La Comunidad habilita un canal para denunciar ocupaciones de viviendas

El Gobierno regional ha puesto en marcha un canal para que los ciudadanos puedan alertar de forma anónima sobre posibles caso de ocupación ilegal de viviendas en su edificio, barrio o municipio, y activar así, de forma inmediata, el protocolo de actuación frente a este tipo de actos ilícitos. El canal de denuncias –a través del correo electrónico alertaokupa@carm.es– es una de las medidas recogidas en el decreto-ley aprobado por el Ejecutivo regional y que sitúa a la Región como la primera comunidad autónoma de España en contar con una regulación específica para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas.

Esta herramienta garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante de un presunto caso de usurpación ilegal de inmuebles para evitar que el ciudadano pueda ser objeto de represalias y amenazas y garantizar así su seguridad. El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, explicó que «la Comunidad mantiene una política de tolerancia cero frente a todo aquel que practique o promueva la ocupación, con el fin de garantizar una convivencia social pacífica y tranquila». En la Región hay 1.078 viviendas okupadas. Este problema se ha incrementado un 20% en el primer semestre de este año, con 176 ocupaciones, frente a las 147 que se registraron en el mismo período de 2019.

Los ciudadanos que se dirijan a este canal deberán proporcionar una serie de datos que permitan identificar la vivienda y su localización, como por ejemplo la dirección del inmueble (número y piso, entre otros) y el municipio en el que se ubica la propiedad. A continuación, la Comunidad enviará al denunciante un acuse de recibo del aviso, indicándole que se procede a estudiar la denuncia y que se pondrán en contacto con el afectado a la mayor brevedad posible. Asimismo, se le remitirá documentación muy útil para facilitar la detección temprana de casos de ocupación y recomendaciones y buenas prácticas para evitar ser objeto de esta práctica ilegal. Las fuerzas de seguridad confirmarán a continuación si se trata de una ocupación ilegal.

En tal caso, se intentará localizar al propietario de la vivienda para proporcionarle asesoramiento jurídico e intentar agilizar la recuperación de la vivienda. El equipo técnico del Servicio de Mediación Hipotecaria y Lucha contra la ocupación de la Región evaluará si los okupas están afectados por una situación de vulnerabilidad y de forma inmediata se les pondrá en contacto con Cáritas, Columbares y Jesús Abandonado para que accedan a las subvenciones de alquiler social, que ascienden a 3,1 millones aportados por la Comunidad y gestionados por las citadas entidades.