Garro dice que se violó la ley al no disolver la desaladora cuando estaba en causa para ello

Altos responsables de la Comunidad Autónoma habrían vulnerado la ley cuando en 2010 decidieron adquirir al completo la planta desaladora de Escombreras –después de que en 2006 ya se hubiera comprado el 51% de las acciones–, pues para ese momento la situación financiera del complejo era ruinosa y todas las auditorías advertían de que estaba en causa de disolución. En lugar de clausurar el negocio, como obligaba la legislación, la Administración regional, con el entonces consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, al frente de las principales decisiones, optó por hacerse con el 49% restante. Y no solo eso, sino que lo hizo asumiendo una serie de condiciones «leoninas» que las empresas del Grupo ACS habían suscrito entre sí poco antes, de forma que la Comunidad garantizaba el abono de 600 millones de euros por la explotación de la planta durante 25 años, produjera o no cantidad alguna de agua.

Eduardo Garro, quien fue el máximo responsable de la Intervención General de la Comunidad en esos años, admitió este martes todas esas circunstancias ante la juez de Instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro Prieto, cuando declaró como testigo. De hecho, según fuentes próximas a la investigación, llegó a señalar que hubo una clara vulneración de la normativa al no proceder a disolver la desaladora cuando ya existía causa legal para hacerlo.

En concreto, el alto funcionario indicó que el capital de la desaladora en esa época estaba ya 2/3 por debajo del capital social.

A la vez, explicó que «la gota que colmó el vaso» fue el conocimiento de que se habían asumido condiciones especialmente gravosas, como la citada cláusula 'take or pay', que dejaba al Grupo ACS en una posición de absoluto privilegio frente a la Administración regional. De hecho, se quedaba al margen de todas las dificultades y se garantizaba el cobro de cantidades millonarias.

Al tener conocimiento de esas circunstancias, Garro redactó un informe desde la Intervención General advirtiendo de las posibles irregularidades detectadas, y dijo que se había remitido también al Tribunal de Cuentas por si altos cargos del Gobierno murciano podían haber incurrido en responsabilidad personal contable.

Igualmente, dejó constancia de que, en los años previos, cuando se diseñó todo el entramado societario que iba a servir para adquirir esas instalaciones, y durante los cuales se desarrollaron todas las operaciones y negociaciones con los empresarios privados, nunca se le pidió dictamen alguno por el Consejo de Gobierno. Tampoco se realizó auditoría alguna para confirmar el valor real de las acciones de la desaladora, como habría sido preceptivo antes de proceder a adquirirlas.

Sobre la posible existencia de otros proyectos privados que hubieran acabado siendo asumidos por la Comunidad Autónoma, el antiguo interventor general señaló que no conocía ningún otro caso al margen de este.

También resultó reveladora la declaración prestada por otro testigo, Cirilo García, quien fue jefe de distribución de los caudales hídricos en el Ente Público del Agua (EPA). Afirmó que el coste real de la desalinizadora de Escombreras estaría en torno a 65 millones, lo que apuntaría al aparente uso arbitrario que se habría hecho de los recursos públicos de la Comunidad y que han dado origen a estas diligencias penales, en las que se investigan presuntos delitos de malversación de caudales en cuantía gravemente dañosa, prevaricación, fraude y fraude de subvenciones.

Esa estimación deja además en entredicho las manifestaciones de Valcárcel, quien aseguró que cuando en 2013 acudió a Madrid junto al entonces consejero Juan Bernal para negociar con el presidente de ACS, Florentino Pérez, calculaban que la planta había costado en torno a 111 millones y Pérez se la ofreció por unos 145, «porque no quiero ganar dinero, pero tampoco perderlo».

Cirilo García también indicó que en aquellos años no existían infraestructuras que permitieran llevar el agua desde la planta a los ayuntamientos que estaban firmando los convenios, salvo Cartagena, Murcia y Torre Pacheco.