Las regiones del PP rechazan el déficit para 2024 y el Ministerio avisa de un ajuste más duro

Las catorce comunidades del PP, incluida la Región de Murcia, rechazaron este lunes el objetivo de déficit del 0,1% propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al considerarlo un agravio comparativo con el del Ejecutivo central, que se reserva un déficit del 2,9%. Molestó, sobre todo, explican desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, que ese dato se dé ahora, cuando en el caso de la Región de Murcia se lleva meses solicitando esa cifra, incluso por escrito.

Hay que recordar que Luis Alberto Marín hizo una previsión de déficit del 0,3%. La ministra aclaró al respecto que no está en contra de objetivos asimétricos, siempre que se compensen con que otras comunidades acepten objetivos más exigentes.

Montero destacó que ese objetivo de estabilidad (del 0,1%), que se lleva hoy al Consejo de Ministros, previsiblemente, será aprobado por el Congreso, pero si el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, lo echa para atrás con la esperanza de tumbar los Presupuestos del Gobierno central e ir a elecciones, el PP «se estará tirando piedras a su propio tejado». Según explicó, hay un informe jurídico de la Abogacía del Estado que dice que en ese caso entra en vigor el Plan de Estabilidad que el Gobierno central mandó a Bruselas en abril y que establece un objetivo de superávit del 0,2% para los ayuntamientos y equilibrio presupuestario para las comunidades. O sea, en ambos casos, por encima de lo que propone ahora el Gobierno (0,1% para las autonomías y equilibrio presupuestario para los ayuntamientos).

Por otra parte, la negociación bilateral con Cataluña enturbió la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, negó que haya habido hasta el momento negociación bilateral con el Govern sobre el sistema de financiación autonómica tras los pactos de Pedro Sánchez con Junts y ERC, que incluyen una condonación de la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 15.000 millones y la aspiración de los independentistas de alcanzar un concierto soberano con el Estado a la vasca. Los gobiernos del PP, como los de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Aragón, se han mostrado muy críticos con la ausencia de la consejera Natália Mas, miembro del gabinete de Pere Aragonès, y con su justificación de que no acude porque está negociando una financiación «singular».

Montero aseguró tajante que «no ha habido reunión bilateral», en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal; unas palabras muy medidas porque no quiso comprometerse a futuro y se negó a aclarar si se dará esa negociación entre dos en otro momento ni se pronunció sobre si podría haber un sistema de financiación especial para Cataluña.

El CPFF (donde tiene mayoría el Gobierno) aprobó la nueva senda de estabilidad presupuestaria, los objetivos de deuda y déficit para los próximos años cuando ya estarán en vigor las reglas fiscales europeas, con el voto en contra de las comunidades donde gobierna o cogobierna el Partido Popular.

La vicepresidenta lanzó una advertencia al PP: si veta en el Senado los nuevos objetivos de déficit -que dan un mayor margen de gasto a comunidades y ayuntamientos- se volverá a la senda comprometida con la Comisión Europea en el mes de abril, que era más dura que la aprobada ayer.

Respecto a la condonación de deuda autonómica, Montero dijo que se aplicará a todas las comunidades de régimen común, como figuraba ya en el acuerdo con ERC. Pero siguen sin definirse cifras. A partir de enero, Hacienda se reunirá con cada autonomía para hablar del cálculo, aunque la ministra no puso plazo para mandar la norma al Congreso de. En 2024, las comunidades recibirán los mayores recursos del sistema de financiación de su historia con 154.467 millones, lo que supone un incremento del 14,9% respecto a 2023, casi 20.000 millones más. Esa cifra incluye los 134.658 millones de las entregas a cuenta, un 8,3% más que en 2023, y la liquidación de 2022 (20.746 millones).

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó ayer que el Gobierno central dotará a los ayuntamientos de un 22,6% más de fondos económicos para el sistema de financiación del próximo año, lo que supone una dotación total de 28.557 millones de euros, 5.260 más que en 2023.

Esta dotación económica se realizará a través de las entregas a cuenta y la liquidación del año 2022, según explicó el ministro tras el Pleno de la Comisión Nacional de la Administración Local en el que participó también la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero.

Torres avanzó que los Presupuestos para el año que viene «se van a prorrogar», porque «la investidura ha sido prácticamente en diciembre y no hay tiempo material», lo que podría retrasar el abono de estos fondos a los ayuntamientos. Pero subrayó que desde el Ejecutivo tienen la voluntad de sacar los Presupuestos «cuanto antes» y de buscar mecanismos «extraordinarios» para que estos fondos anunciados lleguen también «cuanto antes» a las administraciones locales.

Por otro lado, Torres expresó su voluntad de convocar este órgano «las veces que sean precisas incluso más allá de lo que es su propio reglamento», ya que, a su juicio, es un órgano «fundamental» para la relación entre el Gobierno de España y los ayuntamientos. En la misma reunión, la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda señaló que existe voluntad en el Ejecutivo de extender hasta 2024 la compensación a los municipios de las liquidaciones negativas del año 2020, derivadas del impacto de la pandemia.

A esto se suma, además, la flexibilización para las administraciones locales del objetivo de superávit, que será del 0,2% en 2024, tal y como figuraba en el Programa de Estabilidad de abril. Esto permite a las corporaciones locales disponer de un mayor margen de gasto y de inversión, según el Ministerio.

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