El juez archiva la causa del fraude del AVE que afectaba a una empresa mixta de Beniel
Acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias sobre presunta malversación en obras hidráulicas vinculadas al trazado Elche-Murcia
El Juzgado de Instrucción número 3 de Elche ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación abierta por un presunto fraude en la ... reposición de infraestructuras hidráulicas afectadas por las obras del AVE a la Región de Murcia. El auto, fechado el 22 de septiembre, concluye que no existen indicios suficientes para sostener la comisión de ilícitos penales en los expedientes analizados, aunque deja abierta la posibilidad de que ADIF reclame por la vía civil las cantidades que habría abonado indebidamente.
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La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, tras detectar posibles sobrecostes e irregularidades en varios expedientes de reposición de tuberías y servicios de riego ejecutados en los tramos comprendidos entre Elche y Murcia. La investigación apuntaba a facturaciones sospechosas en obras adjudicadas a empresas como AZVI, Acciona o la sociedad mixta Sermubeniel, así como a la UTE AVE San Isidro-Orihuela.
Tras varios años de diligencias, el juzgado descarta responsabilidades penales en la mayoría de las actuaciones. Respecto a la reposición de tuberías en Beniel, ejecutada por Sermubeniel, el auto subraya que no existen pruebas de una sobrefacturación, puesto que la pericial acreditó que los trabajos se llevaron a cabo con un coste incluso inferior al valor estimado por el auditor.
El auto deja abierta la posibilidad de que Adif reclame por la vía civil las cantidades que habría abonado indebidamente
Lo mismo concluye en relación con las obras atribuidas a Azvi y Acciona en los tramos de Crevillente y San Isidro, donde la diferencia de valoración fue considerada «aceptable».
El único punto en el que el auto aprecia una irregularidad es en la servidumbre vinculada al Juzgado Privativo de Aguas de Callosa, cuya canalización fue incluida en dos expedientes distintos y abonada por duplicado por ADIF. Esa duplicidad supuso un pago total de 462.062 euros, cuando el valor real de la obra rondaba los 224.000.
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No obstante, el juzgado considera que no ha quedado acreditado que los técnicos investigados actuaran de manera concertada para defraudar, por lo que no se deriva responsabilidad penal.
En consecuencia, el tribunal acuerda el archivo de la causa, pero con reserva de acciones civiles a favor de ADIF, que podrá reclamar la devolución de lo indebidamente abonado a la UTE San Isidro-Orihuela. Contra la resolución cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días o apelación en los cinco siguientes a su notificación.
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