El fiscal reclama diez años para un promotor por un supuesto fraude fiscal de cinco millones
El constructor murciano, que promovía una urbanización en Hellín, se habría concertado con otro empresario para ocultar el dinero no satisfecho a Hacienda
Las vicisitudes por las que fue atravesando el magnífico proyecto urbanístico que años atrás se impulsó en un paraje idílico de Hellín (Albacete), y que acabó yéndose al traste en 2009 y dejando tras de sí a decenas de clientes perjudicados, amenazan ahora con arrastrar a prisión al promotor murciano Pedro Antonio G. P., propietario y administrador único de la compañía Cleyton Ges SL. No en vano, la Fiscalía le pide nada menos que diez años de cárcel por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, por haber eludido supuestamente el pago de más de cinco millones de euros al fisco y haber realizado diversas maniobras con el aparente fin de ocultar ese dinero.
El escrito de acusación, redactado por el fiscal especializado en delitos contra la Hacienda Pública, Rafael Pita, pone de relieve que la firma Cleyton Ges SL había promovido la construcción de viviendas en el paraje de La Higuerica de Hellín, por lo que poseía diversos bienes inmuebles, aunque estaban fuertemente gravados en favor de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
En febrero y marzo de 2012, con motivo de los procedimientos de ejecución hipotecaria que se seguían en los juzgados albaceteños, se dictaron sendos decretos por los que fincas de Cleyton Ges fueron adjudicadas a otras dos mercantiles, por importes de 35 millones de euros y de casi 7 millones, respectivamente.
El Ministerio Público solicita la imposición de multas que suman 51 millones de euros
Sendas transmisiones devengaron un Impuesto del Valor Añadido (IVA) de 6,3 millones, en un caso, y de 1,2 millones, en otro. Por lo que respecta a este último, la cuantía se abonó a Hacienda, pero no habría ocurrido lo mismo en lo referente a los 6,3 millones.
Pese a que la firma adquirente entregó dos cheques a Cleyton Ges SL, por ese importe total, Pedro Antonio G. P. declaró de forma presuntamente ilegal un IVA soportado y, por lo tanto, deducible de 6,1 millones.
En realidad, según el acusador público, la única cantidad que realmente podía ser deducida ascendía a 590.000 euros. De manera que el presunto fraude cometido superaría los cinco millones.
«Con la idea premeditada de que la Hacienda Pública nunca pudiera cobrar ese IVA y poder enriquecerse ilícitamente con esas cuotas tributarias, trató de ocultar ese dinero y, a tal fin, se puso de acuerdo con Enrique R. O., quien se encontraba al frentre de la mercantil Lauara Europea SL». Siempre según el relato del Ministerio Público, los dos cheques por importe de 6,3 millones que había recibido de la compañía adquirente de la finca se ingresaron, no en las cuentas de Cleyton Ges, sino en las de Lauara Europea. Desde ahí fue, más tarde, saliendo en forma de reintegros en efectivo, transferencias, cargos de cheques...
Para justificar el ingreso de los dos cheques en las cuentas de Lauara Europea, los dos acusados se habrían puesto de acuerdo para simular que ello respondía al pago de unos trabajos -en apariencia, ficticios- que esa firma habría realizado en la urbanización de Las Higuericas de Hellín. Los contratos suscritos y la factura expedida, según el fiscal, demostrarían que no se acometió ninguna de tales obras y que todo consistió presuntamente en una operación simulada para desviar el dinero. De ahí que a la acusación de fraude fiscal se sume la de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
En base a estos hechos, el Ministerio Público reclama diez años de cárcel y multa de 31 millones de euros a Pedro Antonio G. P. por esos tres delitos, mientras que para Enrique R. O. reclama cinco años de prisión y multa de veinte millones. El juicio se celebrará en los próximos meses.
Un fiasco que llevó a intervenir al Gobierno británico
El fiasco de la urbanización Finca Parcs de Las Higuericas, que promovía en Hellín la empresa murciana Cleyton Ges SL, motivó incluso la intervención del ministro de Asuntos Europeos del Gobierno británico, David Lidington, que no dudó en reunirse con las decenas de clientes damnificados -en su mayor parte ingleses- por la paralización de las obras.
Los compradores de viviendas en este residencial comenzaron a hacer entregas de dinero en 2005, hasta que en 2009 el constructor abandonó el proyecto, dejando la urbanización con solo 36 viviendas acabadas de las 617 previstas. Los afectados se constituyeron en asociación y protagonizaron gran cantidad de protestas, en las que el grito más repetido era: «'No house, no money'».
Finalmente, en junio de 2012, un juzgado de Hellín falló en favor de los damnificados y condenó a Cleyton Ges y a la CAM a reintegrar 1,5 millones de euros a 55 compradores, además de los intereses legales y las costas del proceso. Además, la sentencia declaró resueltos otros 55 contratos suscritos por otros tantos compradores.
