegos asociados al mismo y las actas de la mesa de contratación.

En el caso de Muñoz, quien dimitió de su cargo el 27 de enero, la juez advierte la existencia de indicios de comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público. En su resolución, a la que ha accedido LA VERDAD, indica que puede haber incurrido en prevaricación y tráfico de influencias por «supuestas coacciones al Comité Técnico para modificar el informe de baja temeraria, con el fin de favorecer la adjudicación a la empresa Salzillo Seguridad S.A.» del contrato de «servicio de mantenimiento para las instalaciones de seguridad». En relación con este asunto, también señala como posible responsable de prevaricación al jefe del Departamento de Instalaciones, José Segura.

La jueza también ve «presuntas irregularidades» por parte de Yolanda Muñoz en la contratación del expediente del servicio de mantenimiento para las instalaciones de seguridad, accesos y P.C.I. de la Autoridad Portuaria de Cartagena». Asimismo, tomará declaración a la expresidenta y a Susana García Bernal, administradora de la empresa Barraise SL, sobre los eventuales delitos de prevaricación y tráfico de influencias relativos a la adjudicación de dos contratos menores, por importe de 11.000 euros.

«En una de esas contrataciones, del jefe de explotación, presuntamente se realizaron diversas modificaciones de las bases del concurso entre mayo de 2021 y el 24-11-2021, variando las valoraciones y la forma de puntuar los méritos, idiomas y formación», explica la jueza. Y concreta que alteró el procedimiento, «incluyendo expresamente en el baremo de méritos la experiencia en el ámbito ferroviario, favoreciendo así a uno de los candidatos». Esta jefatura fue otorgada a Borja Fernández-Pacheco, hermano del exalcalde de Almería y actual consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco. Este también es vocal del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

De igual forma, Yolanda Muñoz tendrá que acudir al Palacio de Justicia de Cartagena para aclarar las aparentes «irregularidades» en el expediente de gestión de servicios de carácter cultural para la programación, organización y ejecución del conjunto de actividades encuadradas bajo la denominación 'Vive tu Puerto 2021'. Se le investiga por posibles delitos de prevaricación y falsedad de documento público.

Muñoz también está imputada por prevaricación en lo referido a la «supuesta alteración del orden preceptivo de llamamiento de la bolsa de trabajo existente con vulneración arbitraria de los legítimos derechos de una trabajadora». Se trata de la hija de un representante sindical, que optó a una plaza de agente de la Policía Portuaria. La Policía aportó a la Fiscalía un audio en el que se escucha a la expresidenta afirmar que no permitiría el acceso a ese empleo a la aspirante, pese a ser la primera en la bolsa de trabajo, salvo que el delegado sindical se lo pidiera «de rodillas».

Acerca de la participación de Muñoz en esta supuesta trama, la jueza ha pedido recabar «la información ya solicitada por los agentes de la autoridad sobre el Máster en la IE Business School» cursado por Susana García Bernal, para acreditar si esta persona fue compañera de la expresidenta.

En cuanto a Antonio Sevilla, la jueza lo investiga por distintos ilícitos penales vinculados al nombramiento de Paloma Escudero Giménez como directora del departamento de Innovación, la adjudicación de contratos menores a la empresa Estrategias y Desarrollo Financiero SL y por presuntas presiones a Domingo Abril «para que cambiase el contenido de algunos pliegos de concurso».

Sevilla, exconsejero de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma con el PP, también habría incurrido, junto a Escudero, Barahona y Vindel en un «trato de favor a la empresa Alfatec» y en «presiones» para «imponer criterios y requisitos en los pliegos que impedían presentarse a la empresa que llevaba el mantenimiento de Navision durante los últimos años».

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