El contrato está vivo y la Comunidad sigue pagando

La realidad del impacto de la desaladora de Escombreras en las arcas de la Comunidad Autónoma supera a la «teoría» a la que aludió ayer el expresidente Ramón Luis Valcárcel. Las arcas regionales siguen soportando esta desaladora -paga con retraso- a través del contrato de arrendamiento que suscribió el Ente Público del Agua en el año 2006 con ACS, al que hay que sumar otro contrato de mantenimiento con Tedagua, perteneciente también al mismo grupo propiedad de Florentino Pérez. Subsiste el riesgo financiero de la operación para las arcas regionales, y, en tanto que no se cambie el contrato, el coste final llegará a esos 600 millones de euros cuando finalice el 'alquiler' leonino en el año 2034, en contra de lo que apuntó ayer Valcárcel.

Este atribuyó las decisiones al Consejo de Administración que presidía su entonces leal consejero Antonio Cerdá. Los 600 millones lo corroboran ACS -cuando presentó la reclamación judicial por impago- y los administradores del Ente Público. El escándalo estalló en febrero de 2013 cuando 'La Verdad' reveló el trasfondo de la desaladora. Todo se precipitó en noviembre de ese año, cuando este diario dio a conocer la reclamación de Florentino Pérez (en la imagen). No se llegó a ningún acuerdo con el presidente del Real Madrid. Todo sigue igual.