Insal siguió colocando desaladoras tras iniciarse la investigación de la Fiscalía

El representante de esta empresa, que negó haber encabezado una trama que vertebró una gran red de desalinizadoras por todo el campo de Cartagena, admitió incluso haber instalado una planta en un contenedor, que más tarde fue enterrado en la finca agrícola. Sin embargo rechazó que ello fuera para eludir los controles policiales y sostuvo que el objetivo era evitar posibles robos.

Cuando se le preguntó cuántas desaladoras había construido para esa comarca, afirmó que fueron seis o siete y que su mayor volumen de negocio estaba en el extranjero. El precio de estas plantas oscilaba entre los 15.000 y los 70.000 euros, en función de su capacidad, y tardaba unos dos meses en construirlas.

Respecto del hecho de que solo facilitara datos al Seprona y a la Fiscalía sobre unas quince desalobradoras, cuando estaba prestando servicio a 131, lo cual lo ha situado como sospechoso de pretender entorpecer la investigación, indicó que cuando recibió el requerimiento estaba a punto de viajar a México y le dejó el encargo «al chico de la oficina».

También insistió en que desconocía que esas instalaciones eran ilegales ni que requerían la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). «No sabía que era ilegal hasta que todo estalló», afirmó.

Al preguntársele por la razón por la cual estaba llevando una desaladora a una plantación a las seis de la madrugada, en plena investigación de la Fiscalía, lo que le valió ser sorprendido 'con las manos en la masa', dijo que no era para eludir los controles, sino porque esa hora es buena para los agricultores.

Y respecto del uso del desincrustante Ecoflow, afirmó que vale tanto para las desalobradoras como para los goteos.