La Fiscalía actuará penalmente en la Región contra las empresas que no apliquen medidas de protección laboral
El fiscal jefe, Díaz Manzanera, alerta de que el año pasado, un periodo de pandemia, hubo 863 casos de lesiones por imprudencia, un 46,5% más que en 2019, cuando no había medidas anticovid
La Fiscalía quiere intensificar la persecución por la vía penal y administrativa de las infracciones sobre el área laboral y, fundamentalmente, cuando hay resultados de accidentes laborales, ya sea de muerte o lesiones. Así lo manifestó el fiscal jefe en la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, momentos antes de reunirse con los representantes de la Inspección Provincial de Trabajo, la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, la patronal Croem, los sindicatos UGT y CC OO y los cargos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según Manzanera, el objetivo del encuentro es mejorar la coordinación entre las instituciones implicadas en la prevención de los riesgos laborales y perseguir las actuaciones imprudentes.
«Vamos a aumentar la persecución de las infracciones de riesgo que corresponde al delito de omisión de medidas de seguridad en el trabajo, en el que no hay resultado de lesiones ni fallecimiento. Es muy importante la labor de controlar para perseguirlo por la vía penal cuando se da una situación de peligro ante falta de medidas de protección laboral».
Díaz Manzanera aportó los datos recogidos por la Fiscalía durante el año pasado en el que hubo en la Región de Murcia tres homicidios por imprudencia, cuatro menos que en el 2020, un año marcado por el inicio de la pandemia y la aplicación del Estado de alarma.
En lesiones por imprudencia, detalló, que hubo un aumento a pesar de la situación de confinamiento duro «y es lo que vamos a analizar esta mañana». En total, se produjeron 863 casos en 2021, por los 461 del año anterior. «El aumento sí puede estar justificado debido a la pandemia y también a la situación de confinamiento». Sin embargo, en la comparativa con 2019, periodo en el que no había pandemia, fueron 589 casos, lo que supone un 46,5% más (274 asuntos). «Debemos analizar el por qué se ha dado esta situación», recalcó.
Diez condenas
En cuanto a las investigaciones iniciadas en Fiscalía, se incoaron 14 diligencias procedentes de actas de infracción de la Inspección de Trabajo. «Trece de ellas fueron por resultados de muerte y una por infracción de peligro ante una posible omisión de medidas de seguridad», afirmó el fiscal jefe de la Región.
Desde la Fiscalía se redactaron 17 escritos de acusación por los 12 que se presentaron en el año 2020. Del total de casos, se consiguieron 14 sentencias del juzgado de lo Penal, de las que cuatro fueron absolutorias y diez acabaron con condena, cinco de ellas por conformidad con los acusados. «De todos ellos, cinco fueron casos de homicidio y nueve por lesiones. La pena máxima es entre 1 a 4 años, lo que sucede que normalmente se ha conseguido por vía de conformidad. Esto quiere decir que, atendiendo a las circunstancias atenuantes que normalmente se dan como puede ser la reparación del daño, la media de condena no ha superado los dos años con la posibilidad de suspensión al no tener antecedentes penales, pero que si se vuelve a delinquir en ese tiempo se procede a cumplir la pena». Por último, los sectores productivos relacionados con estas sentencias son el de la construcción, con seis casos; industria, con cinco supuestos; el sector servicios, con dos, y el agrícola, con uno.
Durante el encuentro también se abordó la persecución de la explotación laboral en el sector agrícola de trabajadores, tanto de ciudadanos de nacionalidad española como extranjeros.
