La Comunidad sigue sin plan para cumplir el mandato de la UE sobre espacios naturales
Espera añadir pronto Coto Cuadros y zonas de Rambla Salada, mientras «estudia opciones» para tener blindado el 30% de zonas terrestres en 2030
La Unión Europea (UE) y la Asamblea Regional acaban de poner sobre la mesa de la Consejería de Medio Ambiente nuevos deberes relativos a la ... conservación y mejora de los espacios naturales protegidos y a la recuperación de las áreas deterioradas por las actividades humanas en la Región de Murcia.
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El pasado lunes, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza, para recuperar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas para el año 2030. Cada país debe elaborar un plan de cumplimiento, lo que llevó al Gobierno regional a exigir públicamente al central información sobre la financiación que habrá y los efectos en el sector agrario y ganadero.
En cuanto al Parlamento, el miércoles, en el Debate sobre el Estado de la Región, instó al Ejecutivo autonómico a desarrollar los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y los de gestión de los espacios de la Red Natura 2000. La propuesta partió de Podemos y fue apoyada por PSOE y también por el PP (no así por Vox, su socio en el Ejecutivo que preside Fernando López Miras). Entre los desafíos de la 'superconsejería' que preside Juan María Vázquez (incluye también Universidades, Investigación y Mar Menor) estaba ya el de alcanzar como máximo en 2030 la tasa de protección del 30% del territorio regional. Ahora llega al 25,4%.
El Gobierno regional también agotará el plazo de tres años establecido para aprobar la estrategia de restauración ecológica
Por el momento, el Gobierno regional carece de un plan de acciones para superar ese hito. «Desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática seguimos estudiando opciones para completar lo que falta hasta el 30%», señalaron a LA VERDAD fuentes de la Consejería. En la Secretaría Autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, cuya responsable es María Cruz Ferreira, recordaron que la Región tiene 288.448 hectáreas protegidas». Y añadieron que «habría que sumar las 1.300 hectáreas de la zona de Coto Cuadros que pasarán a estar protegidas en breve».
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Se refirieron así a la ampliación del Paisaje Protegido Humedal de Ajauque y Rambla Salada, en los municipios de Murcia y Santomera, conforme a una promesa electoral lanzada en febrero de 2023 por López Miras. Como adelantó este diario en febrero pasado, a los 1.200 hectáreas señaladas por el presidente se sopesa añadir terrenos de Fortuna y de Abanilla, como la rambla del Cantalar; parcelas de El Sanel y la rambla de Muzalé; sectores de Rambla Salada y suelos de la Zona de Especial Conservación del río Chícamo.
El Gobierno regional no llegará, sin embargo, a tiempo de atender una exigencia legal: aprobar su Estrategia de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica antes del 13 de julio de 2024. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dio tres años a las comunidades autónomas para replicar un modelo que, en su caso, le llevó a aprobar un programa de Trabajo trienal.
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Con esta iniciativa, la Fundación Biodiversidad, del Ministerio, financia dos proyectos: el Anillo Verde transformador de Molina de Segura, que cuenta con 3,8 millones de euros y en el que participan el Ayuntamiento, la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) y Ecologistas en Acción; y el Bosque Romano de Cartagena, de 3,6 millones y que agrupa al Consistorio, Anse, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono de Cartagena y el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la Región de Murcia.
A preguntas de este diario, en la Consejería aseguraron que la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática «está trabajando desde hace meses en la elaboración de la Estrategia» y que la situación es la misma en toda España. «Todas las comunidades autónomas se encuentran en la elaboración de sus estrategias autonómicas, no habiéndose concluido el proceso de aprobación en ninguna de ellas», afirmaron. Y comentaron que «se requiere de un importante despliegue de trabajo técnico que no está exento de complejidad, por lo que durante estos años la propia Administración del Estado ha venido desarrollando herramientas de carácter técnico, desde orientaciones metodológicas hasta producción de datos útiles».
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Ahora, proceso participativo
En la Comunidad indicaron que, desde hace más de un año, trabajan con el equipo científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC en el proyecto Medconecta, de desarrollo de un «modelo de delimitación de espacios continuos en el sureste de la Península Ibérica para maximizar la coherencia espacial de la infraestructura verde». Lo financia la Fundación Biodiversidad, con Fondos 'Next Generation' de la Unión Europea, e incluirá «en los próximos meses un proceso participativo para involucrar a ayuntamientos y agentes sociales y económicos».
«También se tratará de incorporar todo el acervo científico de los equipos investigadores de la Región, para que la Estrategia sea una herramienta que aporte soluciones muy adaptadas a la realidad de un territorio especialmente tensionado por la emergencia climática», argumentaron. Y subrayaron que los objetivos «no están orientados a definir una nueva red de áreas protegidas, sino a identificar los componentes de una red ecológicamente coherente de áreas naturales y seminaturales rurales y urbanas». Ello servirá para planificar «medidas de conservación, restauración de ecosistemas y renaturalización de entornos degradados».
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Ecologistas en Acción ve «excusas», avisa del riesgo de perder fondos y plantea un largo listado de zonas que pueden ser protegidas
Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción, lamenta la acumulación de demoras en múltiples asuntos y critica que la Consejería «ha hecho del desmantelamiento y del incumplimiento de la legislación ambiental una norma que nos terminará costando la desaparición y extinción de hábitats y especies en la Región de Murcia, y que traerá consigo inevitablemente sanciones». Añade que ampliar las áreas protegidas e impulsar proyectos de restauración es cuestión de «voluntad política» y de asignar recursos en el Presupuesto. «La Consejería ya tiene identificadas las áreas importantes para las aves esteparias, los humedales y los corredores ecológicos esenciales para el mantenimiento de la biodiversidad amenazada».
Cieza, Jumilla, Mazarrón...
El listado es amplio: «las áreas esteparias de Zarcilla de Ramos, en Lorca; el Picarcho y la Chiripa en Cieza; Albatana en Jumilla; y la ampliación de los humedales de Ajauque y Rambla Salada; los Saladares del Guadalentín; humedales del entorno del Mar Menor; la sierra del Algarrobo, en Mazarrón; las Sierras del Corque y el Lugar, en Molina de Segura; la ampliación de Almenara, en Lorca; Cabezo La Jara, en Puerto Lumbreras; las sierras de Santomera; y las de Quibas y Cantón, en Abanilla», apunta Vives.
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Sobre la Estrategia de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica, en Ecologistas ven las razones del Gobierno regional como «excusas y más excusas»; y advierten de que «puede perder financiación europea por su retraso en proyectos que requieran que la Estrategia regional se encuentre aprobada». Indican que la Ley de Patrimonio Natural fijó un plazo de tres años para aprobarla y que «si bien, al parecer, ninguna comunidad ha concluido el proceso de aprobación definitiva de su Estrategia, muchas ya disponen de un proyecto que ha sido sometido a información pública». Cita Andalucía, que lo tiene desde 2018, y Castilla-La Mancha, que ya sacó un proyecto de decreto.
«Con posterioridad, ninguno de los planes de la Red Natura 2000 aprobados ha incluido ni un solo metro cuadrado de área de amortiguación o corredor ecológico en torno a las áreas protegidas», añadió Vives.
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Disensiones en el seno del Gobierno regional por el apoyo a la ley
No parece muy clara la postura del Gobierno regional ante la normativa de la Unión Europea que exige ampliar el territorio natural bajo protección en la Comunidad. Así se desprende al menos del cambio de parecer de la consejera de Agua y Agricultura, Sara Rubira, que aseguró tras la reunión con el ministro, el viernes, que en el Ejecutivo regional «somos partidarios, no estamos en contra» de la ley. Sin embargo, tras las críticas de Vox, la propia Rubira reculó solo un día después dejando claro en redes sociales que «nos hemos opuesto a la Ley de la Restauración de la Naturaleza y sus consecuencias», haciendo un guiño también al campo. El vicepresidente de la Comunidad, José Ángel Antelo, quiso zanjar el tema en su cuenta de X ayer mismo: «Desde el Gobierno de la Región de Murcia nos oponemos TOTALMENTE en contra de esta porquería de ley», enfatizó. Y también quiso aclarar, avisando a navegantes, que «si algún miembro [del Ejecutivo de Fernando López Miras] se posiciona a favor es a título personal, alejado de la línea del gobierno Vox-PP».
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