Cuatro exalcaldes declaran que el precio del agua desalada lo fijaba la Consejería

Sánchez, exalcalde lumbrerense; Jódar, antiguo alcalde de Lorca; Hernández, exregidor de San Javier; y Morales, que fue alcalde de Totana./ edu botella / agm
Sánchez, exalcalde lumbrerense; Jódar, antiguo alcalde de Lorca; Hernández, exregidor de San Javier; y Morales, que fue alcalde de Totana. / edu botella / agm

Sánchez, Jódar, Morales y Hernández coincidieron ayer en el juzgado en que desde la Comunidad les mandaron el borrador con las necesidades de caudal de sus municipios

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La Consejería de Agricultura, que por aquella época -entre los años 2006 y 2007- presidía Antonio Cerdá, era la que establecía las necesidades de agua de los distintos municipios y la que fijaba el coste que los respectivos ayuntamientos tendrían que abonar por los caudales que les aportaría el Ente Público del Agua (EPA), a través de la explotación de la desalinizadora de Escombreras. En ese hecho coincidieron los cuatro antiguos alcaldes del PP que comparecieron ayer, ante la titular del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, para prestar declaración como testigos en las diligencias del llamado 'caso La Sal'.

El primero en aportar su versión fue Francisco Jódar, quien durante años estuvo al frente del Consistorio de Lorca, y que explicó que fue en 2007 cuando suscribió un convenio con el EPA para dotar a su localidad de los caudales de agua que en apariencia necesitaba para los desarrollos urbanísticos previstos. El Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 2004, incluía 80 convenios para la construcción de decenas de miles de viviendas.

Tanto las necesidades de caudales, fijadas en torno a los 2,5 millones de metros cúbicos para el año 2010, como el precio de esos caudales, se establecían desde la Consejería, según aseguró el antiguo primer edil lorquino, quien aseguró no recordar con quién había mantenido los contactos en el EPA.

Le siguió en la comparecencia el exalcalde de Puerto Lumbreras y expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, quien llegó a la Ciudad de la Justicia muy sonriente y mostrando un intenso bronceado, adquirido durante su actual estancia en la costa este estadounidense. En su caso, señaló que el convenio del municipio lumbrerense con el EPA data de 2006, que era con José Manuel Ferrer con quien trataba en el EPA y acabó señalando, a preguntas de las partes, que durante su etapa como jefe del Ejecutivo regional ordenó el cierre y liquidación de ese organismo público.

José Hernández, el antiguo munícipe de San Javier, señaló que el convenio de su localidad se firmó también en 2006 y fijó el caudal en 1,5 millones de m3 para el año 2010, lo que consideró «un cálculo exagerado», muy alejado de la realidad, ya que no existían proyectos urbanísticos como para justificar esa cifra.

Por último, el exalcalde de Totana, Juan Morales, también reconoció que era el departamento de Cerdá el que mandaba los borradores del convenio estableciendo caudales y precios, indicó que para 2010 se fijó una necesidad de cinco millones de m3 y admitió que era el propio presidente de la Comunidad en aquellos días, Ramón Luis Valcárcel, quien impulsaba el proyecto del EPA. «Fue su portavoz, Benito Mercader, quien defendió esa iniciativa en la Asamblea», recordó.

Las diligencias del 'caso La Sal' tratan de establecer si altos cargos regionales se confabularon con empresarios privados, vinculados al Grupo ACS, para adquirir la desaladora de Escombreras a un coste especialmente gravoso para las arcas públicas. De ahí que se investiguen presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales, entre otros. Igualmente, se intenta determinar si la promesa de caudales de esas instalaciones sirvieron para soslayar la obligada autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a la hora de dar luz verde a nuevos desarrollos urbanísticos.