Investigan la presunta venta ilegal de alimentos que debían ser incinerados
El Seprona denuncia que una empresa imputada por vertidos comercializó también 17 toneladas de pimiento que Aduanas y Sanidad exigieron eliminar
La investigación judicial sobre la presunta trama de empresas dedicadas a la eliminación de residuos industriales mediante su vertido al medio natural en varios ... parajes de Murcia y también con su transformación en compost para uso agrícola en un recinto ubicado en Roldán (Torre Pacheco) abarca más conductas aparentemente delictivas. En concreto, el Juzgado de Instrucción 7 de Murcia trata de aclarar si las compañías obtuvieron un enriquecimiento ilícito con la «simulación de destrucción de residuos alimentarios». En vez de eliminar los productos, tal y como ordenaron la Agencia Tributaria (a través de la Aduana de Valencia) y Sanidad Exterior, los habrían introducido de nuevo en la cadena alimentaria para venderlos o, en el mejor de los casos, los habrían destinado a hacer abono para la agricultura.
Según la denuncia de un equipo del Seprona del Campo de Cartagena ante la Fiscalía, que ha llegado al juzgado, la empresa pachequera Rodar habría actuado en connivencia con GV Ecogest SL, de Los Alcázares. Además, se investiga si para encubrir sus actividades fraudulentas al menos en una ocasión tuvieron apoyo de dos agentes de la Unidad de Vigilancia Aduanera de Cartagena. Con la comercialización clandestina de una partida de 17.077 kilos de pimiento de Chile, habrían podido ingresar unos 34.154 euros.
Fuentes judiciales confirmaron a LA VERDAD que los funcionarios de Aduanas, organismo de la Agencia Tributaria (del Ministerio de Hacienda y Función Pública), han sido citados para declarar como testigos. En la causa se investigan los presuntos delitos contra el medio ambiente, de estafa y de falsedad documental.
«No hemos podido localizar el destino real que se ha podido dar a la partida de pimientos de Chile, cuyo destino final era la eliminación por incineración para evitar su introducción en la cadena alimentaria. Como fin más probable, podría haberse introducido nuevamente en la cadena alimentaria a través de fábricas de producción de pimentón alimentario para condimento, dado el alto valor económico que alcanzaría la partida», comunicó el Seprona al Ministerio Público.
Lo hizo tras una serie de pesquisas que arrancaron en agosto de 2021, cuando sus agentes inspeccionaron unas instalaciones de Rodar en la pedanía murciana de Valladolises. Allí, detectaron que en un recinto dedicado a aparcamiento de vehículos y oficinas se hacían trabajos de descarga de un contenedor marítimo precintado por la Agencia Tributaria y por Sanidad Exterior. La operación estaba siendo certificada por la Unidad de Vigilancia Aduanera, encargada de expedir un acta de destrucción de la partida de pimiento.
Sacos «en perfecto estado»
Para sorpresa de la Benemérita, «los agentes de la Agencia Tributaria habían certificado la destrucción de la mercancía cuando únicamente se había procedido a su descarga, dejando en manos del gestor la efectiva destrucción de la partida». Los guardias constataron que los sacos de pimientos estaban en «perfecto estado», es decir «óptimo para su comercialización».
«La descarga no se ha realizado en el lugar declarado, no se ha completado su destrucción y mucho menos por incineración, máxime cuando resulta a todas luces evidente que las instalaciones carecen de sistemas de destrucción», señaló el Seprona. El recinto no estaba siquiera autorizado para la gestión de residuos. Además, se perdió la «trazabilidad» de la mercancía, con el consiguiente riesgo para la salud pública.
Para los investigadores, que están convencidos de la existencia de un «grupo organizado», «el destino menos probable» de las hortalizas «sería su uso para producción de compost» en el recinto que Rodar gestiona en Valladolises. Ello, razonan, «no aportaría beneficio económico, salvo la venta al peso como fertilizante agrícola».
Podemos reclama al nuevo consejero que informe a la Asamblea
Podemos denunció ayer la «inacción del Gobierno regional» y del anterior ejecutivo municipal de Murcia, ambos del PP, «frente a la trama que vertía residuos industriales al medio natural». La diputada María Marín reclamó la comparecencia del nuevo consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, en la Asamblea Regional «para aclarar por qué el gobierno regional no actuó tras las primeras denuncias en 2016». También solicitó que el Ayuntamiento aporte «toda la documentación para actuar contra el exalcalde José Ballesta, si conocía las denuncias pero no hizo nada». Fuentes de la Consejería se limitaron a responder que «la información pertenece a una investigación judicial».
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