Las defensas del 'caso Topillo' recurren en masa para tumbar el procesamiento
Descalifican el informe pericial de Luis Burillo y denuncian que solo se ha investigado una de las muchas posibles causas de la degradación ambiental del Mar Menor
Van a agotar hasta la última de sus balas para tratar de evitar el banquillo. Las defensas de los 38 propietarios y encargados de ... explotaciones agrícolas de la comarca del Campo de Cartagena procesados por la contaminación del Mar Menor han comenzado a recurrir ante la Audiencia Provincial, de manera casi unánime, el auto por el que el magistrado instructor Ángel Garrote inició hace dos semanas la fase preparatoria del juicio oral contra todos ellos, así como contra tres antiguos altos cargos de las administraciones regional y central: el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, la expresidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Rosario Quesada y quien fue comisario de Aguas, Manuel Aldeguer. Solo ayer fueron notificados a las distintas partes del procedimiento cerca de una decena de estos recursos de apelación, según han confirmado a LA VERDAD fuentes próximas al procedimiento, conocido como 'caso Topillo'.
Un anticipo del juicio
Los argumentos jurídicos que los letrados defensores plantean en sus escritos ya permiten avanzar, sin temor a equivocarse, cuáles serán las principales líneas que los encausados plantearán en un todavía hipotético juicio para tratar de evitar sus condenas.
Si la Audiencia Provincial no se deja convencer por los argumentos de los letrados, los agricultores irán a juicio
Para empezar, existe una casi total coincidencia de las defensas en resaltar el hecho de que estas diligencias solo se centran en los aparentes efectos contaminantes de los vertidos de nitratos procedentes de la actividad agrícola y, más concretamente, del uso de desalinizadoras ilegales que servían para obtener los caudales necesarios para regar. «La instrucción se ha focalizado en esta sola causa de la degradación de dicho ecosistema», señala la letrada Francisca Cánovas, quien lleva la representación de varios de los encausados y que reprocha al instructor y al fiscal que «de esta manera se trata de dar respuesta primitiva y simple a una cuestión compleja exhibiendo ante la sociedad un chivo expiatorio».
Esta defensa llega a identificar en su escrito hasta una decena de elementos de presión ambiental sobre el Mar Menor: puertos, usos militares, desarrollo urbano, relleno de terrenos, vertidos procedentes de la actividad minera, dragados marinos, pesca, salinas..., además de los nocivos efectos provocados por los arrastres de las DANA que han afectado en los últimos años a esa comarca.
Vertidos a un salmueroducto
La mayoría de los letrados defensores apuestan por negar la mayor, esto es, que sus clientes estuvieran usando las desalinizadoras y arrojando el rechazo a las ramblas o directamente al acuífero subterráneo. Pero aún en el caso de dar por supuesta esa posibilidad, recuerdan que fue la propia Administración la que construyó un salmueroducto destinado a evitar la llegada de ese rechazo a la albufera. Esta circunstancia «generó entre los usuarios de aguas desaladas la confianza legítima en que dicho vertido era inocuo para el ecosistema marino», insiste la citada abogada.
Conscientes como lo son todas las partes de este procedimiento de que la piedra angular de la acusación se encuentra en el informe pericial elaborado por el ecotoxicólogo Luis Burillo, en el que se fijan los caudales presuntamente desalinizados por cada desalinizadora clandestina y el rechazo que habría generado, son también muchos los argumentos con los que se trata de desacreditar su trabajo.
Y a las discrepancias con sus cálculos científicos y su método se suman críticas directas a su designación, en ocasiones por considerarlo poco imparcial. Así, se pone de relieve en algunos recursos que Burillo ha tomado parte como perito en un buen número de diligencias sobre delitos contra el medio ambiente, casi siempre manteniendo las tesis acusatorias del Ministerio Fiscal y de asociaciones ecologistas.
Con todo este arsenal jurídico, los recurrentes tratan de que la Audiencia Provincial tumbe el auto de procedimiento abreviado (equivalente al de procesamiento) recientemente dictado y ordene el archivo de las diligencias respecto de sus clientes. Si esta iniciativa legal no prospera, los más de cuarenta encausados en esta pieza principal del 'caso Topillo' se verán irremisiblemente abocados al juicio.
Violación del derecho al juez predeterminado por la legislación
Desde el punto de vista procesal cobra gran relevancia la alegación, también generalizada entre los abogados defensores del 'caso Topillo', de que en la instrucción de esta causa se habría vulnerado el derecho de los encausados al juez predeterminado por la ley. En concreto, lo que aducen para defender la nulidad de las actuaciones, es que la investigación, que se ha acumulado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, tendría que haberse desarrollado en los órganos de la jurisdicción en la que se produjeron los supuestos hechos delictivos, como serían los de San Javier o Cartagena. Y sostienen que no tiene sentido que se haya instruido todo el asunto como un mismo procedimiento, al negar que exista conexidad entre todos los hechos investigados, por lo que afirman que tendrían que haberse analizado de forma individualizada.
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