Hugo Morán: «El modelo del pasado tiene un altísimo riesgo de largos periodos de 'trasvases cero'»

–En las últimas tres semanas ha dado dos noticias a la Región de Murcia que no han sentado muy bien. No sé si usted ve algo positivo ante tantas sensaciones negativas que se han generado aquí.

–Eso depende de cómo lo interprete quien recibe la noticia. Puede interpretarse en términos negativos o positivos. Evidentemente, desde el Ministerio lo interpretamos en términos positivos. En relación con Portmán, la bahía tiene un recorrido de 20 años de continuos fracasos para poner en marcha un plan solvente, técnica, ambiental y socialmente compatible. Con lo que eso viene suponiendo de frustración para los vecinos, desde el Ministerio se ha puesto sobre la mesa, después de un largo proceso de análisis, un proyecto de escasa vulnerabilidad frente a los fracasos anteriores y que no estará limitado por las necesidades de inversión presupuestaria. Ahora mismo partimos de un suelo de 50 millones de euros, que es lo que puede suponer la actuación. En relación con el Trasvase Tajo-Segura, venimos de un escenario de inseguridad cuando en el pasado hubo un trasvase cero, incluso para abastecimiento urbano, entre 2017 y 2018, de nada menos que de diez meses seguidos. Con lo cual, pretender que ese es un escenario mejor que el que se plantea en estos momentos, que es el de un régimen de estabilidad que implique que por encima del 80% del tiempo estemos en nivel dos, evidentemente, a cualquiera que lo valore sin apasionamiento, es evidente que la propuesta es sustancialmente mejor que la que algunos reclaman, que es aquella de la incertidumbre y del trasvase cero.

–La propuesta del Ministerio endurece todos los niveles del Trasvase a partir de este mismo año, pero sobre todo en 2027. ¿Por qué se opta por este escenario tan duro? Usted dijo el pasado martes que se pretendía dar «certidumbre» a la cuenca del Tajo, pero también a la del Segura.

–Creo que está equivocado ahora mismo el debate, quizá también porque hay a quien le interese agitarlo. Lo que hacen las reglas del Trasvase es traducir a una herramienta de gestión, lo que el plan de cuenca del Tajo implica. La disponibilidad de recursos no la establecen las reglas del Trasvase. La estableció el plan de cuenca que, por cierto, se aprobó con amplísimo respaldo en el Consejo Nacional del Agua. A diferencia de lo ocurrido con el anterior plan, este, hasta la fecha de hoy, todas las sentencias que se han ido produciendo frente a los recursos presentados manifiestan que su tramitación y su contenido es impecable desde el punto de vista técnico. Me resulta llamativo cuando algunos responsables políticos acusan al Ministerio de adoptar decisiones de carácter ideológico en relación con la planificación hidrológica del Tajo.

–¿Qué cálculos maneja el Ministerio sobre el volumen de agua anual que se dejará de enviar para el regadío que depende del Trasvase?

–Ahora mismo, lo que tenemos sobre la mesa es una propuesta, que es la del volumen resultante con el nivel de aportación al caudal ambiental en el primer escalón. Y ese es en el que tenemos certidumbre. Lo que hace el Cedex es anticipar lo que se produciría en 2027 si no hubiera ninguna variación respecto a la realidad que tenemos ahora mismo, pero no puede tener en cuenta otras variables de actuaciones que se puedan producir de aquí a entonces, como mejoras en la modernización de regadíos que puedan reducir otros consumos en la demarcación. No tiene en cuenta las demandas que pueda tener, por ejemplo, para el abastecimiento urbano la Comunidad de Madrid, que tiene una reserva de 60 hectómetros cúbicos que no ha hecho efectiva hasta la fecha.

–Es decir, el Ministerio abre la puerta a que no se alcance ese escenario tan negativo para el Trasvase si se cumple todo eso antes.

–Efectivamente, lo que hace ahora mismo es plantear cuál sería la situación si hoy fuese 2027. Pero es que en 2027 probablemente la realidad no vaya a ser la que tenemos este año. Lo que sí sabemos es que en el 2025 la afectación que supone para la garantía del Trasvase es mínima.

–El Cedex estima para 2027 que el sistema del Trasvase estará en nivel 3 o 4 el 30% del tiempo (aumenta la probabilidad respecto ahora), y el nivel 2 baja al 66,5%, ya que el 80% del tiempo que comentaba antes será solo para este año. Usted señaló tras la Comisión de Explotación que con esta propuesta «gana» la cuenca del Segura como pasó en 2021, al rebajar los envíos en nivel 2, pero en dos años se perderán más de 120 hm3. ¿En qué gana exactamente si no es por el agua?

–Gana en la certidumbre de que hay una bajísima probabilidad de que se produzca un año entero de 'trasvase cero'. Que alguien piense que es mejor una situación de inacción respecto a la adaptación de la gestión del Trasvase a la realidad de la disponibilidad del recurso y seguir tirando adelante..., bueno, pues es lo que nos coloca efectivamente en un altísimo nivel de riesgo de que los 'trasvases cero' sean recurrentes a lo largo del tiempo. Es decir, que se incremente el grado de probabilidad de estar en situación en nivel 4 o en nivel 3 prácticamente el 100% del tiempo. ¿Se puede plantear una solución política que diga: «No se preocupe usted, que le vamos a dar toda el agua del mundo mundial, no vamos a cambiar nada»? ¿Y de qué sirve eso? Sería absolutamente irresponsable no tener en cuenta la reducción de aportaciones naturales a la cabecera del Tajo a lo largo de los últimos 20 años y de que las prospectivas nos dicen que esa reducción va a seguir produciéndose. Cerrar los ojos ante esa realidad es decirle a la gente, la que venga después, que se las apañe como pueda. Lo siento mucho, pero nosotros no vamos a tomar decisiones irresponsables en ese sentido.

–¿De qué forma se hará cargo el Ministerio del impacto socioeconómico que pueda derivar de ese recorte de agua que tendrá el regadío del Trasvase en la Región de Murcia, Alicante y Almería? El plan para ampliar las desaladoras no cubriría por completo la reducción de 127 hm3 para 2027 y ese mismo año no se podrá extraer agua de pozos conectados a acuíferos sobreexplotados.

–La sobredemanda de usos en las diferentes cuencas es prácticamente ya generalizada. Todas las cuencas tienen una demanda de usos por encima del recurso que la propia cuenca puede aportar. En un escenario en el que hablamos del principio de la unidad de cuenca, y está en el origen de la propia ley del Trasvase, los usos de la cuenca cedente están siempre por encima de la demanda de cuencas ajenas. No podemos olvidar que, en estos momentos, el Tajo aplica restricciones a los usos en su propia cuenca. Por lo tanto, aquel planteamiento que se hacía de que la cuenca del Tajo cederá recursos excedentarios, en aquel momento, era una realidad, hoy ya no lo es. ¿Qué ocurre? Que como sobre aquella previsión en su momento se ha ido consolidando una disponibilidad, lo que no se puede hacer es sencillamente cortar el grifo. Hay que pensar en que el Trasvase tiene que garantizar el uso prioritario, que es el del abastecimiento urbano, en las dos cuencas. A partir de ahí, el resto de demandas que haya para otros usos se podrá cubrir en la medida en la que haya disponibilidad de recursos en la cuenca cedente. Y la que no se pueda cubrir, tendremos que ir supliéndola con la incorporación de recursos no convencionales. Tenemos un plan de inversiones en desalación que no tiene precedentes en la historia de este país. Y es verdad que no estamos encontrando mucha colaboración en los gobiernos de las comunidades autónomas de la cuenca demandante.

–¿El Ministerio asume que habrá una parte del regadío en el sureste que no podrá seguir?

–Pero eso es como cualquier otra actividad. Cualquier actividad que se desarrolle, y que depende de un recurso natural, es viable en la medida en la que ese recurso existe y es suficiente. Tenemos que intentar que la actividad del regadío sea sostenible en la medida en la que haya recurso disponible.

–El Trasvase envía al año 90 hm3 para abastecimiento. ¿Esa cantidad se va a mantener?

–En el peor de los escenarios, porque el Cedex plantea todas las posibilidades, los volúmenes destinados al abastecimiento quedarían garantizados.

–El Ministerio tendrá que pasar por el Congreso la modificación de la línea roja que activa el cierre del Trasvase al alcanzar el nivel 4, ya que será necesario cambiar la ley. ¿Cree que tendrán los apoyos necesarios?

–La modificación de las reglas es una cuestión operativa, de gestión, pero la realidad de la aplicación de los caudales ecológicos es un hecho real. Con lo cual, no me cabe la menor duda de que todos, sin excepción, van a ser lo suficientemente responsables como para no generar un problema de gestión sobre una realidad que es la que es. Cuestión distinta es que haya a quien no le guste la realidad, pero la realidad es la que es.

–Los regantes del Trasvase acusan al Ministerio «de dar la puntilla» al regadío para contentar al presidente manchego Emiliano García-Page.

–El Cedex expone una solución técnica. Ahora parece que alguien dice que no hagamos caso y que vayamos a decisiones de carácter ideológico. El Ministerio va a seguir tomando decisiones sobre las bases técnicas y científicas. El presidente de la Región de Murcia [Fernando López Miras] volvía a decir que el Ministerio ha tomado una decisión de carácter ideológico y no técnico. Bueno, evidentemente no se había leído el informe del Cedex porque la propuesta que se llevó a la Comisión del Trasvase fue el informe técnico-científico, así de sencillo. Yo creo que el modelo del pasado dejó claro que tiene un altísimo riesgo de volver a largos periodos de 'trasvases cero'.

–El informe del Cedex ha tenido en cuenta los caudales ecológicos hasta Talavera de la Reina, donde ya entran en juego otras aportaciones al río, y no solo la zona de cabecera (Alto Tajo). Esto influye en el resultado final de las reglas. ¿Por qué se ha hecho así?

–Las reglas no entran a cuestionar, sustituir o modificar el plan de cuenca. Trasladan al ámbito normativo la gestión de lo que el plan hidrológico recoge. Por lo tanto, pretender que a través de las reglas del Trasvase modifiquemos el plan hidrológico de la cuenca del Tajo es una propuesta que se sale del ámbito de la legalidad.

–Al margen de los estudios del Cedex sobre la recuperación de la bahía de Portmán, ¿en qué momento empezó a sospechar el Ministerio que el proyecto de regeneración aprobado en 2011 y consensuado con los vecinos en 2006 no era viable?

–Empezamos a sospecharlo en el momento en el que tenemos conocimiento de dos elementos que hacen fracasar aquel proyecto. Uno de ellos es que la empresa adjudicataria presenta una petición para modificar el proyecto, que cuando nosotros llegamos en julio del 2018 [al Gobierno] vemos que la propuesta excede del 50% del presupuesto de adjudicación. En términos administrativos, eso es inviable. Y cuando analizamos el porqué, vemos que son varias las razones. Entre ellas, que el traslado de los estériles a la corta San José a través de una cinta transportadora no presenta condiciones de estanqueidad y que la corta no permitía acoger la totalidad del material. En segundo lugar, que hubo un recurso presentado por la empresa que no resultó adjudicataria porque no estaba de acuerdo con los criterios de valoración. En ese momento, nosotros ya constatamos que estábamos ante un proyecto fallido y empezamos a plantear las alternativas de uno más sólido.

–Los vecinos se han decepcionado con la propuesta final.

–Hay una cuestión que yo creo que es importante tener en cuenta, y es que quizás a los vecinos se les ha trasladado y se les sigue trasladando una información equivocada, quizás para polarizar el debate. Porque, el eslogan que aparece ahora es: 'sellado no'. Ese eslogan era falso desde el principio, incluso con el proyecto anterior, donde se planteaba una extracción de menos del 10% de los 60 millones de toneladas. Por lo que era evidente que 'sellado sí' siempre.

–Consideran que el Cedex no ha evaluado debidamente la alternativa propuesta por estos colectivos.

–Al Cedex lo que se le pide es que trabaje sobre el estudio de unas soluciones que tengan un alto nivel de garantía de que no se van a producir efectos negativos en el caso de que se acometiese una movilización de sedimentos. Si se le pide que se plantee un estudio de alternativas que lo que suponen es un problema, o generar un problema mayor que el que se pretende resolver, evidentemente eso no tiene razón de ser.

–¿No hay forma de compatibilizar lo que demandan los vecinos (extracción parcial, retranqueo de la línea de costa y nuevo puerto) con la idea que tiene el Ministerio?

– Todos, absolutamente todos los informes que vamos recabando nos conducen hacia un riesgo elevado de consecuencias negativas en términos ambientales y de salud, si se opta por un proceso de movilización de unos materiales que, en estos momentos, no están activos. Sin embargo, su remoción implicaría activarlos para una contaminación tanto dentro de las propias aguas marinas como hacia la atmósfera.

–En las últimas reuniones de la Comisión de Seguimiento de Portmán no se les trasladó a los vecinos de una forma directa que la propuesta que querían era inviable. En 2019 usted defendía un dragado hasta el antiguo puerto y 2022 señaló que «este bello lugar se va a recuperar, cueste lo que cueste». Hace unos días, pidió a los vecinos «huir de falsas soluciones», pero los vecinos remarcan que esas soluciones nunca fueron señaladas como imposibles.

–Hay algo que nosotros siempre planteamos desde el minuto uno y lo mantenemos hasta el final, y es que cuando encargamos un estudio de alternativas, que es lo que finalmente aparece, lógicamente lo que en ningún momento hacemos es condicionar ese estudio de alternativas. ¿Podríamos optar por cualquiera de las otras alternativas? Sí. ¿Qué implicaría eso? Pues un altísimo nivel de riesgo en cuanto a las garantías ambientales y por razones de salvaguarda de la salud, la que debe primar en la decisión última, pero más allá de esto, incluso si alguien quisiese prescindir de esto, hay un altísimo riesgo de volver a encontrarnos con un proyecto fracasado como lo han sido los anteriores.

–¿Si se hubiera optado por la alternativa que piden los vecinos, el Ayuntamiento de La Unión y la Comunidad, ese proyecto hubiera superado la declaración de impacto ambiental?

–A tenor de lo que ahora sabemos, y de todos los análisis que se han puesto sobre la mesa, tiene un altísimo porcentaje de posibilidades de no superar una evaluación ambiental.

–El Ministerio señaló a los vecinos que estaría la posibilidad de recibir aportaciones al proyecto que presentaron. Las demandas son claras. ¿Hasta qué punto se podrían incorporar?

–De todas las propuestas que puedan hacer u que mejoren el proyecto, no habrá ninguna limitación para incluir aquellas que sean compatibles con la garantía en términos ambientales y sanitarios. Las que sean incompatibles con esa exigencia, desde luego no las vamos a incluir. Ningún responsable político o institucional debería trasladar el mensaje de que se pueden obviar garantías básicas a la hora de tomar una decisión política. Por eso me sorprende mucho el discurso que está trasladando especialmente el alcalde de La Unión (Joaquín Zapata) en esta cuestión, cuando debería ser el primero en preocuparse por la salvaguarda de la salud de sus vecinos y de las garantías ambientales.

–Las manifestaciones contra el plan propuesto para Portmán ya han comenzado, y los colectivos vecinales se preguntan quién asume la responsabilidad política del proyecto fracasado de 2011, cuya DIA la firmó la exministra Teresa Ribera, cuando era secretaria de Estado. ¿Asume ahora el Ministerio esa responsabilidad?

–Tan es así que nos hacemos cargo de la ejecución del nuevo proyecto. En todo caso, tampoco se le puede olvidar a nadie o pretender ocultar que la situación final del archivo del anterior proyecto viene como consecuencia de una decisión judicial porque había habido irregularidades en la adjudicación de ese proyecto, y quien tenía la responsabilidad de adjudicarlo era un gobierno del Partido Popular. Si se trata de asumir responsabilidades políticas, bueno, pues fíjese usted, asumimos hasta las responsabilidades políticas de un gobierno que no es de nuestro color. Ni siquiera hemos perdido ni un minuto en ponernos a buscar si cabría exigir incluso responsabilidades a quienes participaron en aquel proceso. Consideramos que fue probablemente un error. Hoy gobernamos quienes gobernamos y no tiene razón de ser entretenernos en disputas de esas características. ¿Qué otros quieren entrar en ese tipo de enredo? Bueno, a nosotros nos parece una pérdida de tiempo.

–El Ministerio optó en su día por dar carpetazo al puerto de El Gorguel por el impacto ambiental que implicaría, también, remover los residuos mineros del fondo marino; y ahora tampoco quiere hacerlo en la bahía de Portmán.

–Tenemos que ser conscientes de que en estos momentos hay que intentar encontrar la solución más razonable posible para darle un futuro a un territorio que está condicionado por una explotación absolutamente desordenada a lo largo de décadas. No hay posibilidad de recuperar el estado del territorio previo al proceso de explotación minera que sufrió ese territorio. Entendiendo a quienes guardan en su memoria lo que Portmán fue y ya no es, y que les gustaría volver a tener aquello, pero es evidente que es imposible recuperarlo.

–El Programa de Exploración Minera que el Ministerio quiere poner en marcha plantea revisar la existencia de minerales estratégicos en antiguos vertederos. Hay expertos que apuntan a poder aprovechar los residuos de Portmán. ¿Sería una posibilidad?

–Que yo sepa, al Ministerio nadie le ha planteado tal posibilidad.

–¿Y si se plantease?

–Pues habría que verla, pero volver otra vez a instalarnos en la melancolía de proyectos fracasados, probablemente a lo que llevaría sería otros 20 años más de sucesivos intentos y sucesivos fracasos. En todo caso, las competencias en materia ambiental y de minería son de la Comunidad Autónoma, no del Estado. No podemos olvidarlo, porque si no tendríamos que plantear que quizá la solución pasaría porque la Comunidad devolviese sus competencias al Estado si es incapaz de gestionarlas, o bien no tiene voluntad de hacerlas o sencillamente porque se ve superada.

La ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, se comprometió en una entrevista reciente en LA VERDAD a emplear todos los fondos de recuperación europeos consignados al Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor (484 millones de euros) antes de que venza el plazo en verano de 2026. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, asegura que su departamento será capaz «de ejecutar en su totalidad las inversiones, tanto las que dependen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como las que dependen del presupuesto ordinario del propio Ministerio».

Este año es crucial para el plan estatal en la laguna salada, ya que comenzarían las obras de grandes proyectos como el cinturón verde, al margen de otros ya iniciados como la restauración de los vertederos de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión. Morán defiende que el cronograma de inversiones en la laguna «se va cumpliendo a rajatabla». «Empezamos con un compromiso de inversión en el Mar Menor de en torno a 480 millones de euros y en estos momentos estamos ya en un compromiso de inversión que ronda los 760 millones de euros, con todo un paquete de inversiones ya en marcha en el territorio», detalla el secretario de Estado de Medio Ambiente.

No olvida recordar que, «sin lugar a dudas», la Región de Murcia es el territorio provincial de este país «que está recibiendo un mayor volumen de inversión del Ministerio para la Transición Ecológica».