Un informe de Transparencia avisa de que solo los diputados pueden ver la lista de vacunados

No obstante, el documento avala que esta información se dé a conocer a los diputados regionales que lo han solicitado al amparo del artículo 13 del Reglamento de la Cámara. Pero se advierte de que estos, a título individual, tendrán «un acceso limitado» a los datos, «consistente en tomar notas, sin posibilidad de obtener materialmente la documentación». Tampoco tienen autorización para desvelar en público la identidad de los vacunados. De lo contrario, se arriesgan a que los afectados puedan emprender acciones legales contra ellos con bastantes garantías de éxito y a que la Asamblea les aplique medidas disciplinarias.

El informe lleva la firma del delegado de Protección de Datos de la Consejería de Transparencia –en manos de Ciudadanos, precisamente el partido que más insiste en la difusión de lo que llaman 'lista VIP'– y responde a una consulta del departamento de Salud sobre la viabilidad jurídica de dar publicidad, «en aras de la transparencia», a los listados de las personas vacunadas contra la Covid en la Región, en especial el personal del Servicio Murciano de Salud (SMS) y la Consejería.

El delegado es tajante al afirmar que la información referida es especialmente sensible, pues guarda relación con la salud de las personas, por lo que estos datos personales se enmarcan en una «categoría especial» regulada por el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, con más restricciones que otro tipo de documentación.

Para poder dar publicidad a los datos de vacunados, se deberían dar unas circunstancias (medicina preventiva o laboral, interés público esencial, amenaza transfronteriza grave,...) que, considera el informe, «no parece deducirse que concurran» en el caso de la relación de inmunizados de Salud. La lista se podría revelar si estos lo autorizan expresamente o se encargan ellos mismos de hacerlo.

Asimismo, la difusión del listado vulneraría la Ley 41/2002, de la autonomía y derechos de los pacientes, según entiende el jurista de la Comunidad. «Las finalidades que justifican el acceso a la historia clínica no citan la comunicación de datos a la ciudadanía en aras de la transparencia», afirma el documento.

El informe sugiere al Gobierno regional que considere «la posibilidad de proporcionar la información desvinculada de datos identificativos». Es decir, que se publiquen los datos estadísticos de vacunados por gerencias o áreas de salud, «distinguiendo entre clases de personal estatutario; entre categorías, cuerpos y opciones estatutarias; entre personal sanitario y no sanitario vacunado; así como aquellos otros datos disociados que se considerasen relevantes para el ejercicio de la transparencia».

Por otra parte, ayer fue un día intenso en la Asamblea. Primero se reunió la Diputación Permanente para habilitar que haya actividad fuera del periodo ordinario de sesiones, que arranca el próximo 11 de febrero.

Más tarde se celebró la Mesa, que admitió a trámite las solicitudes oficiales de acceder a la relación de vacunaciones fuera de protocolo realizadas por cuatro diputados, que son Alfonso Martínez Baños (PSOE), María Marín (Podemos), Mabel Campuzano y Pascual Salvador (Vox). Se dio traslado de las mismas al Ejecutivo, que tiene un máximo de veinte días para citar a los parlamentarios y mostrarles la información pedida en dependencias de la Comunidad. Solo se les permitirá tomar notas, por lo que los diputados «no podrán ni hacer copias de la lista ni acudir acompañados de ningún asesor».

Además, la Mesa de la Asamblea Regional aceptó la propuesta de Ciudadanos de constituir una comisión de investigación sobre el escándalo de las vacunas. Una iniciativa similar promueven los socialistas, pero se localizó un defecto de forma en la misma y se les ha dado de plazo hasta hoy para subsanarlo. Tanto Cs como PSOE han tenido que renunciar a su propósito de que los debates fueran públicos, por el problema con la ley de protección de datos. La decisión final de constituir o no estas comisiones corresponde al Pleno de la Cámara.

Precisamente esta mañana, está previsto un encuentro de la junta de portavoces, que tiene la misión de convocar el Pleno en el que se debatirán las propuestas de creación de las dos comisiones especiales de investigación parlamentaria.