Denuncian retrasos en los pagos judiciales de salarios y pensiones por la huelga de Justicia
Los graduados sociales advierten de que la «situación es caótica» y sugieren que se fije un mediador para solucionar el paro en los tribunales
Los graduados sociales tampoco esconden ya su preocupación ante la «situación caótica» en la que se ha sumido la justicia tras seis meses de sucesivas ... huelgas. El nuevo decano del Colegio de Graduados Sociales de la Región, Alfonso Hernández Quereda, advierte de que el pago judicial de indemnizaciones, salarios o incapacidades se está viendo retrasado, hasta cinco meses, por el 'impasse' que atraviesan los tribunales y que algunos asuntos clave, como los despidos, se hacen esperar ya dos años. «La justicia así –lamenta desde la sede del Colegio– deja de ser justicia».
Estos profesionales, que representan mayoritariamente a trabajadores y empresas ante los juzgados de lo Social, son un termómetro infalible para calibrar la realidad que se vive en estos órganos. Hernández Quereda hace hincapié en que la huelga de los letrados de la administración de justicia (LAJ) y, posteriormente, la de los funcionarios dejaron tras de sí «una cantidad tremenda» de asuntos aplazados y que, a día de hoy, únicamente se están viendo procedimientos por altas médicas o que afectan a derechos fundamentales –ya que están incluidos en los servicios mínimos–.
«Situación catastrófica»
«Esta paralización de la administración, unida a los perjuicios que ya dejaron tras de sí los meses más duros de la pandemia», ha generado una «situación catastrófica» que, recalca el decano de los Graduados Sociales, requiere cuanto antes una solución. Este profesional remarca que procedimientos como la reclamación de salarios o las peticiones de invalidez o incapacidad temporal se llegaban a resolver antes en medio año y ahora se postergan hasta dos años. Algo similar ocurre con los despidos y los procedimientos por sanciones o vacaciones, entre otros, para los que los murcianos deben armarse de paciencia.
Este colectivo advierte de que la situación actual, ante la cercanía de las elecciones generales del próximo 23 de julio, se podría «estancar hasta septiembre y octubre» y pone encima de la mesa una propuesta: el nombramiento de un mediador que, de forma urgente, ayude a desencallar el conflicto y a devolver la normalidad a unos juzgados que no dan más de sí. En el caso de que no lo consiga, el decano de los Graduados Sociales aboga porque se dicte un laudo de carácter obligatorio.
Estos profesionales tienen la mente puesta también en el día después, cuando el Ministerio logre resolver este asunto y los casos que esperan respuesta se cuenten por miles. «En la Región son necesarios, al menos, tres jueces de refuerzo para la jurisdicción social», subraya Hernández Quereda. «Así no se pueden poner al día de lo que hay atrasado».
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