Crece el temor ante los nuevos contratos que fija la reforma laboral desde el día 30
La incertidumbre existente en los sectores con un mayor peso de la temporalidad se refleja en una jornada de análisis con 200 directivos y asesores de la Región
Apenas faltan dos semanas para que entren en vigor los cambios en la contratación que ha introducido la reforma laboral del Gobierno de cara ... a reducir la temporalidad en el mercado de trabajo y se constata una clara preocupación en muchas empresas, cuando no un temor manifiesto, ante las exigencias que se establecen en el nuevo marco normativo. Sectores productivos muy marcados por la estacionalidad, como los que predominan en territorio murciano, caso del campo, la industria agroalimentaria, el comercio y la hostelería, van a ver alterada su forma de gestionar las plantillas. Y hay dudas sobre cuál es la mejor fórmula, entre otros motivos porque, a falta del desarrollo práctico, subyace una nebulosa interpretativa en los propios artículos de la ley.
Así lo constataron este jueves los 200 directivos de recursos humanos y asesores laborales de empresas que participaron en Murcia en una jornada de análisis, organizada por la Asociación de Dirección Humana, en colaboración con la Asociación de Directivos de la Región de Murcia y Enae Business School. Una cita que sirvió para tratar de arrojar luz sobre los cambios concretos de una reforma laboral que, tras ser publicada en el BOE el pasado 31 de diciembre, dejó un plazo de tres meses para el proceso de adaptación. Así que, desde el próximo 30 de marzo, el uso de la temporalidad será más reducido.
El magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo y catedrático del Derecho del Trabajo, Antonio Vicente Sempere; el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, también catedrático del Derecho del Trabajo; y el nuevo director territorial de la Inspección de Trabajo de Murcia, Fernando Vélez, fueron los intervinientes en la mesa de debate y los encargados de exponer sus puntos de vista sobre los aspectos novedosos, así como de responder a las preguntas del moderador, Juan Antonio Gálvez Peñalver, socio fundador de Gálvez Abogados Laboralistas y Asociados, y a a las cuestiones planteadas por los asistentes.
En sus aportaciones, trataron de una manera muy práctica los diversos aspectos de la aplicación de esta norma y su incidencia en materia de contratación temporal, los contratos fijos discontinuos, la aplicación de la norma a las empresas de trabajo temporal y las modificaciones en la negociación colectiva, entre otros.
Así, se plantearon diferentes escenarios posibles a partir de la premisa que se fija ahora de que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido, limitándose los anteriormente llamados eventuales a causas muy imprevisibles u ocasionales, es decir, por circunstancias de la producción (seis meses de duración) y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo. De hecho, el de obra o servicios, tan extendido durante años, queda ya eliminado.
Y el contrato de fijo-discontinuo será obligado para aquellos trabajadores que mantienen una relación estable con una compañía, aunque solo trabajen de forma temporal en periodos de actividad, algo que condiciona especialmente a las empresas de trabajo temporal (ETT).
«Acorde con la norma»
Sin embargo, al tratarse de materia de Derecho, se insistió en el incuestionable carácter interpretativo que existe a la hora de la aplicación. Aunque, como puntualizó Sempere, quien dejó claro desde el primer momento que no opinaba como miembro del Alto Tribunal, «se trata de ir acorde con lo que establece la norma».
Con todo, «las perspectivas desde la judicatura, la Inspección de Trabajo y la Universidad han servido para intentar aclarar cierta inseguridad jurídica que se desprende de esta última reforma laboral y permitir que las empresas puedan planificar sus actuaciones futuras con mayores garantías», concluyó Gálvez.
La labor inspectora ante un repunte de la temporalidad que alcanza al 29,8%
La tasa de temporalidad alcanzó al 29,8% de los trabajadores contratados en la Región de Murcia el pasado año, se trata de cuatro décimas más que el índice de 2020, según los datos que ofreció el director territorial de la Inspección de Trabajo. Esta tasa se sitúa por encima de la media nacional (25,1%) y, por supuesto, muy alejada del promedio europeo (13%), lo que enmarca el contexto en el que emerge esta reforma laboral. Fernando Vélez concretó con los datos del Consejo Económico y Social (CES), del que ha sido secretario hasta hace unas semanas, que el 22% de esos contratos duran menos de siete días. En este sentido, el nuevo marco laboral persigue reducir esos índices, por lo que la labor inspectora jugará una labor importante para vigilar el cumplimiento en función de la nueva regulación. Por su parte, el rector de la UMU, José Luján, alertó otra vez sobre la situación difícil a la que se enfrentan sus equipos de investigación sin los contratos por obras y servicios.
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