Trabajo impone más de 11.000 sanciones en la Comunidad en plena pandemia

Los principales datos de actividad en territorio murciano a lo largo de 2020 arrojan un total de 12.684 inspecciones (expedientes finalizados), según los datos facilitados a LAVERDAD por el Ministerio de Trabajo y Economía Social hasta mediados de diciembre. Así, se han detectado y sancionado 2.958 infracciones en materia de seguridad y salud; 1.209 en relaciones laborales; 184 en empleo y trabajo de extranjeros; y 6.805 infracciones en cuanto a Seguridad Social.

«Estamos muy preocupados con la realidad de la Región en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores y, por supuesto, ante los problemas que se han detectado de abusos e, incluso, algunos casos de explotación, como el ocurrido en una almacén textil en Fuente Álamo», denuncia el secretario general de CC OO en la Región, Santiago Navarro.

En concreto, se refiere a la operación sobre la que informó la Policía Nacional el pasado 12 de diciembre, que permitió localizar a 21 inmigrantes que trabajaban en condiciones laborales extremas, estando algunos de ellos ocultos en un zulo. Cobraban un salario de dos euros por cada hora de trabajo en un recinto con una ausencia total de medidas de seguridad e higiene. Fueron detenidos un padre y sus dos hijos –de origen magrebí– como responsables de la organización. También han saltado a la opinión pública casos de explotación laboral con abuso sexual de por medio.

Para el secretario general de UGT en la Región, Antonio Jiménez, «el empeoramiento de las condiciones de trabajo es intenso», de forma que en momentos como los que se viven de pandemia «la precariedad se ha acentuado y se ha puesto más al descubierto». Y aunque, «evidentemente, ahora hay más controles y requerimientos a la actividad productiva, es indudable que hay una parte de la economía que busca instalarse al margen de la ley para mantener unos beneficios ilícitos».

Sin embargo, el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), José María Albarracín, sostiene que, «en el mercado laboral regional, se da un cumplimiento de las normas absolutamente generalizado, con un respeto máximo a las condiciones de todos los trabajadores; aunque siempre hemos dicho que, si hay algunas excepciones, hay que considerarlas y tendrán que verse sometidas a la caída del peso de la ley, como es lógico y sin ningún tipo de duda».

Desde la Inspección de Trabajo en la Región, su director territorial, Diego Martínez Rafecas, manifiesta que la pandemia «plantea su particular casuística, pero la situación no ha cambiado mucho con respecto a otros ejercicios; partiendo de que el ámbito del abuso laboral es muy amplio, al englobar desde temas encuadrados dentro de la economía sumergida como otros que podrían calificarse de explotación laboral y, en algunos supuestos, hasta figuras concurrentes con el orden penal como es la trata de seres humanos y la suplantación de identidades».

No obstante, «estos casos no son la tónica general, sino la excepción que confirma la regla», además de evidenciar que «el sistema funciona y que, cuando hay algún tipo de denuncia en este sentido, se actúa concienzudamente y con toda la contundencia», aclara el jefe de la Inspección. Por tanto, «estas situaciones tienen un tratamiento tanto en el orden administrativo como en el penal», añade.

Albarracín insiste en que, «si se incumple de forma clara, como sucede en algún caso, se deberá soportar el peso de la ley; pero no generalicemos, ya que lo que sucede es todo lo contrario, es decir, que la inmensa mayoría cumple en todos los sentidos».

Es importante tener en cuenta que los datos manejados en el órgano estatal son provisionales, al no haber finalizado el ejercicio y al carecer de un cómputo definitivo. Por ello –insisten desde el Ministerio–, no es posible ofrecerlos segregados por actividades económicas. Asimismo, tampoco se puede hacer una comparativa concluyente con respecto a las cifras de 2019 al tratarse aquel de un ejercicio cerrado y no ser equitativa la medición con un periodo abierto. El año anterior se registraron 11.319 expedientes entre requerimientos (7.687) y actas de infracción (3.632).

Martínez Rafecas sí advierte de que «se aprecian más supuestos de suplantación de identidad. Es decir, trabajadores que están dados de alta en una empresa con la documentación de otra persona. Normalmente, el suplantador es un trabajador extranjero que está en situación irregular». Aclara que «las actuaciones que han tenido una mayor resonancia mediática, como la de Fuente Álamo, se hacen en el marco de un convenio de colaboración entre los ministerios de Interior y de Trabajo», de forma que, cuando hay denuncias, «se desarrollan operaciones conjuntas».

El representante de CC OO argumenta, sin embargo, que «sigue produciéndose en la Región la explotación a trabajadores en general, sean inmigrantes o no; y esa práctica la hacen tanto españoles como personas extranjeras». El problema es que no siempre se cuenta con los recursos suficientes para combatir el volumen de irregularidades que se producen.

Por otro lado, «con la pandemia, la propia Inspección se tuvo que confinar y se trabajaba desde casa, por lo que los controles desaparecieron durante un tiempo», apunta Navarro. Y eso que la labor de denuncia ha sido constante, ya que solo su sindicato ha presentado más de 140 este último año, «por ello se necesita un trabajo enorme» del servicio.

José María Albarracín, por su parte, señala que «la Inspección de Trabajo es quien tiene la palabra para proceder con quien haya incumplido, sea de una forma ocasional, recurrente o permanente».

Otra cuestión, según Antonio Jiménez, es que, «aunque la Inspección tiene buenos empleados públicos, además de estar bien orientada y dirigida, sin embargo, está muy infradotada en función del volumen de trabajo».

Santiago Navarro subraya en materia salarial que, «en muchos casos, se están imponiendo condiciones por debajo de las que marca la ley». Por ello, «nos preocupa no solo lo que están viviendo los 112.000 trabajadores del sector agroalimentario, como expusimos recientemente en la jornada de huelga convocada, sino también los 35.000 trabajadores de la hostelería, los más de 30.000 del comercio, entre otras actividades, a los que no les están pagando en muchos casos ni el salario mínimo interprofesional», apunta. Y, con especial precarización para las mujeres. En este sentido, Antonio Jiménez recuerda que, en la Región, «fluctuamos entre los segundos y los terceros salarios más bajos de todo el país, además de muy distanciados de la media nacional». De ahí «la importancia de cambiar las mentalidad empresarial», puntualiza.

A las organizaciones sindicales les preocupa otro factor clave, como es la negociación colectiva, «porque de los 42 convenios sectoriales, que son los que agrupan a más trabajadores, al menos una veintena siguen ahora mismo pendientes de renovación; y, de esos, hay seis o siete que son muy importantes, como son los de la hostelería y hospitales privados, que están ya más de diez años sin firmar», advierte el líder de CC OO. Y es que «la negociación colectiva es lo que le puede dar un empujón a los salarios», añade Jiménez.

También en el sector agrario están igualmente sin renovar el de cosechera de uvas de mesa, que está otros seis o siete años sin firmar; y el del tomate, que sigue en fase de negociación.