Familiares de dos fallecidos en Atalayas: «Las muertes se debieron a una negligencia por omisión»

«Consideramos que las muertes fueron provocadas por la negligencia; por la prevaricación por la omisión; por omitir y dejar pasar las normas de seguridad. Esto fue lo que llevó tanto a mi hija como a mi yerno a la muerte, junto con otras 11 personas que fallecieron». Jairo Correa, padre de la fallecida Lady Paola, no podía contener las lágrimas mientras enumeraba los motivos por los que, en su opinión, su hija murió en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros el pasado 1 de octubre.

Jairo exigió responsabilidades a las entidades, «que es, en este caso, el Ayuntamiento de Murcia, con las personas que estaban encargadas de aplicar la ley y las normativas de seguridad». Por su parte, Kelly, hermana de Kevin Alejandro, víctima mortal en el incendio, aseguró que el hecho de que todas las víctimas fueran latinas ha provocado que no se les haya dado la importancia que tienen sus muertes.

«Solamente fueron la noticia en el momento y el caso se olvidó. Pero no. Aquí estamos las familias para recordar lo que les pasó. Fue un accidente, sí, pero aquí hay responsables. Soy colombiana, mi hermano era colombiano y por eso no se ha hecho valer que las personas responsables se hagan cargo. Estamos aquí para ello».

Tras esta denuncia, el abogado José Manuel Muñoz, que representa a las dos familias, anunció que iba a presentar una querella contra el Ayuntamiento como responsable civil de un presunto delito de «prevaricación por omisión». En concreto, la querella va dirigida contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, el popular Antonio Navarro, y el anterior responsable de esta área, el socialista Andrés Guerrero. Además, la demanda también irá contra tres funcionarios encargados de la supervisión de los establecimientos: el jefe de servicio de Prevención de Incendios, el inspector del Servicio Técnico de Obras y Actividades y el jefe de servicio de Intervención y Disciplina de Actividades del Consistorio.

El letrado afirmó que el día 1 de octubre el local tenía que haber estado cerrado debido a un decreto que, por unas causas razonables, lo justificaba. «Lo que no está justificado es la paralización de ese decreto». Para el letrado, la manera de proceder en el proceso «responde a una forma de actuar y a un organigrama» llevado a cabo con esta discoteca.

«Existe una trama organizada que ha permitido que esta discoteca funcionara de forma continuada y de forma irregular, prácticamente, desde el año que abrió». Según el abogado, desde el Ayuntamiento se permitía que existieran multitud de expedientes, sin que ninguno de ellos estuviera acabado y dejaba que, con informes desfavorables, especialmente relevantes en cuestiones de seguridad, siguiera funcionando. Afirmó que, «a través de una estrategia, establecían que la actividad estuviera en funcionamiento, amparándose en una posibilidad que otorga una normativa, que permite el funcionamiento» del establecimiento «mientras haya abierto un procedimiento de legalización».

Temas

• Tragedia en las discotecas de Atalayas de Murcia