Familiares de las víctimas de la tragedia de Atalayas exigen que no se cierre la instrucción sin exigir responsabilidad municipal

«Deseo que se vea que la justicia nos tiende la mano y eso no está pasando». Jairo Correa habla con dolor pero con contundencia. Este colombiano es el padre de Leidy Paola, una de las fallecidas en la tragedia de Atalayas que se cobró la vida de 13 personas en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en Murcia. Hace dos años que esta familia recibió un terrible audio en el que la joven les avanzaba la peor de las noticias -«Mami, la amo. Me voy a morir» y la tristeza, asegura, no merma con el paso del tiempo. «Nosotros tuvimos la desdicha de escuchar la despedida de nuestra hija y se quedó ahí con nosotros. No nos deja vivir». Como tantos familiares de las víctimas, Jairo habla alto y claro exigiendo que se depuren responsabilidades a nivel municipal y que no se ponga punto y final a la instrucción judicial sin explorar esa vía. «Todo el mundo sabe desde el inicio que el principal culpable es el ayuntamiento».

Familiares de las trece víctimas del fatídico incendio se reunieron este jueves ante la Ciudad de la Justicia de Murcia para denunciar la falta de atención y para exigir a la Justicia la asunción de responsabilidades. «Espero que algún día se haga justicia«, recalcó Enrique, uno de los hijos de John Altamirano. »Que algún día recibamos una llamada diciéndonos que hay un culpable«.

Las víctimas de la tragedia estuvieron apoyadas nuevamente en este acto por los abogados Rosa Egea, José Manuel Muñoz y Pedro López Graña, que ejercen la acusación particular en su representación en este caso. La jueza del 'caso Teatre' dictó recientemente un auto en el que ampliaba tres meses más la instrucción fijando el próximo mes de enero como tope para culminar esta investigación, que ha estado plagada de declaraciones, periciales, informes... Las partes están pendientes aún, sin embargo, de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el recurso que plantearon las acusaciones ante la negativa de la instructora a que fuesen citados como investigados varios responsables municipales.

Muñoz aprovechó la ocasión para denunciar que «el juzgado está actuando como escudo» para el Ayuntamiento de la capital. «Es el obstáculo que estamos encontrando para obtener justicia en este sentido». Este letrado remarcó que «El juzgado no permite al acceso a que se exija responsabilidad a la Administración. Esta actuó de forma irregular y los funcionarios tendrán que responder sobre por qué permitieron que una actividad ilegal siguiese funcionando».

López Graña incidió, por su parte, en que «los familiares no tienen consuelo pero quieren que aflore la verdad y que los responsables asuman la responsabilidad». El letrado hizo alusión a las declaraciones que el alcalde de Murcia, José Ballesta, realizó en los días posteriores a la tragedia en las que aseguraba que se depurarían responsabilidades «caiga quien caiga» y recalcó que «es importante que se llegue al fondo del asunto». Egea sostuvo, por último, que «las familias no comprenden cómo se cierra la instrucción sin que se haya dado noticia del Ayuntamiento por parte de la Audiencia».

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