Jiménez ve «agujeros negros» en la ley que propician un 'decretazo' contra el Trasvase

«Si no fuera por la trayectoria del Ministerio durante los últimos siete meses, la propuesta de estudio para el cambio de las Reglas de Explotación del Trasvase no despertaría tanto recelo en el sector», manifestó ayer Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats). «A un primer 'trasvase cero' injustificado, le siguió otro con una justificación que a todas luces nos pareció un error del Ministerio, al vincular fatalmente la contaminación del Mar Menor al Trasvase Tajo-Segura».

Consideró que la actual legislación «tiene varios agujeros negros que pueden propiciar actuaciones en contra de lo que en origen pretende salvaguardar, que es el Trasvase, y que distan de lo que el Sindicato quería, y no era otra cosa que seguridad jurídica». Entre esas deficiencias menciona el Nivel 3, que está sometido a la discrecionalidad del Gobierno central. «Nada más contrario al espíritu de las leyes», apostilla. A esto suma la posibilidad expresada ahora «de variar mediante un 'decretazo' los volúmenes susceptibles de trasvasar en los distintos niveles previstos en la ley». «Si bien su objetivo benévolo y único es el de dotar de mayor estabilidad interanual a los suministros, eso se encomienda a un decreto del Gobierno, previo informe favorable de la Comisión para hacer las modificaciones».

El dirigente del Scrats recalcó que si no fuera por los antecedentes conocidos, no existiría «recelo e indignación» en el sector. Se refiere a los recortes de las transferencias por parte del Ministerio, y al hecho de haber ocultado sus pretensiones a los usuarios del Levante y a los gobiernos de los territorios receptores del Trasvase. «Todos nos merendamos la noticia de mano de los dirigentes de los pueblos ribereños –supuestos perjudicados con la medida que en principio debe lograr mayor estabilidad del sistema de Trasvase–, y con la algarabía incontenida de los prebostes de Castilla-La Mancha».

Lucas Jiménez recordó que la revisión del Trasvase se plantea «a las puertas de una crisis económica, saliendo de una crisis sanitaria en donde el sector se ha 'deslomado' para asegurar alimento de garantía, y sin poder reunir a nuestros agricultores, informarles y si llegara el caso manifestar nuestro malestar en la calle, pues todos estos derechos fundamentales están recortados por motivos sanitarios».

Respecto a la vinculación que establece el Ministerio entre el Trasvase y el Mar Menor, Jiménez apuntó que el departamento de Teresa Ribera «no corrigió su error, admitido con la boca pequeña, antes bien, lo reiteró en una innecesaria resolución del secretario de Estado, dictada en marzo al hilo de un obligado trasvase de 38 hectómetros. Ya no solo vinculaba ladinamente la situación del Mar Menor al agua del Trasvase si no que, dando un paso adelante, requería al Scrats y la propia Comunidad de Regantes para que asumiéramos responsabilidades que no les están reservadas en ningún lado, y que son las propias responsabilidades del Ministerio, que es autorizar y repartir el agua autorizada. Endogámico todo». A su juicio, el Ministerio trata de evitar esos 38 hectómetros del Nivel 2 y obligados por ley.

El secretario Ejecutivo de Agua del PP, Jesús Cano, criticó que «el Gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias busca contentar al barón socialista, Emiliano García Page, cambiando la ley del Memorándum del Trasvase. Bajo ningún concepto vamos a permitir que se cambien estas reglas al considerar que alguna modificación en las mismas supondría un ataque sin precedentes a la Región de Murcia abocando a miles de agricultores a la ruina más absoluta».

Cano dijo temer que se utilicen las conclusiones de este estudio «para intentar cambiar las reglas de explotación por la puerta de atrás». Consideró que el Ministerio «ha claudicado ante las peticiones del Gobierno de Castilla-La Mancha». El PP espera que el secretario general de los socialistas, Diego Conesa, «reaccione ante esta injusticia de forma contundente en defensa del trasvase y sus regantes».

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía calificó de «buena noticia o por lo menos esperanzadora» que se estudie la posible modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. Pérez Torrecilla, vocal en la Comisión de Explotación, dijo que «no se puede trasvasar por defecto siempre el máximo. Propone flexibilizar las normas o abrir el Nivel 2 a la interpretación del Ministerio, como sucede en Nivel 3.