Germán Teruel Lozano: «Los acuerdos de investidura apuntan a un cambio de régimen»

-¿Qué le parece el acuerdo suscrito por el PSOE con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez? Le pido una valoración general para después entrar en detalle.

-Son preocupantes desde una perspectiva constitucional. El PSOE de Sánchez ha cruzado el Rubicón. Y lo digo con plenitud de sentido respecto a la comparación. No hay que caer en hipérboles. No he dicho nunca, y espero no llegar a decirlo, ni que Sánchez sea un autócrata, ni que estemos en una dictadura. España es una democracia plena. Pero estamos empezando el camino hacia la degradación de nuestra democracia. La comparativa con César cuando cruzó el Rubicón tiene aquí sentido porque estos acuerdos apuntan a un cambio de régimen.

-¿Cuáles serían los principales rasgos de ese nuevo régimen?

-El modelo de convivencia y de organización democrática del 78 se enfrenta a profundas mutaciones. Hasta hace unos años hablábamos de la reforma constitucional, de la actualización de nuestro orden institucional y jurídico. Eso se ha abandonado totalmente. Lo que presentan estos acuerdos, claramente, es un intento de mutación de nuestro ordenamiento constitucional. Y digo mutación porque en lugar de hacer la reforma de la Constitución, que sería lo debido, se va a tratar de hacer por la puerta de atrás.

-¿En qué se basa para apreciar ese cambio de régimen?

-Donde es más evidente es en la perspectiva territorial, porque se traduce todo en satisfacer las demandas de los independentistas. La Constitución del 78 fue un acuerdo de todos también en cuanto a la organización territorial y se fijaron unas bases muy claras. Están en el artículo 2 de la Constitución: unidad de la nación española, reconocimiento de una amplia autonomía, amplísima, y solidaridad entre todas las comunidades. Sobre esos tres pilares se construyó el gran pacto constitucional del 78 y eso es lo que hoy se quiere desmontar por la puerta de atrás a través del mantra confederal o plurinacional, me da igual cómo lo llamen. No se trata de perfeccionar nuestra organización territorial federal basada en la unidad, autonomía y solidaridad, lo que exigiría cooperación entre todas las comunidades autónomas, un buen sistema de financiación para todas, un Senado como Cámara de representación de los territorios que funcione adecuadamente. En lugar de eso se va a un modelo confederal, de signo plurinacional, basado en relaciones bilaterales, privilegios territoriales y la disolución de la nación española en una pluralidad de nacionalidades. Los nacionalistas niegan que España sea una nación soberana y tratan de desactivar la unidad y la solidaridad interterritorial, dos de sus tres pilares, lo que lleva a la desnaturalización del segundo de los pilares, la autonomía, porque autonomía no es soberanía.

-Pero van más allá, se habla también de que vulneran la independencia judicial, la separación de poderes...

-Este pacto de investidura presenta dos grandes problemas. Por un lado, supone que el PSOE ha cruzado el Rubicón al firmar una serie de acuerdos que son una contradicción manifiesta con pilares esenciales de nuestro Estado de derecho, y en particular suponen un ataque directo a la independencia judicial. La amnistía es inasumible en un Estado democrático. Inasumible. ¿Puede un parlamento democrático garantizar la inmunidad jurídica a unos señores que han cometido hechos delictivos porque los hicieron por una motivación política? No lo podemos admitir. ¿Qué dirían si Trump ganara las elecciones y perdonara a los que asaltaron el Capitolio? ¿A que se rasgarían las vestiduras todos los que ahora aplauden esos acuerdos? ¿A que sí? Pues esto no es solo un perdón. Esto es una amnistía. Es decir, que estaba justificado lo que hicieron.

-¿Y qué opina de que una comisión parlamentaria vaya a controlar la actuación de los jueces?

-Decir que la actuación de los jueces se va a someter a supervisión o fiscalización por una comisión de investigación parlamentaria es lo que ha suscitado la reacción última de todos: el Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones de jueces y fiscales, la asociación de inspectores de hacienda, la de letrados judiciales.

-Es que el acuerdo con Junts sugiere o da a entender que se ha producido una persecución judicial por motivos políticos.

-Sí, y recoge que la comisión de investigación incluso podría exigir responsabilidades. Eso es incompatible radicalmente con la independencia judicial. Si un juez comete un acto ilegal en ejercicio de su jurisdicción, lo podrá sancionar disciplinariamente el Consejo General del Poder Judicial o podrá ser condenado por prevaricación judicial por un juez o tribunal, pero no puede haber una supervisión política de lo que decide un juez. Cuando en la Unión Europea vean ese párrafo se van a echar a temblar.

-¿Cuestiones de esa relevancia se pueden modificar solo mediante negociaciones y acuerdos bilaterales? Usted habla de privilegios judiciales, pero también se les conceden privilegios competenciales y fiscales.

-Y hay algo más que en Murcia no lo vemos, pero que sufren los que viven en Cataluña o en el País Vasco, y es el blindaje de las políticas de discriminación de los españoles en esos territorios. A mí me parece muy bien que el catalán tenga su cabida, es una lengua que hablan muchas personas. Lo que no me parece bien es que se pueda sancionar a un comercio por rotular en español. ¿Cuál es el gran problema? Que el Tribunal Constitucional ha perdido toda su credibilidad. En un Estado constitucional, este tribunal es la clave de bóveda que sostiene y preserva la Constitución como gran freno al poder. Desde que los partidos colonizan el Tribunal Constitucional de la manera que lo hacen se han desactivado buena parte de los contrapoderes. El Tribunal Constitucional lleva tiempo deteriorándose. Desde 2021 hasta ahora ha habido un intento muy evidente del Gobierno por controlarlo y lo ha conseguido. El PP también lo ha hecho mal con los nombramientos, pero a mí lo que me preocupa es que el Gobierno no tenga un contrapoder. Esto nos deja desamparados y eso es trágico.

-El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha propuesto denunciar en Bruselas esta situación, ¿Puede hacer algo al respecto la UE?

-Con respecto a los privilegios territoriales, Europa no va a poder hacer nada. Incluso sobre el referéndum de autodeterminación, si finalmente se hiciera, no va a decir nada. Pero Europa sí que va a empezar a llamar la atención sobre la parte que afecta al Estado de derecho, la ley de amnistía y la independencia judicial. Europa tiene una doctrina muy consolidada sobre esas cuestiones.

-Entonces, a su juicio, ¿qué solución tiene esto?

-Es necesario un cambio de actitudes políticas. Hay un libro muy bueno, 'Cómo mueren las democracias' (Daniel Ziblatt y Steven Levitsky), que dice que las democracias llegan a su fin tras un periodo de degradación, y para que no se degraden hay dos guardarraíles. Por un lado, respetar al adversario político. Y, por otro, la autocontención en el ejercicio del poder. Hay cosas que, aunque no estén prohibidas, no se pueden hacer. Por ejemplo, nombrar a mi ministro de Justicia magistrado del Tribunal Constitucional. Y hay un tercer elemento, los partidos políticos, que deben ser guardianes de la democracia y establecer cortafuegos con los extremos. En España, en cambio, desde la moción de censura los partidos políticos se han ido a los extremos y vivimos en un bibloquismo polarizado. El PP y PSOE han mejorado sus resultados. Sin embargo, estamos secuestrados por los extremos. El origen más reciente fue la moción de censura y la gran coalición Frankenstein a que dio lugar, como la llamó Rubalcaba. Después el PP se encamó con Vox. Ahora tenemos a los dos partidos mayoritarios encamados con los extremos que condicionan la gobernabilidad de España, cuando la mayoría de españoles votan a partidos moderados. Esto es muy peligroso para la democracia. Un amigo me decía, los romanizaremos, y yo le contestaba, no, acabaréis barbarizados. Es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez. Hay líneas rojas que se están traspasando y pueden generar una degradación profunda en nuestra democracia.