El Congreso tramitará por segunda vez la eliminación de los aforados

Joaquín Segado, Diego Conesa y Juan José Molina, antes de comenzar la sesión./Congreso
Joaquín Segado, Diego Conesa y Juan José Molina, antes de comenzar la sesión. / Congreso

Los partidos insisten en que es un privilegio desfasado y el PP pide extender esa medida a todos los gobiernos y parlamentos regionales

EFE / LA VERDADMADRID / CARTAGENA

El Congreso de los Diputados iniciará por segunda vez en dos años la tramitación de la propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia para suprimir la figura del aforado. Lo hará con la incertidumbre que genera la amenaza de disolución de las Cortes Generales el próximo día 23, que dejaría sin efecto lo aprobado ayer por mayoría en la Cámara Baja, como ya ocurrió en marzo. La convocatoria electoral del 28 de abril obligó a reiniciar el trámite en Madrid.

Excepto 21 diputados de ERC, Junts y Unión del Pueblo Navarro, que se abstuvieron, el resto apostó ayer por volver a tomar en consideración la iniciativa del Parlamento murciano para eliminar el aforamiento a sus 45 diputados y a los once miembros del Consejo de Gobierno, incluido su presidente, Fernando López Miras. Murcia sigue la estela de Canarias, única región donde ya no los hay.

La tramitación de la propuesta para la reforma de los artículos 25.2 y 33.7 del Estatuto pasa ahora a la Comisión Constitucional del Congreso para su análisis y debate en una ponencia. Se trata de un trámite lento. La iniciada el 12 septiembre de 2017 no llegó a ese paso cuando acabó la anterior legislatura.

La reforma del Estatuto decaerá de nuevo si Pedro Sánchez no logra un acuerdo de investidura

Conesa asegura que esta medida hace «efectiva la igualdad entre ciudadanos y representantes públicos»

Los cinco grupos de la Asamblea y los tres comisionados para la defensa de la propuesta -los portavoces del PSOE, Diego Conesa; del PP, Joaquín Segado; y de Cs, Juan José Molina- coincidieron en señalar que el aforamiento es un privilegio desfasado y que debe ser suprimido o limitado para avanzar hacia la regeneración democrática.

Para Molina, su continuidad supondría para los políticos el mantenimiento de un sistema judicial paralelo al ordinario y considerar a los jueces de instrucción como «peleles e influenciables». España, aseguró, es una «singularidad democrática» en esta materia, dado que «no hay nada parecido» en las democracias de su entorno. Además acabar con la figura del aforado es la «mejor manera de frenar la ola populista».

En el mismo sentido, Diego Conesa señaló que el objetivo principal es que los ciudadanos vuelvan a creer en la política: «Su eliminación permitirá hacer efectiva la igualdad de los representantes públicos y la ciudadanía ante la ley. Es una señal de ejemplaridad y empatía con los ciudadanos». Previamente acusó a PP y a Cs de frenar la reforma la pasada legislatura.

Su homólogo del PP defendió la medida, aunque reclamó que el Congreso abra un debate para reducir o limitar el número de aforados en el conjunto del país y evitar las diferencias entre comunidades. Según Segado, no tiene sentido que el presidente, consejeros y diputados de Murcia no estén aforados y «sí el señor Torra o el presidente de Valencia».

La diputada nacional del PSOE Marisol Sánchez Jódar advirtió, no obstante, que la reforma quedará en el aire si finalmente no hay acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y se convocan nuevas elecciones.

Vox mantiene sus amenazas al nuevo Estatuto

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, recibió en el salón de los Pasos Perdidos a la delegación de la Asamblea que, con Alberto Castillo al frente, defendió el cambio del Estatuto. Junto a los representantes de PSOE, PP y Ciudadanos, hasta Madrid también se desplazaron parlamentarios de Podemos y Vox.

Ese último partido defendió, por medio de su diputado Joaquín Robles, número dos en las listas por Murcia, el fin de los aforamientos. Pero aprovechó su turno para denunciar los «abusos» del proyecto de reforma completa del Estatuto, cuya tramitación en la Cámara Baja sigue pendiente. Avanzó que su partido se opondrá en Madrid al nuevo texto porque «aparecen nuevos privilegios para la clase política», entre los que citó la «memoria histórica» y la «ideología de género».