Guía pionera para tratar de mejorar el seguimiento de las personas con trastorno mental que cometen delitos

El Gobierno regional, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía se unieron este viernes para presentar oficialmente una guía con la que pretenden mejorar la atención y el seguimiento de las personas con trastorno mental a las que se les imponen medidas de seguridad de internamiento en un centro tras cometer un delito. En los tres últimos años, según explicó el presidente Miguel Pasqual del Riquelme, los jueces de la Región han impuesto este tipo de medidas a 76 personas en la Comunidad.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, que presidió el acto junto al presidente del TSJ y el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, hizo hincapié en que este documento mejora la comunicación y coordinación entre la Administración de Justicia y la Administración sociosanitaria regional para determinar cuáles son los recursos sanitarios y sociales más adecuados en cada caso. «Beneficia sobre todo a los profesionales porque simplifica tomar decisiones que a veces no son fáciles», subrayó.

En la elaboración de esta guía, pionera en España, han colaborado técnicos de la Administración de Justicia, entre ellos titulares de la Fiscalía Superior, de la Audiencia Provincial, Jueces Decanos, Juzgados de lo Penal y Juzgados de Vigilancia, entre otros, y de la Comunidad, a través de la Dirección General de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud (SMS) y del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

Las medidas judiciales impuestas a personas inimputables con trastorno mental grave, adicciones o discapacidad intelectual pueden llevarse a cabo en unidades de hospitalización psiquiátrica, en comunidades terapéuticas de deshabituación o en centros residenciales para personas mayores, discapacidad intelectual o con trastorno mental. Desde diciembre de 2021 se han gestionado 37 casos de estas características: 12 recibieron respuesta del IMAS, 13 del SMS, y el resto la Administración Penitenciaria.

«Estas personas encuentran una Administración de Justicia en diálogo permanente con el sistema sociosanitario, preparados para encontrar el recurso más idóneo y la mejor asistencia terapéutica», remarcó Pasqual del Riquelme. El fiscal superior, por su parte, incidió en que este es un asunto «de máxima trascendencia» en que las instituciones participantes llevan años trabajando.

En este sentido, Pedreño informó de que se ha creado por primera vez un inventario de los recursos sanitarios y sociales disponibles y más adecuados para la ejecución de las medidas de seguridad de internamiento. De esta manera, «los jueces y fiscales pueden determinar con más facilidad qué centro de la Red de Salud Mental es el más idóneo para las personas que tienen que cumplir un régimen de internamiento», señaló el consejero.

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