Ascienden a 63 los investigados por las desaladoras ilegales en el Campo de Cartagena

Agentes de la Benemérita, en una de las inspecciones llevadas a cabo en el Campo de Cartagena./Guardia Civil
Agentes de la Benemérita, en una de las inspecciones llevadas a cabo en el Campo de Cartagena. / Guardia Civil

El Seprona ha inspeccionado 67 fincas agrícolas y ha localizado y precintado 38 plantas desalobradoras y 35 pozos irregulares

LA VERDADCartagena

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación 'Chandos', desarrolló una investigación para determinar posibles causas de las afecciones medioambientales del Mar Menor, y que forma parte de las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia. Recientemente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita culminó la operación con la inspección de 67 fincas agrícolas, en algunas de las cuales fueron localizadas y precintadas 38 plantas desalobradoras y 35 pozos irregulares.

Hasta el momento, 63 personas han resultado investigadas como presuntas autoras de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Durante dos años, especialistas del Seprona de la Guardia Civil analizaron distinta documentación, entre ella, la intervenida en una importante empresa dedicada a instalaciones eléctricas y automatismos, con sede en la comarca del Campo de Cartagena, que permitieron centrar la investigación en numerosas fincas agrícolas sospechosas de albergar desalobradoras y pozos de extracción de agua ilegales.

En la primera semana de este mes, con un amplío dispositivo policial, dirigido por el Seprona y compuesto por unidades terrestres y aéreas de la Guardia Civil, en colaboración con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, se inició la explotación de la operación con la inspección de numerosas fincas agrícolas situadas en la comarca del Campo de Cartagena. Se llevaron a cabo un total de 67 inspecciones, fruto de las cuales fueron localizadas 38 plantas desalobradoras y 35 pozos de captación de aguas con diferentes irregularidades.

Nuevos 'modus operandi' para ocultarlas

Entre las desalobradoras localizadas se detectaron dos casos singulares por el modo de ocultación empleado para evitar su detección. Algunas de ellas se encontraban instaladas en zulos construidos en el subsuelo y camuflados, y otra se encontraba en el remolque de un vehículo con el que, al parecer, era trasladada con ligereza hasta cualquier punto de la finca para utilizarlo en distintos pozos y, simultáneamente, facilitaba su ocultación en almacenes o garajes alejados de la zona cuando no se usaba.

En cuanto a los pozos de extracción de agua, cabe destacar que algunos de ellos habían sido dotados con un imán que alteraba los resultados del contador volumétrico, otros carecían del citado contador y varios carecían de la correspondiente autorización administrativa que acredita su legalidad. Hasta el momento, la operación 'Chandos' culminó con la instrucción de diligencias como investigadas a 63 personas como presuntas autoras de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La Guardia Civil precintó la maquinaria objeto de la investigación y, por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, se obtuvieron muestras de agua para su posterior análisis. La investigación sigue abierta. Los autores de este tipo de hechos pueden incurrir en un delito, recogido en el vigente Código Penal, que se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. En caso de que pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales aumentan las cifras anteriores pudiendo castigarse las conductas con una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.