Las desaladoras estaban ocultas en zulos bajo tierra y con imanes para modificar la lectura de los contadores

Las investigaciones de los agentes del Seprona sobre esta presunta trama delictiva han permitido constatar, según un portavoz de la Guardia Civil, que la red estaba supuestamente impulsada por la mercantil de instalaciones eléctricas y automatismos -tres de cuyos responsables se encuentran entre los 68 imputados-, que ofrecía sus servicios a empresarios agrícolas de la comarca del Campo de Cartagena. Ofertaban desalobradoras y productos para eliminar la salinidad del agua subterránea, y de esa manera brindaban a los agricultores una forma eficaz de obtener suministro para los cultivos mediante la captación y tratamiento de agua de los acuíferos de la zona.

Conscientes, sin embargo, de los riesgos que asumían tras las distintas redadas que la Guardia Civil ha venido desarrollando en esa comarca, los presuntos infractores de la legislación medioambiental optaban por ocultar las desalobradoras, con casos tan singulares como esconderlas en zulos construidos en el subsuelo y que luego eran perfectamente camuflados y disimulados con el entorno. Otras, al contrario, se encontraban instaladas en remolques y contenedores móviles, con lo que se facilitaba su transporte hasta cualquier punto de las fincas de forma ágil.

Los especialistas del Seprona confirmaron además durante sus inspecciones que algunos de los pozos de extracción de agua habían sido dotados con un imán, con el objetivo de alterar las mediciones del contador volumétrico. Otras instalaciones carecían simplemente del citado contador y muchas de ellas no contaban con la correspondiente autorización administrativa que les permitiera acreditar su legalidad.