La Fiscalía urge a que se llame a declarar a Valcárcel en el 'caso Desaladora'

La Fiscalía Superior de la Región ha pedido al juzgado que hace un mes acordó abrir diligencias contra el expresidente de la Comunidad AutónomaRamón Luis Valcárcel que se le dé traslado de su denuncia por el caso de la desalinizadora de Escombreras y se le llame a declarar como investigado sin mayor demora. Aunque urge a que se realicen estos trámites, el Ministerio Público expone en su escrito que se le debe conceder un plazo no inferior a dos meses, desde que reciba la denuncia, para que comparezca como investigado.

Se trata de que durante ese tiempo pueda conocer en su integridad la denuncia presentada por la Fiscalía el pasado julio, en la que se indica que su actuación en torno al proyecto y ejecución de las obras de la desalinizadora de Escombreras puede ser constitutiva de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Además, añade un delito de fraude y otro de fraude de subvenciones.

Según fuentes de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia habría iniciado ya las actuaciones precisas para localizar al exmandatario regional y notificarle la denuncia en mano.

En el auto por el que el juzgado acordó abrir diligencias se acordó dirigirse al órgano jurisdiccional que tramita la causa principal por la desalinizadora, el de Instrucción número 5 de Murcia, para que le remitiera testimonio de las diligencias ya practicadas en el mismo, «incluyendo las declaraciones de la totalidad de los investigados». Y añadía que una vez con esos documentos en su poder, se acordaría lo procedente.

El Ministerio Público tiene solicitado desde el momento en que presentó su denuncia que se declare la complejidad de la causa y que se llame a declarar como testigos a varias personas, entre otros, al expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Salvador Fuentes Zorita.

Para la Fiscalía, aunque el escalón más alto de los investigados corresponde hasta ahora al que fue consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, no es posible pensar que Valcárcel no estuviera al tanto de lo que ocurría en torno al proyecto de construcción de dicha planta.

Las presuntas actuaciones ilícitas habrían consistido en implicar a la Administración en un proyecto que comenzó desde la iniciativa privada, con un presunto perjuicio para los fondos públicos que podría haber alcanzado los 600 millones de euros.