La Fiscalía acusa a la exalcaldesa de Moratalla de soslayar ilegalmente la decisión de un tribunal de oposición

Cándida Marín. / javier carrión
Cándida Marín. / javier carrión

La querella establece que se atribuyó competencias que no tenía para contratar a una aspirante en contra de la que había acreditado más méritos

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Las supuestas maniobras ilegales efectuadas a finales de 2015 por la entonces alcaldesa de Moratalla, Cándida Marín, con el aparente objetivo de modificar la decisión de un tribunal de oposición y favorecer arbitrariamente a una candidata en contra de la ganadora, le acaban de costar una querella de la Fiscalía Superior de la Región por un presunto delito continuado de prevaricación. El Ministerio Público también arremete contra la aspirante que resultó contratada de manera supuestamente irregular.

En su relato de hechos, el fiscal se refiere a la convocatoria que se hizo en octubre de 2015 para cubrir el puesto de responsable del Centro Local de Empleo para Mujeres y Jóvenes, al que se presentaron dos candidatas. Después de dos reuniones, el tribunal calificador otorgó la mayor puntuación a la aspirante A. M. F. G. frente a M. B. L., por 15 puntos frente a 14,12.

Fue entonces cuando en apariencia intervino la entonces primera edil y hoy de nuevo candidata a la alcaldía de Moratalla por IU, Candi Marín, quien concertó una reunión con los miembros del tribunal y, «con el propósito de favorecer a M. B. L. y prevaliéndose de su condición de alcaldesa», propuso modificar la puntuación del apartado de experiencia profesional por entender que era «desproporcionada».

Los integrantes del tribunal calificador no solo se negaron, aduciendo que ello suponía desvirtuar el resultado de la oposición, sino que además levantaron acta e hicieron constar la exigencia de la regidora. Algo que volvió a ocurrir al día siguiente, cuando Candi Marín les volvió a convocar con el mismo propósito.

Finalmente, el tribunal ratificó que la ganadora del concurso era A. M. F. G., lo que llevó a la otra aspirante a pedir la revisión de su baremación y a reclamar que se le facilitara el acceso al expediente de su rival. Esto último, según el fiscal, era algo que en absoluto estaba respaldado por normativa alguna.

Nuevas alegaciones

Cuando el tribunal rechazó estas alegaciones, la primera edil propuso supuestamente a M. B. L. que hiciera un escrito a la alcaldía y, en base a ello, «y arrogándose una competencia de la que carecía», Candi Marín le concedió el acceso al expediente de A. M. F. G. y le otorgó además un día de plazo para formular nuevas alegaciones.

Aprovechándose de ese «indebido y extemporáneo trámite de alegaciones», M. B. L. mostró su desacuerdo con la valoración de los méritos de la otra candidata y pidió que interviniera «personal experto y ajeno al tribunal para resolver el proceso de selección». Marín habría solicitado entonces la intervención de un abogado externo al Ayuntamiento, quien emitió un informe jurídico proponiendo que el escrito de la aspirante fuera considerado un recurso de alzada y lo resolviera la alcaldía. Y Candi Marín, pese a ser advertida por la secretaria municipal de que podía estar dictando una resolución contraria a Derecho, le acabó otorgando el puesto de trabajo a M. B. L. en contra de la que en origen había resultado ganadora. Cuando la perjudicada recurrió ante los tribunales contencioso-administrativos, estos le dieron la razón y anularon las decisiones adoptadas por Marín por no tener respaldo legal alguno.

Ahora, la Fiscalía ha actuado por la vía penal y propone abrirle diligencias por presunta prevaricación.