El Gobierno regional modificará seis leyes para agilizar la llegada de fondos europeos

El objetivo del departamento de Antonio Luengo es que las administraciones públicas, particulares y empresas de la Región accedan de una forma rápida y ágil a las ayudas europeas del fondo de recuperación 'Next Generation'. Aunque también se aprovecha este decreto para incorporar otras reformas legales que no están relacionadas con el paquete de las ayudas europeas, como son la pesca, las vías pecuarias, la cubierta vegetal y la navegación en el Mar Menor.

La Consejería lo justifica indicando que existe una demanda social que atender, debido a la conflictividad que generan, por ejemplo, las vías pecuarias que cruzan cascos urbanos y polígonos industriales.

El decreto ley de Simplificación Administrativa en materia de Medio Ambiente, Medio Natural e Investigación, al cual ha tenido acceso LA VERDAD, pretende agilizar trámites y plazos, optimizar los recursos materiales y humanos, y adaptar la legislación autonómica a la estatal. Con esta finalidad, se modifican las leyes regionales de Medio Ambiente, del Mar Menor, de Caza y Pesca, de Vías Pecuarias, de Montes y del Imida (el instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario). El documento ha sido elaborado con la participación de diferentes sectores y está listo para su aprobación por el Consejo de Gobierno.

El decreto, que tendrá que ser convalidado después por la Asamblea Regional, se basa en la urgente necesidad de modificar determinadas leyes para adaptarlas a la realidad post-Covid. Sostiene el Gobierno regional que el escenario actual obliga a tomar medidas legislativas que allanen y faciliten la percepción de dichos fondos europeos y de manera singular a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

Este departamento sabe que le van a llegar ocho líneas de ayudas y se prepara para no perder subvenciones por falta de tiempo para tramitarlas. De ahí la necesidad de acortar plazos y evitar un colapso, lo cual repercutirá también en los proyectos, inversiones y planes que tramitan otras consejerías y que precisan de informes de evaluación ambiental. Es la consejería más habituada a recibir y gestionar fondos de la UE, y al mismo tiempo espera reducir burocracia y liberar personal y medios para dedicarlos a la tramitación de las ayudas. Para ello se va a crear una unidad en el seno de la Administración regional, con personal externo, para gestionar los fondos 'Next Generation'.

Fuentes de la Consejería sostienen, a preguntas de LA VERDAD, que no habrá una merma en el nivel de protección de las zonas y espacios naturales, y que tampoco se eliminan trámites, sino que algunos plazos se acortan y otros se acompasan a la legislación estatal.

Es el caso de los cambios que se introducen en la Ley de Medio Ambiente, en la que se simplifican y agilizan trámites y plazos administrativos en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica. Es la parte más profusa del decreto, que incluye además una disposición adicional sobre la forma de tramitar los informes de repercusiones en la Red Natura 2000 de la Región de Murcia. La Consejería señala que se hace para «clarificar» el procedimiento y dar «mayor seguridad jurídica» a las empresas, particulares y organismos públicos que lleven a cabo obras, proyectos o explotaciones agrícolas y ganaderas susceptibles que afectan a la Red Natura, aunque la zona protegida se encuentre incluso a kilómetros de distancia.

Con motivo de la pandemia, el Gobierno regional acometió el año pasado una serie de reformas legislativas en materia de medio ambiente, urbanismo, vivienda y puertos para «acelerar la reactivación económica y responder con urgencia al nuevo escenario». Fueron reformas de calado y de alta sensibilidad social que se tramitaron por la vía rápida, lo cual suscitó las críticas de Ecologistas en Acción y de Huermur. En esta ocasión, la Asamblea decidirá si el nuevo decreto seguirá una tramitación rápida o será enmendado por los grupos parlamentarios, lo cual chocaría con la rapidez que se le quiere imprimir para no perder ayudas europeas.

El Gobierno regional señala que hay que seguir adaptándose al nuevo marco, y recuerda que el Ejecutivo central aprobó un decreto de medidas urgentes para poder ejecutar el Plan de Recuperación, con un marco plurianual financiero para 2021-2027.

La Dirección General del Mar Menor desarrollará la estrategia, pero la investigación sobre la laguna la llevará el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida). La Consejería considera que este tiene mayor experiencia en la captación de fondos europeos, por lo que estima urgente reformar dicho organismo y darle más competencias y herramientas para ejecutar estas ayudas, en especial las correspondientes a la transición ecológica y digital, y al impulso a la formación, la ciencia y la innovación.

Hasta ahora los estudios sobre la laguna los encargaba la dirección general a universidades y centros de investigación, y esa misión pasará al Imida. El departamento de Antonio Luengo considera que para revertir el proceso de deterioro que sufre el ecosistema es necesario contar con el Observatorio del Mar Menor lo antes posible, bajo la gestión del Imida. De esta forma, puede tramitar parte de los 200 millones de euros previstos para la recuperación del Mar Menor, de los que la mitad procederán del fondo europeo de recuperación y resiliencia. «De esta cantidad, 35 millones de euros están activos este año, de ahí la urgente necesidad de poner en marcha el Observatorio y la actividad medioambiental del Imida», recalca la Consejería.

Recuerda que la tarea principal del Observatorio consiste en coordinar las labores de control, seguimiento, evaluación y difusión de los indicadores de la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor y su Entorno. Asimismo, subraya que los responsables de ejecutar dichas labores serán las universidades y centros de investigación de la Región de Murcia. Los indicadores de gobernanza del Observatorio incluirán los informes semestrales o anuales sobre el Mar Menor, los eventos científicos organizados relacionados con las lagunas costeras y los actos culturales y conferencias.

La Región cuenta con 3.000 kilómetros de vías pecuarias (cañadas, veredas y cordeles), de los que 250 kilómetros discurren por zonas urbanas y polígonos industriales, atravesando numerosas ciudades. Son vías de dominio público sobre las que se ha ido edificando porque dependían de una clasificación genérica; o bien porque no estaban sobre plano, ni deslindadas, ni definidas en los planes urbanísticos, según explica la Consejería de Agricultura. Considera que esta situación ha derivado en numerosos problemas y conflictos para los ayuntamientos, particulares y empresas, por lo que introducirá una disposición en la ley para ajustar estas vías pecuarias al planeamiento territorial y urbanístico cuando discurran por suelo urbano o urbanizable. El objetivo es habilitar trazados alternativos a través de las calles que ya existen, con el fin de que se mantenga la continuidad de todas las vías que quedaron interrumpidas por las edificaciones.

La Consejería permitirá que los terrenos que hayan sido forestados pueden recuperar su uso agrícola, siempre que no se trate de zonas de alto valor ecológico. Las empresas y particulares que solicitaron subvenciones de la Unión Europea para forestar terrenos, comprometiéndose a protegerlos durante 15 años, podrán solicitar la conversión a la agricultura por dos vías: con una compensación económica a la Administración equivalente a las ayudas recibidas, o bien forestando otra zona similar y manteniéndola también 15 años.

La Consejería explica que se ha acogido a la legislación que ya existe en Castilla-La Mancha para estos casos. Este procedimiento permite ampliar instalaciones que ya existen, siempre que cuenten con un informe preceptivo de la Dirección General de Medio Natural. La Comunidad Autónoma registra una media de 30 peticiones anuales para llevar a cabo este tipo de reconversiones.

El decreto ley dedica gran parte de su contenido a modificar varios artículos y apartados de la Ley de Protección Ambiental Integrada de la Región para adaptarla a la normativa estatal, indica la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en lo referido a los procedimientos y plazos para resolver evaluaciones de impacto ambiental.

Junto a esto, incluye una disposición adicional sobre los informes de repercusiones en la Red Natura 2000. El Gobierno regional sostiene que se dará «mayor seguridad» a los particulares, promotores y organismos que lleven a cabo proyectos, obras, programas y planes en zonas que están fuera de la Red Natura, pero que pueden tener alguna repercusiones sobre aquella. Explica que se sabrán con mayor certeza si es preciso o no presentar un informe de afección y una declaración de impacto. Dado que pueden verse expuestos a una denuncia posterior, la práctica habitual hasta ahora es presentar tales informes en casi todos los casos.

Las órdenes de veda fluvial podrán ser plurianuales, y hasta un máximo de tres años. La Consejería modificará un artículo de la ley de Caza y Pesca Fluvial de la Región para dotar de una posible mayor amplitud temporal la vigencia de las ordenes de veda en materia piscícola, «una vez que la necesaria y obligada evaluación de sus efectos puede tener justificadamente un alcance temporal mayor», indica. Al mismo tiempo, garantiza mediante una disposición transitoria la aplicación prorrogada de las medidas de ordenación de las especies aprovechables más allá del límite temporal máximo establecido, solo cuando por circunstancias excepcionales no haya podido ultimarse la aprobación de la orden que reemplace a la anterior. La Consejería justifica la medida con que se necesita «mucha burocracia» para tramitar las órdenes de veda, y considera que con esta medida se puede liberar más personal para gestionar los fondos europeos.

El decreto eliminará los tres artículos de la Ley de Protección del Mar Menor (64, 65 y 66) referidos a la ordenación y gestión de la navegación en la laguna costera, que pasará al Estado. Como consecuencia de las discrepancias surgidas en la Comisión Bilateral, se acordó designar un grupo de trabajo para resolverlas. El pasado 29 de abril, de conformidad con las negociaciones previas, la Comunidad Autónoma se comprometió a suprimir los preceptos que deben cumplir las embarcaciones sobre velocidad en función de las profundidades, las características de los barcos a motor y el uso de combustibles;, así como todo lo relativo a los fondeos, que incluían además una lista de prohibiciones, el establecimiento de pasillos y la reducción de emisiones.

La Administración General del Estado, por su parte, se compromete a introducir previsiones en la normativa estatal en un sentido análogo al de los preceptos suprimidos.