Las cuentas del aeropuerto de la Región de Murcia se enredan más

La Comunidad intentó evitar este revés a través de un acuerdo de mediación del administrador concursal, pero la Consejería de Fomento, el órgano sustantivo que debía tomar la decisión y que estaba en manos de Vox, dejó pasar aquella posibilidad. Antes que la mediación, dicha Consejería prefirió seguir con el proceso de liquidación que venía de atrás –y que luego fue anulado por el TSJ por motivos de caducidad– creyendo que sería mejor para las arcas de la Comunidad.

Entre noviembre de 2023 y julio de 2024, estando Juan Manuel Pancorbo al frente de Fomento, la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad insistió en varias reuniones y comunicaciones internas sobre los efectos adversos de una posible sentencia desfavorable a la Comunidad que la obligaría a desembolsar los 143 millones reclamados por la anterior concesionaria, ya que así estaban reconocidos en una orden de liquidación de 2019. Para el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid era coser y cantar, y su fallo es uno de los pocos casos que ha ganado Sacyr en el largo conflicto judicial que mantiene con la Comunidad desde 2013.

Aunque el Gobierno regional recurrirá la sentencia, esta no tiene efectos suspensivos, por lo que tendrá que abonar esa cantidad al administrador concursal, que después le será devuelta en gran parte en el proceso de liquidación. Aunque sea en cierta medida un dinero de ida y vuelta, eso no le evitaría problemas o tensiones presupuestarias y de tesorería. Según la sentencia, la Comunidad debe abonar ese dinero «en la cuenta bancaria intervenida de la concursada» (la exconcesionaria), más los intereses.

La anterior concesionaria capitaneada por Sacyr –que tenía como socios a Cajamurcia, CAM, Grupo Fuertes, Montoro e Hijos y Cementos La Cruz– se declaró insolvente, mientras que la Comunidad Autónoma se convirtió en el primer acreedor.

El sucesor de Pancorbo al frente de la Consejería, Jorge García Montoro, ¿pudo haber retomado la negociación? Cuando llegó, estaba sobre la mesa la presentación de una nueva liquidación, para evitar que volvieran a expirar los plazos, señalan en la Administración regional. Si se hubiera vuelto a abrir esa vía, había disposición para explorarla, apostillan.

Según la documentación a la que ha tenido acceso LA VERDAD, la posibilidad de un acuerdo de mediación que habría evitado la condena de los 143 millones estuvo al alcance de la Comunidad desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2024. Posteriormente, en julio, el administrador concursal propuso retomar las negociaciones, aunque ese mismo mes Vox salió del Gobierno regional y hubo cambio en la consejería.

Otras fuentes conocedoras del caso indican que hasta el último momento estuvo abierta la posibilidad de parar el golpe que ha recibido la Comunidad. Y que, de haberse llegado a un acuerdo, la demanda (el incidente concursal) habría sido retirada.

Según el borrador que se manejó entre noviembre de 2023 y julio de 2024 para tratar de llegar a un acuerdo, el balance final pudo haber diferido del que emana del fallo mercantil, según el cual Sacyr podría recibir entre 2 y 3 millones de euros. Como acreedor mayoritario, la Comunidad mantiene sus derechos sobre el aval que tuvo que afrontar. Es decir, recuperará el importe del aval, que está dentro de la masa concursal. No será en metálico, sino en especie: el valor de las propias instalaciones aeroportuarias.

Por la vía de la liquidación, la primera estimación arrojó un saldo de 36,3 millones de euros a favor de la Comunidad, de haber ganado la demanda en los tribunales, pero la reclamación fue anulada, por lo que hubo que iniciar otro proceso de liquidación.

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, declaró en abril en la Asamblea Regional, en la Comisión de Investigación sobre la fallida liquidación del aeropuerto, que su empresa estaba a la espera de ver cómo se resuelve el procedimiento de liquidación del contrato. «Nos hubiera gustado que hubiese sido rápida. Me consta que tan pronto como se acordó la resolución del contrato la Comunidad pudo hacer la liquidación, pero no lo hizo hasta 2019, y aún hoy, en 2025, siguen sin estar completamente liquidada». A renglón seguido, Manrique reveló que se estuvo a punto de llegar a un acuerdo. «Siempre hubiéramos preferido una solución acordada. En este sentido me consta que en el proceso judicial incluso se abrió la posibilidad de una mediación, y que se estuvo cerca de llegar a un acuerdo, pero finalmente no fue posible, y no por falta de interés de la concesionaria. Desconozco los detalles, porque es confidencial», manifestó en sede parlamentaria.

Vox criticó días atrás que el PP «no sabe gestionar y nos lleva a la ruina». Este partido recordó la promesa de los populares de que el aeropuerto «no costaría ni un euro a los ciudadanos y hoy se ha saldado con una pérdida millonaria en los tribunales», si bien en el tiempo en el que le tocó a Vox dirigir la Consejería de Fomento, no se alcanzó un acuerdo de mediación con Sacyr que podía haber evitado esta condena, indican diversos documentos.

En noviembre de 2023 hubo una reunión en la Consejería de Fomento con otras consejerías y la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad para analizar un posible acuerdo ante los efectos adversos que podía tener una sentencia desfavorable de 143 millones. Acto seguido, los Servicios Jurídicos remitieron el borrador del acuerdo a la Secretaría General de la Consejería de Fomento, por si tenía que hacer alguna observación, como paso previo a que lo firmara la abogada de la exconcesionaria. La secretaria general indicó que tenía que verlo antes con el consejero y que entendía la premura porque se llevaba mucho tiempo negociando. Añadió sin embargo que ellos, Vox, llevaban poco tiempo en la consejería y que se trataba de un tema importante. Servicios Jurídicos le pidió que lo agilizara todo lo posible porque de lo contrario «se perdían posibilidades de alcanzar un acuerdo satisfactorio para la Comunidad».

No obstante, hubo que esperar cuatro meses, y en otra reunión que tuvo lugar en marzo de 2024 afloraron las discrepancias. Fomento optó por seguir con el proceso de liquidación. Dijo no entender que se prefiriera alcanzar un acuerdo económico con la exconcesionaria. La posibilidad de mediación se cerró en ese momento y los Servicios Jurídicos insistieron en el riesgo de una sentencia condenatoria.

Cuando el TSJ anuló la liquidación que reclamaba la Comunidad Autónoma, el administrador concursal ofreció otra oportunidad para abrir una nueva negociación. La Consejería de Fomento le comunicó el 11 de julio a los Servicios Jurídicos que estos decidieran qué estrategia se debía seguir a partir de entonces. Fue el mismo día en el que Vox abandonó el Gobierno regional.