La Comunidad pide indemnizaciones de 205 millones a Cerdá por el 'caso desaladora'

La Comunidad Autónoma ha reclamado indemnizaciones que suman casi 205 millones de euros a los acusados en el caso de la desalinizadora de Escombreras, en virtud de los perjuicios que habrían ocasionado a la Administración regional con el proyecto de construcción y adquisición de la planta y las obligaciones comprometidas con su arrendamiento.

Así se recoge en el escrito entregado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia que lleva esta causa, en la que figuran investigados, entre otros, un exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y un ex director general del Agua, Miguel Ángel Ródenas, así como una veintena de ex altos cargos, funcionarios y empresarios, junto con varias sociedades.

El letrado de la Comunidad reclama al juzgado que, debido a la «elevadísima cuantía» de las cantidades que se reclaman, se deben adoptar medidas cautelares para asegurar la responsabilidad pecuniaria que les puede ser exigida, lo que implicaría, caso de ser aceptada la solicitud, el embargo del patrimonio de los acusados.

De las sumas reclamadas, la de mayor cuantía es la relativa a las aportaciones presupuestarias hechas al Ente Público del Agua (EPA) y a la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur), que suman casi 120 millones de euros. Le siguen los 74,1 millones de euros en que se calculan los perjuicios futuros del contrato de arrendamiento de la planta.

Sobre ese contrato, suscrito con una empresa del grupo ACS por veinticinco años, se indica que la Administración regional se comprometió a pagar 600 millones aunque se resolviera el acuerdo.

El escrito comienza adheriéndose a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, en las que esta acusa por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, fraude de subvenciones y falsedad. Y añade que los acusados «incurrieron en arbitrariedad, excediendo sus conductas de la mera irregularidad administrativa», para añadir que los daños producidos a las arcas públicas se originaron al ignorarse la normativa administrativa en el diseño, construcción y explotación de la planta desalinizadora.

Para el letrado de la Administración regional, «la gestión indirecta de aquella habría sido la opción más lógica, atendiendo a las características del negocio».

En cuanto a los convenios suscritos por el EPA con varios ayuntamientos para recibir agua de la desalinizadora, dice el escrito que «las necesidades hídricas que en ellos se manifestaban no se sustentaban en estudios de ningún tipo». Sobre ese extremo recuerda que, según el acta del consejo de administración del EPA de junio de 2017, el entonces gerente de este órgano, Amalio Garrido, señaló que el estudio de la demanda por municipios «estaba en curso. Y ello pese a que era un aspecto clave para cumplir la anunciada condición de autofinanciable del proyecto».

Se afirma también que «los órganos de control de la Comunidad, como los Servicios Jurídicos y la Intervención General, fueron, sistemáticamente, dejados al margen de este tipo de decisiones, informes, proyectos y borradores de contratos, comprometiendo, no obstante, caudales públicos, en un claro acto de malversación de los mismos».

Y recuerda que se acudió al asesoramiento de bufetes privados, hasta el punto de que en 2007 se recibieron facturas de tres despachos de abogados, «cuya suma alcanza la astronómica cifra de 267.730 euros».

Sobre ese asesoramiento, el letrado critica que el director de uno de ellos, Andrés Santiago Arnaldos, investigado en esta causa, no se preocupara de que los fondos públicos fueran tratados adecuadamente, pues a la vez era dirigente de la EPA.

Para el representante de la Comunidad, existen indicios que apuntan a que la parte pública y la privada pudieron actuar en connivencia para sacar adelante el proyecto.