Los ganaderos aprietan a la Comunidad para regularizar las granjas sin autorización municipal

El crecimiento de los pueblos y las ciudades de la Región ha terminado por engullir un número considerable de explotaciones ganaderas que, con el paso de los años, han visto como el desarrollo urbano acercaba calles y casas hasta sus puertas. El conflicto se encuentra en que las sucesivas revisiones y aprobaciones de los proyectos urbanísticos locales han modificado el uso del suelo donde se encuentran las granjas. Nacieron sobre un terreno rústico donde podían realizar su actividad, pero las modificaciones de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) convirtieron dichas superficies incluso en zonas residenciales.

Esta situación impide que los propios ayuntamientos aprueben los títulos habilitantes para estas granjas, que cumplen con las normativas ambientales o sanitarias, aseguran desde el sector, pero no con las que regula la ordenación del territorio.

En la práctica, estas instalaciones están consideradas por la legislación regional como 'fuera de norma o de ordenación'. Una solución pasaría por impulsar unas nuevas directrices sectoriales y un nuevo Plan de Ordenación Territorial de la Actividad Porcina, medidas que demandan los ganaderos ante la desfasada legislación actual.

Las tres principales organizaciones agrarias regionales (Coag, Asaja y UPA) trataron hace dos años de obligar a las administraciones a retomar la búsqueda de una posible solución, que pasaría por aprobar unas directrices supramunicipales. Ahora, las mismas tres entidades, junto a la Federación de Cooperativas Agrarias (Fecoam), han enviado una propuesta a la Consejería de Agricultura, para que sea este departamento el que dé el primer paso en la elaboración de un plan de ordenación y preste apoyo técnico a los consistorios con el fin de otorgar más seguridad jurídica a los ganaderos, que se exponen a sanciones.

Consideran que la situación actual «limita de forma muy importante al sector ganadero» por la falta de autorizaciones municipales «en muchas de las explotaciones», aunque no se especifica a cuántas afecta. Este problema «pone en riesgo la continuidad en el tiempo (de estas granjas), impide que se produzca el necesario relevo generacional en el sector y dificulta que se puedan acometer las actuaciones necesarias para la modernización y adaptación medioambiental de las explotaciones existentes», relatan en la misiva. Los intentos de alcanzar un acuerdo, el último contando con la Federación de Municipios, han sido infructuosos.

El bloqueo de estas licencias urbanísticas impide a estas granjas ampliar el número de cabezas de ganado o mejorar y ampliar sus instalaciones. Las organizaciones afirman que los «modernos sistemas de producción» de estas instalaciones «redundan a la hora de conseguir la compatibilidad entre la protección del medio ambiente, el mantenimiento de la actividad de las explotaciones ganaderas y la convivencia con viviendas y núcleos de población cercanos a las mismas».

El rechazo de la Consejería de Medio Ambiente a la ampliación de una granja de porcino en Fuente Álamo por la posible afección al Mar Menor y los acuíferos del Campo de Cartagena ha levantando polvo en el sector de la zona. El nuevo equipo que conforma desde el verano pasado este departamento del Gobierno regional formuló una declaración de impacto ambiental negativa, esgrimiendo la tesis que hasta ahora ha defendido la Confederación Hidrográfica del Segura, que considera perjudicial aumentar en la cuenca vertiente a la laguna la actividad ganadera. Esto ha derivado en la aparición de tensión y temor a partes iguales por la posibilidad de que la Comunidad rechace otros proyectos parecidos, que llevan años en cola esperando la autorización ambiental, con el mismo argumento que el organismo de cuenca.

Algunas fuentes apuntan a que generalizar esta decisión supondrá el bloqueo definitivo del sector en la comarca durante años, algo inasumible para una actividad ya regulada y controlada, defienden, por la ley del Mar Menor. Otras voces admiten que la aparición de más balsas de purines sin impermeabilizar o con vertidos en municipios de la cuenca no ayuda a limpiar la imagen del sector, como tampoco las reticencias a los cambios de algunos ganaderos, que no reconocen la necesidad de abordar mejoras en sus instalaciones impuestas por diversas normativas nacionales y regionales. Este tema será tratado, previsiblemente, en la reunión de la Mesa de Ordenación Ganadera con las organizaciones agrarias.