La comunidad educativa de la Región lamenta la falta de consenso de la reforma

El único punto de acuerdo entre la comunidad educativa de la Región sobre la 'ley Celaá es, precisamente, la falta de consenso con que sale adelante. Padres, docentes, sindicatos y patronales lamentaron este jueves que la nueva reforma de la enseñanza, la octava de la democracia, nazca sin diálogo ni un acuerdo de mínimos que garantice su continuidad a largo plazo.

Pese a la falta de consenso, el grado de rechazo y aceptación va por sectores. La educación concertada lleva semanas denunciando que la nueva ley asfixia su futuro y pone en peligro su pervivencia. En primer lugar, porque deja claro que la pública será el eje vertebrador y tendrá prioridad para la creación de nuevos centros y plazas. Además, prohíbe el pago de cuotas y pone nuevas condiciones a la admisión de alumnos, que estará determinada por criterios de equidad y por la proximidad del domicilio del alumno, lo que obligará a eliminar el distrito único. «Atenta contra la libertad de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos, pero no solo las de la concertada; todas estarán igualmente condicionadas», remarcó Alberto González Costea, presidente de Concapa, que el domingo sacará su denuncia a la calle con una caravana de protesta a la que se han sumado PP, Vox y Ciudadanos.

La rebaja del peso de la asignatura de Religión tampoco agrada en la Delegación de Enseñanza de la Diócesis, donde recuerdan que casi el 75% de las familias escogen esa materia para sus hijos, y que imparten 650 docentes en centros públicos.

La Federación de Padres de Alumnos (FAPA), en cambio, pone en valor distintos aspectos de la ley, como el mayor peso de los consejos escolares, la ampliación de la red de centros gratuitos de 0 a 3 años y la supresión de los itinerarios en la ESO. «Las familias ganan con su capacidad de decidir», remarcó su presidenta, Francisca López. El presidente de los directores de centros de Secundaria comparte la idoneidad de limitar las repeticiones de curso: «Está más que demostrado que la repetición de curso no conduce a la mejora del éxito escolar. Los alumnos necesitan refuerzo educativo», aseguró Raimundo de los Reyes. CC OO y el PSOE valoran que la norma se centre «en el éxito del alumnado, suprimiendo los estándares con un currículo por competencias más flexible y menos academicista», sostiene Nacho Tornel, de Comisiones Obreras. En Anpe, en cambio, creen que «la búsqueda de promocionar y titular de manera semiautomática quiebra los valores de esfuerzo y mérito, y no es la solución contra el fracaso escolar».

Para la patronal de las cooperativas, Ucoerm, «el incremento progresivo en el número de plazas públicas pone en peligro centenares de puestos de empleo».

También los colegios de educación especial sienten su supervivencia amenazada. La ley dice que en diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad, pero en el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ven muy complicado que así sea. «Los centros de educación especial tienen unas ratios muy bajas, especialistas, aparatos... que difícilmente llegarán a los colegios ordinarios. Los alumnos tienen que tener como mínimo las mismas garantías de atención de que disponen ahora», aseguró el presidente, Pedro Martínez.