Coronavirus y paz carcelaria
La declaración del estado de alarma a causa del Covid-19 está afectando a la población reclusa y especialmente al numeroso colectivo de presos que padecen graves adicciones. Sin obviar el gravísimo problema que puede suponer que la pandemia acabe azotando con virulencia a la población reclusa, es interesante resaltar la incidencia que esta situación va a tener en el consumo de drogas dentro de las cárceles; una realidad que nadie se atreve a solucionar porque contribuye a la 'paz' carcelaria.
Como consecuencia del decreto, se han suprimido unos 'vis a vis' (familiares, de convivencia o íntimos) que, a la sazón, suponen la principal vía por las que la droga penetra impunemente en las cárceles; como también los permisos de salida, de los cuales los presos pueden regresar con la mercancía debidamente oculta en su organismo.
Aunque a cambio se han adoptado medidas 'compensatorias', ampliándose por ejemplo el número de llamada permitidas por interno (pasan de diez a quince semanales), o la gratuidad de las mismas para quienes tengan dificultades económicas, parece lógico pensar que si el control de esta lacra sanitaria se dilata en el tiempo, la desestabilización en las prisiones irá en aumento. Y si además la droga empieza a escasear, todo irá a peor, hasta el punto de poderse generar brotes de extrema violencia.
Por ello sería deseable que se atendiesen las demandas que desde los sindicatos de prisiones se vienen haciendo y se dotase a los funcionarios de más medios humanos y materiales. Pero también se deberán adoptar las medidas oportunas para atender debidamente a toda esa ingente masa de reclusos con graves adicciones y/o graves patologías psiquiátricas derivadas del consumo de estupefacientes. O sea, impulsar una asistencia sanitaria con más especialistas y que se faciliten los recursos farmacológicos precisos para paliar las graves consecuencias que esa abstinencia forzosa puede desencadenar.
