La Fiscalía abre diligencias por las presuntas irregularidades en la compra de prótesis vasculares en el SMS

La Fiscalía de la Región de Murcia ya ha abierto diligencias para tratar de esclarecer si hubo un «fraude económico» en la adquisición de prótesis vasculares por parte de la central de compras del Servicio Murciano de Salud, tal y como apunta un informe de la Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Consejería de Salud. Los inspectores detectaron que el coste de unos tapones de embolización utilizados en radiología intervencionista se habían disparado en 700.000 euros entre 2022 y 2023, debido presuntamente a que se facturó «un producto con un precio más elevado que el utilizado». La Consejería elevó este informe de la Inspección a la Fiscalía el pasado viernes, y fuentes del Ministerio Público confirman a LA VERDAD que la investigación ya está en marcha tras la apertura formal de diligencias.

El fiscal tendrá que determinar ahora si aprecia indicios de delito en unos hechos por los que Salud ha suspendido cautelarmente a tres funcionarios: un radiólogo intervencionista de La Arrixaca y el jefe de servicio y un jefe de sección de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI). También tendrá que dar explicaciones la empresa proveedora de las prótesis, que achaca lo sucedido a «un error administrativo» en la codificación del producto.

Los tapones de embolización son un producto muy utilizado en radiología vascular intervencionista. Su precio, dependiendo del modelo y tipo de tapón, puede oscilar entre los 300 y los 1.500 euros. El Servicio Murciano de Salud desembolsó 400.000 euros en 2022 por un modelo concreto de estas prótesis destinado al área I de salud (La Arrixaca). En 2023, el coste superó el millón de euros. En principio, y según se desprende de la información facilitada por la Consejería, el incremento -de unos 700.000 euros- obedecía a que se había elegido un producto distinto y más caro. Pero los inspectores observaron un «presunto fraude»: las prótesis facturadas eran más caras que «el producto utilizado». La Consejería de Salud ha informado únicamente de una facturación presuntamente irregular en 2023, pero la propia empresa proveedora, Logimed, aseguró a LA VERDAD que hay también facturas correspondientes a 2024 que Salud ha rechazado.

Las presuntas irregularidades tienen especial trascendencia porque dos de los funcionarios apartados eran hasta ahora máximos responsables de la UAI. El jefe de servicio llevaba al mando de esta unidad desde su puesta en marcha, en el año 2010. Desde esta central de compras se gestionan anualmente más de 27.000 operaciones. Solo el año pasado se tramitaron compras por valor de unos 135 millones de euros, de acuerdo a los datos facilitados por la Consejería. Aunque este departamento insiste en que «no hay actualmente» otros contratos bajo sospecha, lo cierto es que esta semana ha iniciado una auditoría que repasará «los procedimientos de autorización, catalogación, compra, facturación y pago del material implantable y fungible» aplicados durante los últimos cuatro años.

La Consejería de Salud informó el pasado viernes de la elevación a la Fiscalía de las presuntas irregularidades, pero ningún responsable de este departamento ni del Servicio Murciano de Salud (SMS) compareció para dar explicaciones hasta que este miércoles los medios pudieron preguntar al consejero de Salud, Juan José Pedreño, durante un acto. «En un momento se detecta un incremento en la facturación de un producto, se hace una serie de investigaciones y el informe que realiza la Inspección se emite a la Fiscalía para que continúen las investigaciones», explicó Pedreño.

La Consejería señala que todo lo relacionado con este caso es «información reservada» bajo investigación, así que, de momento, hay muchas preguntas que siguen en el aire. Entre ellas, qué procedimiento se llevó a cabo para la contratación de estas prótesis vasculares. El SMS adjudicó a Logimed en 2018 el suministro de prótesis durante dos años, por 40.490 euros. El contrato era prorrogable por otros dos años. No consta que las compras de 2023 se realizaran mediante un procedimiento de licitación. La empresa proveedora asegura que el concurso de 2018 se refiere a otro tipo de prótesis vascular. Salud se limita a señalar que las compras se realizaron «de acuerdo a la legislación vigente».

Sobre qué controles se establecieron en este caso y, en general, en los contratos menores para adquisición de materiales o productos sanitarios, Salud se remite, de nuevo, a la legislación vigente.

El último informe de auditoría al SMS, realizado en el marco del Plan de Control Financiero de la Intervención General de la Comunidad, advertía de que «no consta» la existencia de «un sistema o protocolo de control que impida que las compras de los diferentes centros no se realicen a los proveedores concertados y de conformidad con los precios establecidos al efecto». Este documento, que adelantó LA VERDAD, también apuntaba a las «debilidades en la gestión de las existencias». El abuso de contratos menores ha sido asimismo señalado en diversos informes de la Intervención en el pasado, y el Tribunal de Cuentas apuntó este verano en un duro informe al incumplimiento de los preceptos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en las derivaciones de pacientes a centros concertados desde La Arrixaca.

Las presuntas irregularidades en la central de compras del SMS y en el servicio de Radiología intervencionista de La Arrixaca han sacudido tanto este hospital como Habitamia, la sede del SMS. El Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS) cuestionó el miércoles la suspensión cautelar de los funcionarios presuntamente implicados «sin esperar al expediente disciplinario». Mientras, en La Arrixaca hay jefes de servicio que también cuestionan las actuaciones cautelares contra el radiólogo. LA VERDAD ha tratado de conocer la versión de los funcionarios apartados, pero no ha obtenido respuesta.

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