Cuatro acusaciones se suman al 'caso Balsa Jenny' en defensa de la laguna

La investigación abarca los presuntos delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales en la gestión de los residuos mineros de la antigua balsa, trasladados entre los años 2003 y 2005 desde las afueras de la diputación cartagenera de Llano del Beal al cercano vertedero Los Blancos. Se indaga sobre la contaminación de varias ramblas, del acuífero Cuaternario, del Mar Menor y de varios núcleos de población en estas dos décadas, por la dispersión de partículas contaminantes procedentes, presuntamente, de tres focos: el antiguo solar de la Balsa, el vertedero Los Blancos y unos caminos.

Además, los ayuntamientos de Cartagena y Los Alcázares han anunciado que pedirán su inclusión en el procedimiento judicial, en defensa de la protección de la laguna y como posibles perjudicados por los arrastres de materiales contaminados por metales pesados hacia distintos puntos de la cuenca. En el primer caso, el Consistorio actúa tras una iniciativa del PSOE, que fue enmendada por el gobierno municipal del PP (encabezado por Noelia Arroyo) para evitar las alusiones a que la Comunidad Autónoma debe acabar con la dispersión de residuos denunciada por la Guardia Civil; y en el segundo, por impulso del gobierno local del socialista Mario Pérez Cervera. A partir de ahora, ANSE y Ecologistas en Acción irán de la mano, a través del abogado de la primera asociación, José Manuel Muñoz Ortín. Mientras, Pacto por el Mar Menor estará representado por el letrado Eduardo Salazar.

De las diligencias ya formaba parte, además de la Fiscalía, Ecologistas en Acción. Su presencia ha resultado clave hasta ahora para el impulso de la causa, como acusación particular. También han sido determinantes los informes del equipo de Cartagena del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) sobre los riesgos para el medio ambiente y la salud pública, dentro de una investigación abierta hace ya nueve años. La causa arrancó por una denuncia del periodista José Juan Cano Vera, a quien representó, hasta que esta última persona decidió retirarse del caso, el letrado Diego de Ramón.

La Comunidad Autónoma, la Abogacía del Estado, el Ministerio para la Transición Ecológica, el Comité de Representantes del Mar Menor y otros seis ayuntamientos de la cuenca (San Javier, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo, La Unión, Murcia y Torre Pacheco) también fueron llamados a sumarse al caso por el juez.

En la providencia que dictó hace algo más de un mes, el magistrado basó su ofrecimiento de acciones en la obligación de «salvaguardar los derechos del Mar Menor que se hayan podido ver afectados por la actuación» de las mercantiles investigadas. Aludió así a la normativa aprobada en 2022 tras una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) Teresa Vicente y que reunió 600.000 firmas.

Por el momento, el Comité de Representantes del Mar Menor no puede personarse, ya que todavía no ha sido constituido. Su creación depende de que el Ministerio apruebe el reglamento de desarrollo de la nueva ley. Ante este hecho, fuentes conocedoras de la causa indicaron que se plantea solicitar su personación la comisión promotora de la ILP, entre cuyos ocho miembros están los mencionados Salazar y Vicente.

La invocación de la Ley de personalidad jurídica del Mar Menor en el 'caso Balsa Jenny' por parte del Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena ha llevado al Ayuntamiento de Los Alcázares y a Pacto por el Mar Menor a pedir también su personación en las diligencias abiertas por ese órgano en el 'caso Topillo II'. Once juzgados de Cartagena y San Javier llevan 39 causas similares sobre la contaminación del Mar Menor por vertidos de aguas con nitratos y salmuera desde fincas agrícolas que usaron desaladoras ilegales.

En su último informe, entregado al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena en agosto, el Seprona denunció la existencia de un foco de contaminación añadido a los del solar donde estuvo la Balsa Jenny, que ahora es propiedad de la Comunidad Autónoma, y al vertedero Los Blancos, que pertenece a Portmán Golf. Se trata de los caminos por los que transitaron los camiones para trasladar el millón de toneladas de residuos que había en la balsa. En esas sendas, según el Instituto Armado, fueron vertidas de forma irregular 15.890 toneladas de residuos, lo que supone un riesgo de contaminación de las ramblas, el acuífero, el Mar Menor y los pueblos cercanos por efecto del viento y de la lluvia.

El Seprona también ha advertido, en distintos escritos, de la existencia de lixiviados contaminantes desde Los Blancos por su deficiente impermeabilización. Además, en diciembre de 2022 avisó de que las obras realizadas por la Consejería de Medio Ambiente para sellar el antiguo solar de la Balsa Jenny, por orden del juzgado, agravaron el problema de contaminación.

Tres semanas después, el Gobierno regional continúa sin aclarar a LA VERDAD cuál es la situación del vertedero de residuos peligrosos y de la parcela autonómica. Tampoco indica si tiene conocimiento de la contaminación de los caminos detectada por el Seprona y si hará algo al respecto.

Mientras, Portmán Golf ha insistido ante el juzgado en que distintos informes técnicos aportados por ella acreditan que las obras de sellado y la restauración ambiental de Los Blancos están terminadas, conforme a lo dispuesto por la Consejería de Medio Ambiente; y que no hay escorrentías ni lixiviados, porque el depósito es estanco. Portmán Golf solicita el archivo de la causa. La presunta responsabilidad de la Comunidad Autónoma en lo referente a la Balsa Jenny fue objeto de una pieza separada, que el Juzgado de Instrucción 7 de Murcia archivó, previa petición de la Fiscalía.