Una redada de la Guardia Civil saca a la luz 60 nuevas desaladoras junto al Mar Menor
El Seprona imputa a 68 supuestos responsables de instalaciones y pozos ilegales, que en apariencia continuaban vertiendo el rechazo a ramblas
La avaricia rompe la capaza. No parece difícil de entender, aunque algunos son especialmente duros de entendederas. La promesa de rápidos y suculentos beneficios en la agricultura, no sin razón llamada el 'oro verde' de unos años a esta parte, sigue provocando que los administradores de grandes explotaciones radicadas en el Campo de Cartagena todavía incurran -con todo lo que ya ha llovido y lo que aún queda por descargar- en prácticas no solo ilícitas, sino injustificables desde cualquier punto de vista, como son la instalación y utilización de desaladoras clandestinas para abastecer de agua los cultivos. Luego llegarán las madresmías.
Una operación de la Guardia Civil, bautizada como 'Chancuatro', ha permitido desmantelar un nuevo entramado delictivo montado en torno a la desalación ilegal de aguas subterráneas, cuyo rechazo seguía siendo arrojado a los mismos pozos de los que se nutrían las instalaciones y, en otros casos, se vertía a ramblas que acababan desembocando en el Mar Menor, con la consiguiente afección ambiental a ese frágil ecosistema marino.
La investigación, que continúa abierta, se ha saldado por el momento con 68 personas imputadas por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, como consecuencia de inspecciones realizadas en 52 fincas agrícolas, que han permitido localizar y precintar 60 plantas desalobradoras y 42 pozos irregulares.
Se trata de la tercera gran intervención policial de estas características desarrollada en la comarca del Campo de Cartagena, tras las denominadas 'Chandos' -iniciada en 2019 y que concluyó con 63 personas investigadas por delitos medioambientales- y 'Chantres', desarrollada en 2020 y que culminó con la investigación de otros 23 implicados.
La investigación ha vuelto a centrarse en el análisis de la documentación intervenida a la empresa que se encargaba del montaje y mantenimiento de las desalobradoras
A estas redadas hay que sumar las diligencias penales que se viene desarrollando en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia desde hace cuatro años, conocidas como 'Operación Topillo', en las que se investiga a unos sesenta responsables de importantes explotaciones agrarias por los vertidos de salmuera y nitratos al Mar Menor y al acuífero subterráneo.
Una firma de automatismos
El hilo seguido por los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se encuentra, una vez más, en el análisis de la abundantísima documentación que fue intervenida, durante un registro con autorización judicial, en la sede de una importante firma de dicada a las instalaciones eléctricas y a los automatismos. Esta mercantil se venía dedicando desde hace años al montaje de plantas clandestinas de desalobración para la agricultura, así como a garantizar su mantenimiento y funcionamiento mediante el suministro de productos desincrustantes. De ahí que las facturas y albaranes decomisados ofrecieran un valiosímo material para conocer qué fincas podrían tener en servicio, incluso a día de hoy, este tipo de instalaciones.
Tras el análisis de esa información, los especialistas del Seprona centraron su atención en 52 explotaciones y el pasado febrero desarrollaron un amplío dispositivo policial, en el que participaron técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en labores de apoyo y asesoramiento. Después de semanas de rastreos e inspecciones, el resultado ha sido el ya avanzado de 60 plantas desalobradoras y 42 pozos de captación de aguas en los que se detectaron todo tipo de supuestas irregularidades. Un total de 68 personas han resultado imputadas por su aparente responsabilidad en esos hechos, entre ellos varios responsables de la citada empresa de montaje de las desalobradoras.
Es la tercera gran redada que se monta tras la apertura del 'caso Topillo'
Los atestados han sido remitidos a las autoridades judiciales. Los responsables de este tipo de actuaciones pueden incurrir en un delito contra el medio ambiente, que se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, multas de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años.
La CHS tiene localizadas 330
Un portavoz de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) señaló este miércoles a LA VERDAD que ninguna de las 60 plantas desalobradoras incluidas en el atestado de la Guardia Civil puede considerarse totalmente 'nueva' para el organismo de cuenca, que desde el arranque de su labor inspectora ha localizado ya 330 instalaciones de ese tipo. De ellas, 191 se encuentran precintadas, 86 tienen en marcha un expediente sancionador y están pendientes de precintar y 53 han sido totalmente desmontadas.
